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En este episodio de Hoy en El País, Ana Fuentes conversa con Xosé Hermida y José Marcos sobre los protagonistas que, sin necesidad de concurrir en las listas de ningún partido, están teniendo un gran impacto en el desarrollo de la campaña electoral. Desde las palabras de Begoña Gómez en un mitin del PSOE hasta la influencia de Isabel Díaz Ayuso en la estrategia del PP, analizan cómo algunos líderes, símbolos y organizaciones intentan movilizar a los votantes y se preguntan hasta qué punto las campañas las están condicionando figuras y movimientos que ni siquiera concurren a las elecciones.
El Consejo de Ministros de este martes no solo aprueba la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.286 euros brutos en 14 pagas, un 5,3% más que los 1.221 euros que rigen actualmente. El Gobierno aprobará otras normas de carácter laboral, contenidas en un gran decreto-ley impulsado por el Ministerio de Trabajo y que espera que quede refrendado posteriormente en la Diputación Permanente, según indican fuentes gubernamentales. Entre otras novedades, el texto eleva las sanciones a las empresas que no aporten la suficiente información contractual y salarial a los trabajadores que lo pidan. Y refuerza la transparencia salarial en las empresas, intentando cumplir una directiva europea sobre igualdad retributiva que se debería haber traspuesto el 7 de junio: reconoce a cada trabajador el derecho a conocer los salarios medios de puestos equivalentes, obliga a las empresas a explicar cómo fijan las retribuciones y amplía la información de los registros salariales.

Nuevo día de cancelaciones masivas en el ferrocarril en todo el país, también de puesta a prueba del cumplimiento de los servicios mínimos, por una huelga de 24 horas que comenzó a medianoche de este martes. Más de 1,5 millones de viajeros ven expuesto su habitual modo de transporte. Los sindicatos, entre ellos el de maquinistas SEMAF y las centrales CC OO y UGT, han llamado a la protesta a todo el personal de Renfe, las operadoras de alta velocidad Iryo y Ouigo, y en distintas compañías de Mercancías (Renfe, Continental Rail, Transfesa, Tracción Rail, Captrain y Medway).
La propuesta figura en el compromiso 133 del programa electoral para los comicios generales del próximo 29 de noviembre, bajo el epígrafe Ley de Salarios Justos. El Partido Socialista plantea aumentar la tributación de las empresas cotizadas cuya ratio entre la retribución total de su primer ejecutivo y la mediana salarial de la plantilla supere las 100 veces, con un segundo tramo de penalización a partir de las 200 veces. El objetivo declarado por la formación liderada por Pedro Sánchez es desincentivar las diferencias retributivas dentro de las compañías, elevando el coste fiscal para aquellas que rebasen esos límites.
Durante siglos, el periódico en papel fue un objeto cotidiano y una forma de ordenar el mundo; hoy sigue siendo lo mismo, pero consumido, mayoritariamente, a golpe de pantalla. Como parece haber perdido incluso su condición de objeto, resulta agradable leer en Le Monde que París se haya propuesto construir un museo dedicado a la información y al periodismo. El proyecto se llama Musip (Musée de l’Information et de la Presse) y acaba de abrir sus puertas virtuales en colaboración con la Unesco. Su impulsor es Antoine Mariotti, periodista de France 24, que ha dado forma a una institución independiente y no partidista que tendrá sede física en París en 2029. No pretende levantar un monumento a la prensa, sino explicar cómo se construye una noticia.
Pedro Sánchez quiere repetir la hazaña de 2023 con un esquema de campaña bastante similar a aquel, con una llamada a la movilización de la izquierda para frenar la llegada de la ultraderecha al poder. Sin embargo, hay cambios muy importantes en la política española sobre aquellas elecciones en las que casi todas las encuestas apuntaban a una mayoría absoluta del PP y Vox que nunca llegó.
El aborto en España puede sufrir restricciones tras las próximas elecciones. Pero es un derecho que, sin entrar en matices, no está en juego. No, al menos, si se atiende a lo que proponen los principales partidos: ninguno, ni siquiera Vox, amenaza explícitamente con eliminarlo. En cambio, los partidos de izquierdas ―tanto PSOE como Frente Amplio―, quieren consagrarlo como derecho constitucional.

Los gobiernos autonómicos de PP y Vox (Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León) están incrementando las partidas para la caza y creando nuevas líneas: subvenciones para cartuchos, licencias y tasas gratuitas, dinero para que los propios cazadores realicen censos científicos de las especies, programas para llevar la caza a los colegios, ayudas para los cotos de caza y las federaciones… Ambos partidos llevan en su programa un apoyo explícito al sector y el PP incluye un plan para volver a matar lobos, como se hacía hasta 2021. Estas pistas aventuran un respaldo sin precedentes si logran la mayoría en el Congreso, frente a las críticas de los ecologistas.


Los primeros días de campaña no parecen haberle sentado bien a Vox, a tenor de los cuatro primeros trackings de 40 dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. El beneficiado es el PP, que logra frenar sus fugas hacia la extrema derecha, lo que le reporta una cierta mejoría. El PSOE también prolonga su lenta escalada, aunque el reparto de fuerzas entre los bloques, claramente favorable al de la derecha, no sufre modificaciones reseñables.

