Un joven blanco apuñalado mortalmente por otro de origen indio y religión sij, en la ciudad portuaria de Southampton, escenario habitual de tensiones raciales. Una daga de 21 centímetros para perpetrar el crimen, el kirpan, que las leyes criminales del Reino Unido contemplan como excepción por el simbolismo religioso que acarrea, y permiten que pueda llevarse encima siempre que permanezca envainada. Un agresor que miente, según se ha probado en el juicio, y que acusa en falso a la víctima de comportamiento racista para justificar sus puñaladas. Unos agentes de policía que cometen la torpeza de esposar a la víctima mientras agoniza en el suelo, incapaz de respirar. Una comunidad dispuesta a saltar a la menor chispa de odio intercultural. Y una extrema derecha que se frota las manos ante el episodio.
Iván Olivares es periodista nicaragüense y, como tal, tuvo que abandonar su país para evitar la cárcel o la tortura por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como otros miles de perseguidos, cruzó la frontera hacia Costa Rica el 23 de julio de 2021 y una semana después ya era solicitante de refugio, esperanzado en un estatus legal que le hiciera sentirse protegido. Sin embargo, el tiempo pasó y casi cinco años después sigue a la espera de una respuesta, al igual que decenas de miles de migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela e incluso de Colombia. Estaba ya acostumbrado a ser “solicitante” y no “refugiado”, más aún por las posiciones restrictivas del Gobierno de Rodrigo Chaves entre 2022 y 2026, pero una puerta sorpresiva se abre ahora para él y miles de extranjeros que llegaron huyendo de sus países al hasta ahora oasis centroamericano.
El pasado sábado 30 de mayo marcó un nuevo punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Desde el exilio en Madrid, Edmundo González Urrutia —ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados oficiales fueron desconocidos por el gobierno de Nicolás Maduro— le dijo públicamente al país algo que ya había expresado en el cónclave privado que reunió en Panamá a la oposición: es necesario celebrar una elección presidencial y así construir el camino a una transición democrática.
“No odiamos lo suficiente a los periodistas”, suele repetir el presidente argentino, Javier Milei. Sus habituales ataques discursivos contra la prensa y los medios de comunicación subieron ahora un escalón: el Ejecutivo retiró del Congreso la propuesta para designar como jueza federal a una abogada con amplia experiencia en los tribunales por su parentesco con un periodista que ha investigado casos de corrupción que involucran al Gobierno. La decisión, impulsada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, no solo despertó amplio repudio entre dirigentes políticos y organizaciones judiciales, sino que también abrió una nueva grieta dentro del oficialismo. Patricia Bullrich, jefa de la bancada ultraderechista en el Senado, invocó su “derecho a la objeción de conciencia” y publicitó su rechazo al retiro del pliego. Este martes, un fiscal solicitó que el hecho sea investigado por la justicia como presunta discriminación.
