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Keiko Fujimori, la hija del autócrata que degradó a las instituciones públicas en los años noventa, ha vuelto a quedar a las puertas de la presidencia de Perú. A pesar del rechazo que produce la lideresa de Fuerza Popular, señalada como la principal culpable de la inestabilidad que atraviesa el país, el recuento de actas al 55% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales la coloca en segunda vuelta por cuarta elección consecutiva con el 17% de los votos válidos.

La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra los siete investigados por el incendio en dos discotecas de Murcia en el que fallecieron 13 personas el 1 de octubre de 2023. El Ministerio Público los considera responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave, de lesiones y contra los derechos de los trabajadores, y pide para ellos penas que oscilan entre los 8 años y medio y los cuatro años de prisión. Para los familiares de los fallecidos, los heridos y los propietarios de negocios colindantes que sufrieron daños materiales, solicita indemnizaciones que rozan los 5,3 millones de euros.
El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha enmendado esta tarde partes críticas del último informe remitido por la Guardia Civil a la jueza que instruye el caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El oficio fue firmado el 27 de marzo y en él se daba por segura la rotura de la vía en el kilómetro 318,681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla 22 horas antes del siniestro. “Estamos a la espera de informes periciales y no se descarta incluso que una pieza suelta en la vía fuera la causa del accidente”, ha señalado el ejecutivo tras hacer un reconocimiento ante los medios de comunicación a la labor de los agentes de la Comandancia de Córdoba en su papel de policía judicial.
Aunque ha reconocido que “no es una buena noticia”, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha esforzado este lunes por minimizar los efectos para su partido de la debacle del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en las elecciones del domingo. Garriga ha asegurado que las alianzas internacionales de su partido “no dependen de resultados” electorales, sino que se basan en convicciones, y ha añadido que siguen siendo igual de sólidos y fuertes los lazos con la italiana Giorgia Meloni, la francesa Marine Le Pen o el húngaro Orbán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán “llamó esta mañana” para lograr un acuerdo tras el bloqueo de Ormuz, en vigor desde las 16.00 (hora en la España peninsular, las 10.00 en Washington) por la suspensión de las conversaciones entre Washington y Teherán. Los militares impedirán el paso a través del paso fluvial a todos los barcos que tengan Irán como origen o destino, con la amenaza de interceptar aquellos que naveguen por el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del corredor. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que el alto el fuego en Irán puede “cambiar de rumbo en un instante” y ha apoyado la decisión de Trump de imponer estas restricciones en el paso, destacando la “constante coordinación” entre ambos aliados. Un portavoz de las fuerzas armadas iraníes, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, ha asegurado que el bloqueo es ilegal y “equivale a piratería” y ha señalado que ningún puerto del golfo Pérsico o del golfo de Omán seguiría siendo seguro si los puertos iraníes se vieran amenazados. En paralelo, Hezbolá ha pedido al Gobierno de Líbano que cancele la reunión de mañana con Israel para negociar un alto el fuego en el país.
El inspector jefe Gonzalo Fraga camina con tranquilidad hasta el micrófono colocado ante los tres magistrados de la Audiencia Nacional que enjuician el caso Kitchen. Este agente de Asuntos Internos de la Policía Nacional, curtido en la lucha contra la corrupción dentro del propio Cuerpo, tiene una amplia experiencia en batallas de este tipo. Pero este lunes no afronta una lid como las anteriores. A las espaldas de Fraga, que va a desgranar durante casi siete horas los infinitos recovecos de la operación de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, no se sientan ahora unos cualquiera. Desde el banquillo de los acusados, lo observan las antiguas cúpulas de la Policía y del Ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy: es decir, quienes fueron sus superiores, que escuchan cómo el inspector los implica sin ambages en una trama ilegal urdida en 2013 para vigilar a Bárcenas y robarle documentación sensible que aún pudiera guardar del PP. “Hijo de puta, mentiroso”, farfulla un procesado contra él durante el receso del mediodía, consciente del daño que acaba de infligir a las defensas.