El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, afronta este martes el segundo día de la sesión de investidura con la certeza, de acuerdo con lo que el lunes aseguraron distintos representantes de Vox, de que no conseguirá los apoyos suficientes ―dos votos a favor― para conseguir revalidar su cargo por tercera vez en el primer intento.
El juicio sobre el caso Kitchen —que empezó el pasado 6 de abril y que ha sumado este martes su sesión número 32— se encamina hacia el desenlace. El fiscal César de Rivas ha comenzado a exponer esta mañana su alegato final sobre, según ha incidido, el “operativo parapolicial delictivo” que las cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional durante la etapa de Mariano Rajoy impulsaron “desde principios” de 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el objetivo de recabar información y robar documentos “comprometedores” que aún podía guardar de altos cargos del PP y del propio partido, cercado entonces por el caso Gürtel. Una trama criminal en la que, según ha añadido el representante del ministerio público, “se ha acreditado la participación de Jorge Fernández Díaz”, para quien reclama 15 años de prisión.
Paraguay ha dado la primera gran sorpresa del Mundial tras eliminar a Alemania en dieciseisavos de final. Brasil ha tenido que emplearse a fondo para remontar a Japón y pasar a octavos y Marruecos ha confirmado su gran nivel apeando en los penaltis a Países Bajos. Todo esto se analizará en este nuevo capítulo de Fútbol Chapa, el programa de vídeo conducido por Antonio Nieto, que contará con la participación de los periodistas de EL PAÍS Nadia Tronchoni, redactora jefa de Deportes, Ramon Besa y Gorka Pérez.
Vox va a pedir a la Junta Electoral Central que suspenda el voto por correo de todos los españoles residentes en el extranjero, según ha anunciado el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo. En la actualidad, hay 2,7 millones de personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Figaredo argumenta que a los españoles residentes en el extranjero no se les exige identificarse para enviar su voto por correo. Vox también pedirá auditar y suspender las inscripciones en el CERA, argumentando que los más de dos millones de solicitudes de la ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados por el franquismo, pueden duplicar el censo electoral en el extranjero.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena a 45 años de prisión impuesta al Galín Petrov, de 41 años, que asesinó a su pareja, Irina Dimitrova de 29 años, y a la hija de ambos, Marilla de seis, en noviembre de 2022, en su casa de la localidad madrileña de Móstoles. La sentencia desestima los recursos por supuestos problemas de salud mental presentados tanto por la defensa como por la acusación particular y mantiene las penas de 15 años de prisión por el asesinato de la madre y 30 años por el asesinato de la menor, así como las indemnizaciones fijadas para los familiares de las víctimas.
Este martes ha sido el estreno de la nueva dupla que ha quedado a los mandos de Indra tras la crisis de gobernanza vivida en el primer semestre: Ángel Simón, como presidente no ejecutivo, y Josep Maria Recasens, el nuevo consejero delegado. Ambos han intervenido en la junta de accionistas que la compañía ha celebrado en su sede de Alcobendas (Madrid), con discursos que han puesto el acento en el nuevo plan estratégico, que deberá posicionar a Indra de cara a los grandes contratos militares europeos que se desarrollarán en los próximos años. La nueva hoja de ruta, sin embargo, se retrasará unos meses respecto a las previsiones que la compañía había compartido en abril, cuando se informó que estaría para después del verano —en ese entonces, José Vicente de los Mozos todavía era el CEO y habían transcurrido unos pocos días desde el nombramiento de Simón—.
La Guardia Civil se encuentra registrando en la mañana de este martes el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga, 3.380 habitantes), gobernado por el PSOE, y otras dependencias municipales por orden judicial, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la investigación. En esta actuación, encargada por el juzgado de instrucción número 1 de Torrox (Málaga), se indaga sobre supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, han añadido estas mismas fuentes.
