La guerra en Oriente Próximo cumple cuatro semanas este viernes sin un fin a la vista, con supuestas negociaciones entre EE UU e Irán, con nuevos ataques cruzados y con inestabilidad en los mercados por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Este viernes, al alza, después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, anunciase el jueves que aplaza otros 10 días, hasta el 6 de abril, su amenaza de atacar las centrales eléctricas iraníes si no desbloquea tráfico marítimo en el estrecho. Trump insiste en que las negociaciones con Irán van “muy bien”, pero Teherán se mantiene firme. Alemania afirma que ambios países preparan negociaciones directas, pero mientras, siguen los ataques. Esta noche, un bombardeo israelí ha causado seis muertos en la ciudad iraní de Qom, mientras el ejército israelí ha informado de ataques contra supuestas “instalaciones de fabricación de misiles” en Teherán y en Beirut (Líbano). Por su parte, Arabia Saudí y Kuwait han informado de ataques iraníes.
75 calles de Madrid, repartidas entre los distritos Centro y Salamanca, tendrán temporalmente durante Semana Santa una peatonalización especial con el objetivo de garantizar la movilidad de los ciudadanos en los entornos de las parroquias católicas más emblemáticas, como la del Santísimo Cristo de la Fe y la Basílica de Jesús de Medinaceli.
En un movimiento poco frecuente, las cuatro asociaciones judiciales han firmado un comunicado conjunto donde urgen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a corregir la decisión que adoptó el pasado miércoles, de excluir a jueces y magistrados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, advirtiendo de que sin una “protección real” de la salud física y moral de los togados, la independencia judicial no está garantizada.
Puede parecer un error, pero no lo es: tras su paso por la feria de La Magdalena de Castellón, en la agenda de Ginés Marín solo figura un nuevo contrato, el 25 de mayo en la localidad mexicana de León, lo que significa que su nombre no aparece en los carteles de la Feria de Abril ni en la de San Isidro.
Los hogares españoles ya pagan la factura de la guerra en Irán. La inflación subió en marzo al 3,3%, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento, de justo un punto frente a febrero, es el mayor desde mayo de 2022, casi cuatro años antes y en otro contexto bélico diferente (la invasión rusa de Ucrania), y recoge de lleno el alza de precios de los combustibles que se ha producido en las últimas cuatro semanas. La inflación se coloca así en su nivel más elevado desde junio de 2024.
Dijo una vez Woody Allen aquello de que cuando escuchaba más de media hora a Wagner le entraban ganas de invadir Polonia. Ojalá nunca acuda Donald Trump a un concierto de Hans Zimmer (Frankfurt, Alemania, 1957), porque quizá no quedaría un solo estado incólume sobre la faz de la tierra. No tiene pinta de que sus gustos (si es que los tiene) vayan por ahí. Y es una suerte para la humanidad. Tal es la intensidad, el sentido de la épica, la embargadora grandilocuencia de la música del compositor alemán, el Rey Midas de las bandas sonoras cinematográficas del siglo XXI: fue el primer concierto internacional que anunció el Roig Arena, mucho antes de estar completamente construido, incluso agotó todo el papel meses antes de su inauguración, y tras asistir a su espectáculo uno entiende perfectamente por qué. Por algo se llama The Next Level. Un año y medio de espera que valió la pena, desde luego.
Miles de personas que repartieron para Uber Eats entre 2022 y 2026 recibieron este jueves un mensaje en sus móviles. Era un SMS de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que les notificaba sus nuevos periodos de alta en el régimen general a cuenta de la compañía de reparto a domicilio, pese a que durante esos periodos eran autónomos. Ese envío masivo de mensajes es resultado de la investigación a Uber Eats que Inspección inició en verano del año pasado, bajo la sospecha de que esos autónomos realmente debían ser asalariados. Inspección llega a la conclusión de que eran falsos autónomos, y por ello reclama a la empresa unos 110 millones de euros en cotizaciones impagadas tras dar de alta a unos 60.000 repartidores. Aún queda por definir la sanción administrativa por el uso de autónomos durante estos años, extremo que la Inspección aún no ha cerrado.
