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Irán ha lanzado este domingo dos misiles balísticos contra la base militar conjunta de Estados Unidos y Reino Unido en Diego García, en el océano Índico, a casi 4.000 kilómetros de distancia, según la agencia iraní Mehr. El periódico The Wall Street Journal ha informado del lanzamiento de misiles de alcance intermedio hacia la base, pero recoge que no llegaron a impactar en ella. Previamente, Reino Unido había confirmado que permitiría a Estados Unidos usar sus bases contra los emplazamientos de misiles iraníes que ataquen buques en el estrecho de Ormuz. Tras el anuncio de Downing Street, Teherán acusó al primer ministro británico, Keir Starmer, de poner “en peligro” las vidas de sus ciudadanos y aseveró en la red social X que “Irán ejercitará su derecho a la legítima defensa”. Por otro lado, las autoridades estadounidenses han anunciado su decisión de levantar las sanciones al petróleo procedente de Irán que ya está cargado en buques, en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, que mantiene bloqueado del estrecho de Ormuz. Esta madrugada, el ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques contra “el corazón de Teherán”, después de que Jerusalén fuera el objetivo de al menos cuatro andanadas desde Irán hacia medianoche.
El Gobierno, tal y como prometió este viernes, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado los dos reales decretos con los que articula la primera respuesta pública a las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Próximo y que entran en vigor el domingo. El primero de ellos contiene el grueso de las medidas, valoradas en unos 5.000 millones de euros gracias a varias rebajas fiscales en el ámbito energético. El segundo se centra exclusivamente en la vivienda y, en concreto, en el mercado del alquiler. Dispone de dos grandes palancas para proteger a los inquilinos ante una crisis de acceso ya existente que podría agravarse mucho más por el incremento de la inflación. Por un lado, congela los contratos a punto de vencer; por el otro, se fijan topes del 2% a las actualizaciones anuales.

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Normalmente hay dos tipos de patinetes scooter: un modelo diseñado para adultos y otro diseñado para niños. Los modelos para adultos muchas veces son patinetes eléctricos con motor que sirven para moverte por la ciudad de una forma práctica y sin contaminar. Aunque todavía hay muchas personas que prefieren los patinetes sin motor y disfrutar de un trayecto por la ciudad como cuando eran pequeños y tan solo usaban este tipo de patinetes para niños. Es cierto que es muy difícil encontrar un modelo de calidad que se pueda ajustar tanto para adultos como para niños, pero lo cierto es que hay marcas como Hudora que han conseguido encontrar el equilibrio perfecto para que padres e hijos puedan usar el mismo patinete.




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El Gobierno calcula que las rebajas fiscales a los carburantes aprobadas este viernes para mitigar el golpe económico de la guerra en Irán supondrán un ahorro de hasta 29 céntimos el litro de gasolina 95 y de 23 en el caso del diésel. Estas cifras han sido calculadas por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta los precios que tenían los combustibles este pasado jueves, 19 de marzo, cuando la gasolina 95 rondaba los 1,8 euros el litro y el gasóleo se situaba en torno a 1,9 euros.
El escándalo en la adjudicación de pisos protegidos entre altos cargos afines en Alicante al PP ha destapado lo lejos que ha llegado el proceso de privatización de las políticas de promoción de vivienda pública en algunas comunidades. En concreto, Madrid y la Comunidad Valenciana lideran un modelo que en los últimos años está suponiendo descalificaciones masivas de viviendas de protección oficial (VPO), la pérdida de suelo público y adjudicaciones directas por parte del promotor sin apenas control. El Gobierno central ha buscado blindar el parque de vivienda pública supeditando el acceso de las comunidades a recursos estatales a que las casas de nueva construcción protegidas lo sean de por vida. Sin embargo, las autonomías del PP solo están accediendo a esa condición para las promovidas por la Administración y no por los privados, pese a que estos cuenten con ayudas públicas. En Madrid y la Comunidad Valenciana, según el Ministerio de Vivienda, más del 90% de los pisos protegidos son proyectados por empresas privadas.