La Audiencia Provincial de Madrid ha dado luz verde a que el proceso por jurado popular contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, siga adelante por dos delitos: tráfico de influencias y malversación. El tribunal avala así parcialmente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar al banquillo a la pareja del presidente del Gobierno, a la que él atribuyó cuatro delitos (además de los anteriores, corrupción en los negocios y apropiación indebida). La sala acuerda, a su vez, devolver el pasaporte a la mujer del líder del PSOE y a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, después de que el magistrado se los quitase y les prohibiese salir del país y las obligase a comparecer dos veces al mes ante su juzgado —medidas también anuladas por esta instancia superior—.
Digi marca un hito en España. Tras haber desembarcado en 2007 con una agresiva oferta a precios como operadora móvil low cost y haber desarrollado intensas inversiones que la han llevado a disponer de una potente red propia de fibra óptica, este jueves estrena en la Bolsa su negocio en el país. Más de 50 inversores institucionales han entrado como nuevos accionistas con un 14%, que se suman a la familia dueña de Mayoral, con un 6%, y a la matriz, que retendrá un 80%. La demanda de acciones ha rondado los 1.300 millones de euros, unas cuatro veces el importe de la oferta, según fuentes financieras. El primer precio ha sido de 6 euros por acción, con una subida del 7,1%, aunque a menos de una hora para el cierre cae un 1% y se sitúa por debajo de los 5,6 euros fijados en el estreno: 1.650 millones de euros.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dio la bienvenida este jueves por la mañana (hora de la costa Este, seis más en la España peninsular) a representantes de 66 países europeos, asiáticos y americanos a una cumbre convocada por él en la sede del Departamento de Estado, en Washington, para tratar lo que la Administración percibe como un auge del terrorismo político de extrema izquierda en todo el mundo.
Hay recursos económicos y financieros, pero no la agilidad administrativa para gastarlos en la recuperación y mejora de las infraestructuras destrozadas en la dana del 29 de octubre de 2024. El gran esfuerzo inversor del Gobierno no ha ido parejo con la dotación y capacidad administrativa para traducirlo con prontitud en proyectos que lleguen a la ciudadanía. De modo que Lorena Silvent, la alcaldesa socialista de Catarroja, una de las localidades valencianas más afectadas por las inundaciones que se cobraron la vida de 231 personas, lamenta que, al ritmo actual, el municipio tardará “14 años en volver a la normalidad”.
