“Para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores (...) han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero”. El juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso Plus Ultra señala al expresidente del Gobierno como el hombre de las gestiones para conseguir crudo de Venezuela. Según los mensajes intervenidos a uno de los principales investigados, la presunta trama emplazaba a los interesados a enviar una carta de intenciones al exlíder socialista antes de siquiera conocer el tipo de combustible que iban a adquirir. Para el instructor José Luis Calama, ello “evidencia” la “participación e influencia determinante” del exmandatario y su “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política”, también en el Gobierno venezolano.
El maltrato y la humillación con que han sido recibidos al llegar a Israel decenas de activistas de distintos países -44 de ellos españoles- detenidos de forma ilegal por agentes del Estado judío en aguas cerca de Chipre se ha convertido en un escándalo tanto a nivel interno como internacional. Por un lado, hasta el primer ministro Benjamin Netanyahu ha criticado una operación dirigida por su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Por otro, países como España, Francia e Italia, todos con nacionales entre los arrestados, han protestado.
Una mañana de jueves de octubre, a pocos pasos del parque del Oeste de Madrid, miembros de órdenes católicas de toda España se reunieron en el salón de actos del Instituto Teológico de la Vida Religiosa. Algunos vestían hábito, otros llevaban alzacuellos o atuendos laicos con cruces colgando del cuello. A ellos se unieron asesores financieros y banqueros. El motivo era un seminario de un día de duración organizado por una organización religiosa nacional y la gestora de activos con sede en España, Ibergestión.
Los “tiempos difíciles” solo se sortean con “el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones”. Eso le dijo un directivo de Plus Ultra a Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino que habría servido de brazo ejecutor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en sus presuntas corruptelas. Coronaba así un año de, supuestamente, intenso tráfico de influencias para conseguir que el Ejecutivo español inyectara 53 millones de euros en la aerolínea venezolana. Las pesquisas, dirigidas por la Audiencia Nacional e impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, dan detallada cuenta de la evolución de esas relaciones, en las que el nombre del exdirigente socialista aparece en ocasiones puntuales, cuando la necesidad ahogaba, por boca de su autodenominado “equipo”.
La Cancillería de Bolivia “ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano”. La expulsión de Elizabeth García Carrillo es la principal reacción del Gobierno de Rodrigo Paz a unas recientes declaraciones del presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, sobre la situación en Bolivia. El mandatario afirmó el documento que el país sudamericano “vive una insurrección popular” como “respuesta a la soberbia geopolítica”. Aunque en el mismo mensaje se señala interesado en mediar en la crisis, también habló de “presos políticos”.