Christa Pike sigue con vida tras recibir dos dosis de inyección letal en la tarde de este miércoles, de acuerdo a sus abogados en una moción de emergencia presentada para frenar una vez más su ejecución. Pike fue llevada al hospital, donde le están administrando “medidas salvavidas”, según un testimonio de su defensa legal citado por la BBC.
El Gobierno lleva este viernes al Congreso dos nuevos decretos de vivienda que pretenden, entre otras cosas, poner límites a determinadas operaciones de los llamados “fondos buitre”. Pero hay un problema de partida: “fondo buitre” no es una categoría jurídica y ni siquiera está claro qué empresas deben quedar incluidas bajo esa etiqueta.
Una comisión independiente nombrada por la Premier League declaró el martes al Manchester City culpable de un centenar de cargos por infracciones de las normas financieras. El club rechaza las conclusiones, la principal de las cuales es que, durante casi una década hasta 2018, usó contratos comerciales “ficticios” para disfrazar 831 millones de libras de financiación mediante aportaciones de capital de su dueño emiratí como ingresos por patrocinios, y fingir que cumplía las normas de gasto. El City ganó tres títulos de liga en ese periodo. Si la comisión tiene razón, ese éxito estuvo impulsado por un dopaje financiero que permitió fichar a jugadores y entrenadores que de otro modo no habría podido permitirse. Las actuales normas están concebidas para vincular los desembolsos de los clubes a sus ingresos. En teoría, eso impide que propietarios acaudalados se hagan con un equipo de segundo nivel y compren campeonatos inyectándole cantidades ilimitadas de dinero.
Entre las medidas que ha aprobado el Gobierno para aliviar el problema de la vivienda hay una destinada a favorecer que salga al mercado una parte de las más de tres millones de casas vacías que hay en España. El Ejecutivo ha diseñado una fórmula para incentivar que sus actuales propietarios se desprendan de ellas a través de su venta a entes públicos dedicados a la promoción de vivienda social y asequible, que incorpora importantes beneficios fiscales. Ventas que deberán realizarse antes de 2028.
El acuerdo político por la vivienda permanece aguardando en el rellano. Junts per Catalunya ha avanzado que no le convence el contenido de los dos reales decretos aprobados el martes por el Consejo de Ministros. Su voto en contra no es definitivo, pero la negociación se ha enmarañado. Junts alega que, con el redactado actual, no se veta la compra de pisos a los fondos buitres ―“clarísimamente no”, dicen desde el partido independentista― y además se pisa una gruesa línea roja para los postulados de la formación: los pequeños propietarios quedan desprotegidos. El resultado es que siguen sin estar asegurados los apoyos suficientes para ratificar en el Congreso este viernes los decretos que supuestamente deben corregir anomalías en un mercado inmobiliario de precios disparados y, de paso, ayudar a rebajar la ola de indignación ciudadana que ha propiciado el caso de Maricarmen Abascal. Junts asegura sentir “decepción” y guarda distancias con el Gobierno, ante una votación cuatro días antes de que la ley de amnistía tenga la luz verde definitiva y abra la puerta al regreso de Carles Puigdemont.
Si necesitas agua o comida. Si no sabes dónde colocar la esterilla. Si quieres enterarte de las actividades del día. Si te ha llegado un burofax y tienes que dejar tu piso. Si te han subido un 50% el alquiler. Sea lo que sea, tienes que preguntar a los chicos y chicas que van de naranja, antes con camisetas, ahora cada vez más chalecos. Es el color insignia del Sindicato de Inquilinas, la asociación que lidera la multitudinaria acampada ―miles de personas durmiendo en cientos de tiendas― en la Puerta del Sol. La organización está en el foco mediático desde hace cinco días, cuando decidieron transformar una manifestación contra el desahucio de Maricarmen en un campamento que, para muchos, trae recuerdos del 15M. “Nos vamos a organizar”, dijeron la primera noche. Con esa misma frase, hace nueve años, un puñado de personas se reunió en dos pequeños locales de Madrid y Barcelona para presentar la plataforma que hoy encabeza la lucha por el derecho a la vivienda en España.
Queremos alquileres asequibles, protección en situaciones de vulnerabilidad, facilidades para que los jóvenes se emancipen a una edad más temprana y condiciones que permitan a las clases medias y populares acceder a la vivienda en propiedad en términos razonables. También queremos acumular patrimonio ―como medida de prosperidad, opción de legado, protección frente al riesgo de desempleo o enfermedad y seguro en la vejez― y que el abundante ahorro que las familias destinan al ladrillo proporcione una cierta rentabilidad. Nos preocupa genuinamente el derecho a la vivienda, pero celebramos que aquel piso que compramos hace 20 años valga hoy más, mucho más, cuanto más mejor. Y si no estamos en este último caso, aspiramos a ello.
“Un putero de 21 años mata a puñaladas a una mujer de 41 en un apartamento turístico”. ¿Han leído un titular como este? Yo, tampoco. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió la noche del pasado 24 de septiembre en Bormujos (Sevilla). Un hombre que había contactado en línea con una mujer que ofrecía sus servicios sexuales mediante pago, acabó apuñalándola mortalmente en la habitación donde ambos acordaron encontrarse. Cuando trascendió el crimen, casi todos los titulares de los medios que recogieron la noticia eran variaciones más o menos ilustradas de esta frase: “Un joven mata a una prostituta en un hotel”. Así, sin disimulo: resaltando el sexo y la juventud del verdugo y reduciendo a la víctima a su supuesta profesión en la vida, con todas las connotaciones que tiene esa profesión desde que el mundo es mundo. Se me podrá decir que ninguno de esos datos es falso, y estaré de acuerdo. Soy periodista y perra vieja en el oficio. Conozco las limitaciones de espacio, el principio de economía del lenguaje y la necesidad de ofrecer datos relevantes en el título para contextualizar la historia. Pero también sé que los términos que se resaltan en un encabezamiento debieran ser equivalentes. O sea que, si en el crimen de Bormujos, él es un hombre joven, ella era una mujer madura. Que, si ella era colombiana, él es español. Y, sobre todo, que si ella era prostituta, él es un putero. Y si, desgraciadamente, hablo de él en presente y de ella en pasado, rompiendo mi propia regla, es porque él, asesino confeso, está en prisión y ella, en el cementerio.