Roberto Cano Pereira comenzó hace casi dos décadas lo que considera una reparación histórica: obtener la nacionalidad de sus antepasados españoles. Fue un trabajo plagado de obstáculos, pero lo logró a principios de 2023 gracias a la Ley de Memoria Democrática, más conocida como Ley de nietos. Nacido en Uruguay y residente en Argentina, Cano Pereira pudo votar ese 2023 en las elecciones generales españolas y en 2024 se estrenó en las autonómicas de Cataluña, la región que dejó atrás su bisabuelo Miguel cuando era un adolescente de 14 años. Este 29 de noviembre, en cambio, no podrá concurrir a las urnas: es uno de los españoles a los que el Tribunal Supremo ha prohibido ejercer el derecho de sufragio ante el “peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”.
Las elecciones del 29 de noviembre se producirán en un momento de auge de la ultraderecha en España, con Vox disparado en las encuestas: es el único partido que avanza según el barómetro de 40db, que lo coloca con un 18,4% de los votos. Pero no se puede tratar este aumento de intención de voto como un caso aislado o una cuestión de idiosincrasia española.
Los sindicatos llaman a los casi 20 millones de asalariados de España a parar el 11 de noviembre en una huelga general, la primera apoyada por las centrales mayoritarias en 14 años. Pero esa jornada reivindicativa no será la primera del año para muchos trabajadores, que ya vienen parando en protesta contra sus empresas. La estadística del Ministerio de Trabajo recoge un subidón en la conflictividad laboral en 2026: de enero a agosto hubo 1,37 millones de jornadas no trabajadas por huelgas, en las que participaron 579.000 afiliados a la Seguridad Social. En el mismo periodo de 2025 hubo 382.700 jornadas perdidas y 167.300 participantes, muchas menos. Es más, a falta de cuatro meses, la cifra de este ejercicio ya casi duplica la de todo el año anterior. Los sindicatos relacionan esta escalada con varios conflictos concretos, como el de la educación infantil y el de la sanidad, pero también identifican una causa de conjunto: sin acuerdo nacional de convenios, vencido a finales de 2025, la conflictividad se dispara.
La cesta de la compra se ha encarecido de forma vertiginosa en los últimos años, más de un 35% desde la pandemia hasta ahora. Y la mala noticia es que todavía puede quedar recorrido al alza: los impactos energéticos sobre los precios suelen tardar desde varios meses hasta un año en trasladarse a los lineales del supermercado, un tiempo de descuento que aún no se ha agotado desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo a finales del pasado febrero. Es en ese margen de incertidumbre donde el Gobierno quiere reforzar la vigilancia y ha movido ficha, encomendando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que supervise con lupa la evolución de los precios de los alimentos.
Raphaël Glucksmann, un político circunstancial nacido en las últimas elecciones europeas, hijo del intelectual André Glucksmann, y última esperanza de una izquierda francesa sumida en un proceso de implosión permanente, será el candidato socialdemócrata a las elecciones presidenciales de 2027 en Francia. El líder del pequeño partido Place Publique se impuso en la primera vuelta y de forma rotunda (66% de los votos; no hará falta una segunda) por delante de Olivier Faure, secretario general del Partido Socialista (PS), y de Ségolène Royal, antigua candidata a las presidenciales.
Cómo hacer que una economía en expansión se cuele en los bolsillos de quien más lo necesita. Solucionar este reto es lo que se han propuesto varias decenas de economistas españoles del espectro progresista, que se han organizado bajo el nombre Acelerando la prosperidad compartida y que se presenta este martes en Madrid. Aunque no descartan seguir ampliando la plataforma, ya han reunido a setenta colegas y han creado un Consejo Científico con figuras tan reseñables como el Nobel de Economía Daron Acemoglu, Dani Rodrik o Gabriel Zucman.
La suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos confirmada este lunes por el Tribunal Supremo cierra la puerta a que este de marcha atrás en su decisión tras el adelanto electoral, como habían pedido la Abogacía del Estado y la Fiscalía, y abre un sinfín de dudas sobre cómo va a poder llevarse a cabo esa medida sin precedentes. Los magistrados dejan su cumplimiento en manos de la Oficina del Censo Electoral y de los consulados que, ya antes de se convocaran las elecciones generales para el 29 de noviembre, consideraban “materialmente imposible” culminar a tiempo para las elecciones autonómicas y municipales de mayo la revisión del Censo de Electores de Residentes Ausentes (CERA) que requiere la orden del Supremo. En sus autos de este lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado, además, ofrecer a los afectados (163.020 personas, según la Abogacía) personarse en el procedimiento en el plazo de cinco días, lo que puede derivar en un aluvión de recursos de difícil gestión a mes y medio de las elecciones.
Son las once de la noche en Ceuta. Hace poco más de dos meses de la entrada masiva a la ciudad autónoma y el centro está lleno de gente tomando algo en los bares o conversando en las calles. Entre ellas, tres chicas ceutíes de unos 20 años que caminan juntas y se cruzan a su paso con otros grupos de jóvenes vestidos para ir de fiesta. Algunos son incluso adolescentes. De repente, las chicas se sobresaltan: un hombre de tez morena, enfundado en un traje de neopreno y gafas de buceador, sube cuesta arriba mientras habla por el móvil en videollamada. Va muy agitado, como con cara de haber logrado algo importante. “¡Ay, ay, ay!”, gritan ellas del susto a su paso. “¡Pensaba que era otro que había entrado!”, exclaman.
Sin retirar a su máximo representante diplomático en Madrid ni emitir mensajes públicos de condena, como ocurrió en 2007 durante la visita de Juan Carlos I a las ciudades autónomas norteafricanas, Marruecos recibe con silencio oficial la presencia de Felipe VI en Ceuta, este martes, y Melilla, al día siguiente. Pocas horas antes del inicio del viaje real, en la Embajada de España en Rabat se aguardaba la asistencia de altos cargos del Gobierno marroquí a la recepción ofrecida por la fiesta nacional del 12 de Octubre. Finalmente no acudieron en pleno proceso de formación del nuevo Gobierno de la primera ministra, Fátima Mansouri, quien anunció en la noche del lunes un pacto de coalición de centroizquierda.
Aunque sea la primera vez en casi veinte años que un monarca español se desplaza a Ceuta y Melilla, la visita de los Reyes este martes y miércoles es una señal oportuna y necesaria que debería enmarca en la más absoluta normalidad. El viaje es oportuno porque, desde que a finales de julio más de 70.000 personas procedentes de Marruecos cruzaron ilegalmente la frontera a Ceuta, la vida cotidiana quedó trastocada y la ciudad se sumió en la incertidumbre. Y porque muchos ceutíes han tenido desde entonces una sensación de abandono por parte de las autoridades que exige una solución creíble y duradera.