La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado un nuevo recurso para evitar ser juzgada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocarla a un juicio con jurado popular. En el recurso fechado el miércoles, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa sostiene que “la única conclusión que puede extraerse” de la actuación del instructor es que actúa en su contra “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.
El juicio a la familia Pujol ha llegado este jueves a su fin, después de seis meses y 38 sesiones, sin haber resuelto la gran incógnita que sobrevuela, en realidad, desde el verano de 2014, cuando Jordi Pujol confesó que su familia había mantenido una fortuna oculta a Hacienda en Andorra: ¿De dónde salió ese dinero? La familia sostiene que de un legado de Florenci Pujol, padre del expresidente catalán; la Fiscalía afirma que de la corrupción política. Ni unos ni otros han podido aportar documentos, testigos o pruebas concluyentes y definitivas que avalen su hipótesis. La Audiencia Nacional deberá decidir, en su sentencia, si los indicios presentados en la vista son suficientes para dictar una condena que asuma la premisa de la corrupción o si, por el contrario, prevalece la presunción de inocencia.
El Ministerio de Trabajo ha presentado este jueves nuevos recursos para mejorar la prevención de riesgos laborales de las trabajadoras del hogar. Desde noviembre del año pasado, los empleadores de estas profesionales deben asegurar que los domicilios estén equipados y preparados para evitar (o al menos atenuar) posibles accidentes laborales. Para entonces, hacía ya meses que debía estar lista la herramienta de formación para estas trabajadoras (el plazo comprometido era marzo de 2025), así como un protocolo de actuación contra las situaciones de acoso y violencia que sufren estas profesionales y una guía técnica para la prevención de riesgos (prometido para septiembre de 2025). Los tres elementos han sido presentados conjuntamente este jueves.
Para un fugitivo de la justicia, no hay mejor manera de esconderse que a simple vista, rodeado de personas que hablan el mismo idioma y tienen costumbres parecidas. Es lo que sucede con los prófugos británicos, que suelen ocultarse en el sur de Europa, y preferentemente en España, para escapar de las autoridades de su país. Este es el motivo por el que el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) y la organización Crimestoppers han presentado en Alicante la vigésima edición de la Operación Captura, con la que persiguen la localización de los 12 criminales más buscados en el Reino Unido. Por este medio, desde 2006 se han emitido imágenes y datos físicos de 111 delincuentes, de los que ya se ha capturado a 98, 47 de ellos en España y siete más en territorio peninsular, en Gibraltar (2) y Portugal (5).
Si el Ayuntamiento de Madrid no se da por vencido con la implantación de un cantón industrial en Montecarmelo, los vecinos en contra, tampoco. El pulso continúa y la última estrategia del barrio ha sido presentar este jueves una propuesta ciudadana frente a la Asamblea de Madrid para que ninguna instalación industrial pueda ubicarse cerca de un centro educativo. El cantón de Montecarmelo estará a unos escasos 60 metros del Colegio Alemán, con Infantil, Primaria y Secundaria, desde cuyas ventanas se ve la maquinaria pesada que llegó a finales de febrero para comenzar las obras, aprovechándose de que la sentencia del juez que declaró la nulidad del proyecto aún no es firme. A 100 metros también está la guardería Sol Solito, que acoge a niños de cero a tres años, y a 200 el Colegio Santa María La Blanca.
La maquinaria del Banco de España trabaja a pleno rendimiento para decidir si limitar legalmente o no la concesión de las hipotecas de más riesgo, en pleno bum del precio de la vivienda. En el informe semestral de estabilidad financiera, la institución ha analizado que establecer este tipo de medidas (conocidas en el sector como borrower based measures) provocaría efectos diversos en los distintos grupos de edad. El más destacado, que retrasaría la adquisición de vivienda y provocaría un incremento en los gastos de alquiler de los jóvenes, habitualmente considerados como el grupo de edad con más dificultades de acceso, así como menor consumo y mayor ahorro en este rango de edad.