La Junta de Fiscales de Sala ha apoyado de forma unánime la petición del Gobierno de Pedro Sánchez para que la Fiscalía investigue a las redes sociales por distribución de pornografía infantil generada con Inteligencia Artificial (IA). Fuentes fiscales consultadas por El PAÍS indican que así se ha resuelto la reunión celebrada este martes, aunque se trata de una opinión no vinculante, por lo que compete a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tomar la decisión.
Una decena larga de tiendas de campaña apostadas en la Puerta de Jerez, en pleno centro de Sevilla, llama la atención de turistas y transeúntes que pasan por la concurrida Avenida de la Constitución en dirección al Palacio de San Telmo o la Torre del Oro. Los que se paran y observan los carteles con los que están adornadas entienden el motivo. “La limpieza de nuestros colegios no es un negocio. Es un derecho”, se lee. Se trata de la reivindicación de las limpiadoras de los colegios públicos de la capital, que llevan meses luchando contra el plan de privatización del Ayuntamiento, de quién depende este servicio. Alegan que esta decisión provocará el despido de muchas de ellas y quieren que se atienda a sus propuestas, que pasan por que el dinero de la licitación, 25 millones, se destine a reforzar y mejorar sus condiciones laborales. Aseguran que incluso con menos del dinero de la licitación sería suficiente. “Con cuatro millones ya sobraría para cubrir las vacantes”.
Primero fueron el “lanzallamas” y la “motosierra”. Mediante el uso de ambos artefactos amenazó el pasado septiembre en sede parlamentaria el diputado de Vox Manuel Mariscal con entrar en RTVE si el partido ultra al que representa llega a gobernar. Después llegó “la bomba atómica”, con la que el también diputado de la misma formación José María Figaredo consideró hace días más eficaz intervenir en los medios públicos españoles. Este martes ha sido un método más pedestre el anunciado a tal fin por Mariscal durante la comparecencia parlamentaria periódica del presidente de la corporación. En su turno de preguntas, el diputado ha advertido a José Pablo López de que “a los españoles no les vacile una vez más”. Y ha afirmado: “Les echaremos si hace falta a patadas”.
Las tensiones en el mercado de la vivienda siguieron intensificándose en 2025. Y esa presión se manifestó en los precios de los pisos, que rebasaron por primera vez los niveles de 2007, el año en el que la burbuja inmobiliaria llegó a su pico. Según el Consejo General del Notariado, el valor de la vivienda plurifamiliar –lo que excluye las casas unifamiliares, pero permite mejores comparaciones— escaló el año pasado un 10%, llegando a una media de 2.194 euros el metro cuadrado. Pero el mercado de hoy y de hace casi dos décadas poco tiene que ver: la construcción se ha despeñado, la proporción de compradores extranjeros se ha más que duplicado y los jóvenes se han visto excluidos del mercado. Según los datos de los notarios, solo el 9,6% de quienes adquirieron una vivienda tenían entre 18 y 30 años, frente al 22% de 2007.
