El sabotaje remoto de casi 800 congeladores de supermercados en Francia y el norte de Europa esta semana ha obligado a retirar y destruir miles de toneladas de alimentos sin necesidad de desplegar grandes recursos y con un bajo coste para el agresor. El ataque aprovechó fallos de seguridad en los sistemas de refrigeración conectados a internet y puso de manifiesto hasta qué punto una intervención remota, sin necesidad de acceder físicamente a las instalaciones, puede comprometer el funcionamiento de servicios esenciales. No se trató de una avería, sino de un hackeo, lo que obliga a cuestionar si estamos ante una nueva forma de presión geopolítica. Los analistas apuntan a que sí.
Millones de trabajadores están convocados para el próximo miércoles a la primera huelga general por la crisis de vivienda y el coste de la vida. La protesta nació al calor del desahucio de Maricarmen Abascal, en Madrid, y tras la derogación en el Congreso de los reales decretos sobre vivienda. La protesta, convocada por el Sindicato de Inquilinas, ha sido secundada por los sindicatos mayoritarios. Defienden que hablar de huelga por la vivienda se queda corto: la repercusión social de una política que impide el acceso a una vivienda golpea directamente la clase trabajadora.
Un videojuego cuyo presupuesto ronda los 1.500 millones de dólares que costó construir el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y que ha tardado más de una década en desarrollarse, difícilmente puede atribuirse a un solo artífice. Pero, si hubiera que señalar a alguien por su responsabilidad empresarial y su labor creativa, ese sería Sam Houser (Londres, 1971), cofundador y presidente de Rockstar Games, la compañía detrás de Grand Theft Auto, uno de los videojuegos más importantes y rentables de la historia.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de 65 años, lidera las encuestas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Pero esos mismos sondeos señalan que, a estas alturas, solo podría gobernar con apoyo de Vox. El posible pacto con la formación ultraderechista, su arquitectura y la distribución de poder que acarrearía se han vuelto una de las piedras de toque de esta campaña. Feijóo, un político veterano que presidió la Xunta de Galicia desde abril de 2009 hasta mayo de 2022, es consciente de ese nudo e incluso detalla las líneas rojas que impondría, pero aún antepone lograr una mayoría suficiente en las urnas y evitar tener socios en el Consejo de Ministros. Lo que en ningún caso contempla es pedir la abstención del PSOE para gobernar sin Vox:
Los dos grandes cuarteles generales de la política española, el del PP y el PSOE, tienen una enorme diferencia de enfoque en un tema central: la política internacional. En el PP creen que prácticamente nadie en España va a votar mirando a lo que pasa fuera. Están convencidos, según explican varios de sus miembros, de que las elecciones se deciden en asuntos puramente españoles o con claro componente local: el antisanchismo, la corrupción, Ceuta, el accidente de Urda, la amnistía, el nacionalismo, Bildu, la inmigración, la okupación. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, apenas habla de asuntos internacionales y no se mueve cómodo ahí. Pero el PP no parece preocupado por esa cuestión. “Ahí no se juegan las elecciones”, insisten.
Carmen de Santa Ana, sevillana de 66 años, se despidió de su marido el 28 de octubre y cogió el AVE que chocó contra el Iryo en Urda. Estaba a punto de jubilarse como empleada en El Corte Inglés. Hoy, su marido, Javier Barrio, recuerda las horas interminables junto a sus hijos esperando noticias que llegaron con un comunicado de la muerte de su esposa.
El ingeniero de Caminos Iñaki de Barrón (Zaragoza, 70 años) observa el siniestro ferroviario de Urda (Toledo) desde una posición de larga experiencia en el ferrocarril. Le respaldan 34 años de gestión en Renfe, hasta 2021; haber sido una figura relevante en la Unión Internacional de Ferrocarriles, y su cargo de presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hasta julio, teniendo como última encomienda de calado el análisis del accidente de Adamuz (Córdoba), también en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Actúa ahora como vocal del Colegio de Ingenieros de Caminos, en cuya sede de Madrid se realiza esta entrevista el pasado jueves, y aconseja una auditoría exhaustiva en la alta velocidad tras estimar en 10.000 millones el esfuerzo necesario en mantenimiento para los próximos diez años. Esa cifra no solo multiplica las previstas por el Gobierno (que van de los 435 millones presupuestados en 2025 a los 628 para 2030), sino que excluye el gasto imprescindible para poner al día la red convencional que usan los trenes de Cercanías y mercancías: ahí el problema es “peor”, advierte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya es un pato cojo, el nombre con el que se conoce en la jerga política de Washington a los líderes que no pueden ser reelegidos. Si fuera otro mandatario, cabría esperar de él que, tras la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, se centrara cada vez más en la política exterior e intentara lograr alguna ambiciosa meta de paz y entendimiento mundial: una forma de tratar de apuntalar su legado y de recibir aún en el exterior un respeto y una pompa que van disminuyendo en su territorio nacional.
En la insólita convención republicana de las elecciones de medio mandato, convocada en septiembre por Donald Trump en Dallas, un político caminaba por esa fiesta MAGA (Make America Great Again) con el aire del padre satisfecho que ve cómo sus hijos llegaron hasta donde él no pudo. Era Newt Gingrich, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en los noventa, década en la que sentó las bases del populismo conservador que allanó el camino a Trump.
