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Sucedió inmediatamente después del primer gol de la selección española de fútbol de la tanda de penaltis disputada este domingo en la final de la UEFA Nations League, de la que salió vencedora Portugal. El público que llenaba las gradas del estadio Allianz Arena de Múnich celebraba el tiro de Mikel Merino. En las imágenes que TVE mostró se vio a un grupo de jóvenes celebrando mientras portaban varias banderas de España, entre ellas, una franquista, con el águila. Juan Carlos Rivero, comentarista de la cadena pública, no dudó en hacer una valoración de esos dos segundos: “Esa bandera ya no vale, felizmente”.
La vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha declarado este lunes que solo se reunió “una sola vez” con el empresario Víctor de Aldama en julio de 2020 y niega que la esposa del presidente, Begoña Gómez, estuviera presente. Ribera ha acudido esta mañana para comparecer ante la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo y responder ante las supuestas reuniones que mantuvo, mientras era ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con Aldama para tratar un proyecto del grupo Globalia para impulsar el turismo en pueblos de la España vaciada. Ribera ha especificado que el empresario acudió a dicha reunión como “asesor” y “acompañante” del consejero delegado de Globalia, Juan José Hidalgo, en un momento crítico para la economía española, sumida en la crisis provocada por la covid. “Era una reunión entre Hidalgo y yo”, ha dicho la exministra, para remachar que el papel de Aldama no era relevante en la reunión.
El proceso contra el fiscal general del Estado constituye una extravagancia que tiene su última manifestación en el auto de procesamiento como elemento previo a la apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos. La explicación que justifica cómo un caso sin causa ha llegado tan lejos difícilmente puede encontrarse en el perímetro de lo jurídico. Razones de otra índole explican el (ab)uso de acciones judiciales para dar continuidad, por vía vicaria, a una lucha sin cuartel contra rivales políticos.
Siempre hay un pecado original. También en el del proceso que hoy sacude al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Lo cometió la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena. Ocurrió al principio, en el auto del 15 de octubre de 2024 que iniciaba el procedimiento.
En el principio, se recordará, fue la decisión de Alberto González Amador de ofrecer al fiscal, a través de su abogado, un pacto confesándose autor de un delito y aceptando una pena. Seguiría el tóxico infundio propagado por Miguel Ángel Rodríguez, consistente en atribuir falsamente al fiscal la iniciativa de esa propuesta y la supuesta posterior retirada por orden del Gobierno. El fiscal general —¿tenía otra opción?— hizo publicar una nota de rectificación, informando de lo realmente sucedido. Esta, calificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de “hecho delictivo” (!), ha sido perseguida como delito durante meses, hasta que (seguramente por la conciencia de lo inviable) se produjo un cambio del objeto de la persecución. Ahora: la publicidad de la estrategia y de la situación procesal de González Amador, imputada al fiscal general como filtración. Razón: se había interesado por todo lo relacionado con este asunto en el ámbito de la Fiscalía. Obviamente, algo imprescindible para la redacción de la nota.
