El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de ayudas por valor de 1.000 millones de euros para apoyo “bilateral militar a Ucrania” para 2026. Parte de esta ayuda, financiada a través del instrumento SAFE (Acción por la Seguridad de Europa) de la Unión Europea, buscará implementar la producción conjunta en la industria de defensa. Con este último paquete, la ayuda española a Kiev asciende a 4.000 millones desde el ataque ruso en febrero de 2022.
Un buque cisterna ruso que transporta gas natural licuado se encuentra a la deriva en el Mediterráneo y con un enorme agujero en una de sus bandas, después de un ataque con drones marinos del que Rusia responsabiliza a Ucrania. El Arctic Metagaz, un barco de 277 metros de eslora, forma parte de la flota fantasma del Kremlin, con la que Moscú trata de burlar las sanciones impuestas a sus hidrocarburos por la guerra a gran escala, una maraña de buques con bandera de terceros países con los que oculta el origen de su carga y la disfraza para ponerla en el mercado. El barco estaba cerca de aguas maltesas e italianas y ahora se va en dirección a Libia.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este miércoles que ha matado al ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib, en un ataque perpetrado durante la noche. Por el momento, Teherán no ha confirmado la noticia de la muerte. Katz ha augurado también “importantes sorpresas” a lo largo del día contra Irán y Líbano. Al menos 10 personas han muerto desde esta madrugada en ataques aéreos del ejército israelí contra el centro de Beirut, al tiempo que una andanada de misiles iraníes contra Israel ha causado al menos dos víctimas mortales en Tel Aviv. Irán afirma que los ataques son en represalia por el asesinato del líder de la seguridad iraní, Ali Lariyaní, y el jefe de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, muertos el lunes por la noche en un ataque israelí. Teherán sigue también con su ofensiva en el Golfo, con bombardeos en Irak, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Arabia Saudí. Mientras, el Ministerio de Defensa turco ha anunciado que la OTAN está desplegando otro sistema estadounidense de defensa antimisiles Patriot en la provincia de Adana, en el sur del país.
Kiko Matamoros (Madrid, 69 años) y María José Giaever, Makoke (Málaga, 56 años), se han visto las caras este miércoles 18 de marzo en la Audiencia Provincial de Madrid. Ocho años después de hacer pública su separación tras 20 años de relación, la expareja de colaboradores de televisión ha coincidido en la misma sala del tribunal para hacer frente a las acusaciones de ocultar su patrimonio a Hacienda para eludir embargos por su deuda con la Agencia Tributaria entre 2009 y 2014, con el fin de no pagar una deuda que superaría el millón de euros. Tal y como se conoció la semana pasada, la Fiscalía pide cinco años y seis meses de cárcel para Matamoros, a quien considera el cerebro de la operación, y cuatro años para su exmujer, a la que considera una cooperadora necesaria. Además, él se enfrenta a una multa de 33.000 euros y al pago de 636.697 euros en concepto de indemnización a la Agencia Tributaria; y ella, a una multa de 30.750 euros y responsabilidad conjunta en el pago de otros 471.900 euros al fisco.
El Tribunal Supremo ha reclamado formalmente al Gobierno lo que ya plasmó hace unas semanas en una sentencia: una reforma del Código Penal para que se considere delito el abandono de personas con discapacidad física que requieran cuidado. El presidente de la Sala Segunda (Penal), Andrés Martínez Arrieta, ha dirigido una carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que solicita este cambio, que implicaría modificar el artículo 229 del Código Penal para que el delito de abandono, que ahora solo protege a los menores o personas con discapacidad intelectual, se extienda a las personas con discapacidad física. “El pleno de la Sala II de este tribunal no ha identificado ninguna razón que pueda justificar la exclusión de las personas con este tipo de discapacidad del ámbito de protección de la norma que, como se precisa en la sentencia, se limita exclusivamente a las personas con discapacidad intelectual”, recoge la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
