Hi ha paraules que canvien de sentit al llarg del temps. Baiser volia dir en francès, encara al segle XVIII, “fer un petó”; ara vol dir fer una cosa més grata, llarga i complexa. Un cínic, segons el DEC, és: “Aquell que, impúdicament, fa gala de no creure en la rectitud i la sinceritat”. Però aquest mateix diccionari, que és millor que el de l’Institut d’Estudis Catalans, defineix oportú, com a primera accepció de la paraula: “Relatiu o pertanyent a l’escola cínica”. Després, a la mateixa veu, explica amb molta precisió què era l’escola cínica: “Escola filosòfica grega que aspirava a l’autosuficiència moral de l’individu, lligada a una crítica de la civilització i de les convencions socials i a una apologia de l’estat natural”.
El gran peligro que asumen los bancos al prestar dinero es que no se lo devuelvan; por eso deben contar con unos colchones de capital capaces de absorber las pérdidas potenciales. Con el objetivo de reducir esas exigencias, ligadas al riesgo de impago, las entidades suelen vender a otros inversores parte de su cartera de créditos. Pero en los últimos tiempos esta operativa ha mutado. Ahora, en lugar de vender los préstamos, utilizan derivados que simulan un traspaso real. El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) han hecho saltar las alarmas ante la opacidad de los inversores que asumen el riesgo mediante este sistema.
Las universidades públicas madrileñas no tienen tiempo que perder, no. En un año en el que hay más estudiantes de Medicina matriculados en universidades privadas, pagando una media de 20.000 euros anuales, que en universidades públicas, el tiempo se agotó. Cuando Madrid sigue siendo la comunidad con el profesorado peor pagado, con tasas de temporalidad que doblan las del maltrecho sector hostelero, con las matrículas más altas, con menos becas por estudiante, que menos invierte en ciencia, que más talento expulsa, cuando todo eso ocurre en la comunidad más rica de España y en una de las más ricas de Europa, y cuando pese a esa asfixia una única universidad madrileña, la Complutense, produce más tesis doctorales que 46 universidades privadas, todas las de España, juntas, entonces se puede decir, sí, que el tiempo se ha acabado. Se acabó en realidad hace mucho tiempo, pero cristaliza hoy con la caída de una consejería casi al completo.
En la buena dirección, pero pendiente de mejoras. Es el mensaje que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha transmitido al Gobierno regional (PP) sobre las garantías y salvaguardas que da a los 738.502 alumnos menores de edad, 43.2020 profesores y 2.676 centros escolares cuyos perfiles guarda la multinacional Google a través de su plataforma educativa virtual Workplace for Education. Durante cinco años el Ejecutivo andaluz ha vulnerado la protección de datos de los estudiantes no universitarios y docentes al incumplir el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD), por lo que recibió seis sanciones. Ahora prepara el terreno y diseña el nuevo convenio que firmará el próximo noviembre con el gigante tecnológico para evitar más reprimendas y cumplir la ley.
Las niñas y los niños merecen crecer libres de abusos y explotación. Pero en los lugares más peligrosos del mundo, la infancia suele ser la primera víctima.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado finalmente este jueves una ley de amnistía con la que cientos de presos políticos podrían salir de las cárceles y los perseguidos que están en la clandestinidad o en el exilio quedarían libres de causas judiciales. La norma se ha aprobado por unanimidad, luego de dos semanas de consultas con varios sectores políticos y de la sociedad civil. “Ojalá que esa actitud y esa disposición que hemos demostrado sea auspicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”, celebró el presidente de la la Asamblea y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez. La ley ha recogido gran parte de las precisiones jurídicas que han negociado los diputados opositores para garantizar un mayor alcance, pero taxativamente han sido excluidos los militares —174 de unos 600 presos políticos aún encarcelados— que están señalados por delitos de rebelión.
