La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, ya en marcha, es un hito para los cientos de miles de migrantes sin papeles que residen en España. Pero también es una oportunidad de negocio para los abogados especializados en extranjería (unos 28.000). Los colegios profesionales denuncian que la Administración ha dado a entender que sus servicios no son necesarios para completar el trámite. Y se sienten desplazados por el hecho de que el Gobierno haya permitido a entidades sociales acreditadas (ONG y sindicatos) emitir los certificados de vulnerabilidad y tramitar los expedientes en su integridad.
En los años ochenta del siglo pasado, en Barcelona existió el área de Proyectos Urbanos del Ayuntamiento: una sala con diez mesas, una por distrito, donde jóvenes arquitectos fichados por el entonces alcalde Pascual Maragall dibujaban sobre mapas las ideas que tenían gastando suelas en los barrios. Viene esto a cuento porque la Casa de l’Arquitectura, en la antigua editorial Gustavo Gili, abrió este jueves una exposición sobre los grandes proyectos que la ciudad tiene en marcha. Y (será o no un guiño a aquellos lápices de oro de hace 40 años) los proyectos se explican sobre una mesa gigante que va de Llobregat a Besòs, los dos límites físicos de la ciudad.
La Generalitat presentó, hace más de seis meses, la oficina de atención a víctimas del terrorismo en un acto público en el que se comprometía a “acompañar, asesorar y reparar el daño” a los afectados. El servicio era una reivindicación persistente de las asociaciones de víctimas, que se han sentido a menudo abandonadas por la administración, incluidas las del último gran atentado ocurrido en Cataluña: los ataques yihadistas del 17 de agosto de 2017, que dejaron 16 muertos y cientos de afectados. En este tiempo, sin embargo, el Servei d’Atenció i Suport a les Persones Afectades pel Terrorisme (SASPAT) no acaba de arrancar: aún no tiene personal asignado y apenas ha atendido tres llamadas telefónicas de ciudadanos, según ha informado Interior a petición de EL PAÍS.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha explicado este jueves que ya son cinco los casos confirmados de hantavirus y hay otros tres sospechosos. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado que el crucero afectado por el brote de hantavirus no atracará en el archipiélago y la evacuación de los pasajeros será con una lancha. El Ministerio de Sanidad ha confirmado que los pasajeros serán “evaluados a bordo” y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha indicado que la evacuación se hará “sin contacto con la ciudadanía”. Protección Civil ha comunicado que los pasajeros no saldrán del buque hasta que no esté listo el transporte de repatriación. La naviera Oceanwide, propietaria del crucero MV Hondius, ha informado de que 30 pasajeros de al menos 12 nacionalidades abandonaron el barco en la isla de Santa Elena hace dos semanas, antes de que se declarase el brote de hantavirus. Mientras, el barco navega por el Atlántico rumbo a la isla de Tenerife, donde está previsto que llegue el domingo. La OMS está investigando como posible origen del brote un viaje para la observación de pájaros por Uruguay, Chile y Argentina realizado por el matrimonio neerlandés que enfermó en el crucero y murió. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para suavizar la tensión entre las dos administraciones por la llegada del barco a Canarias.
