Home Investigacion en Intelligencia Artificial y Desarrollo de Algoritmos Desarrollo de Energia Nuclear y Avances en Fisica Nuclear Innovacion en Tecnología de Vanguardia

Adrián Martínez, de 35 años, sale a la calle en zapatillas de estar por casa. Ha sido evacuado de su vivienda, ubicada en el número 112 de la Carretera de Canillas, en el distrito madrileño de Hortaleza, próxima a Arturo Soria. Vive en el tercer piso y un incendio se ha producido en el segundo. El edificio residencial afectado tiene cuatro plantas. “El olor a humo nos alertó, desde la casa en la que se originó el fuego intentaban avisarnos de lo que ocurría, pero apenas escuchábamos”, cuenta el hombre, que todavía no se cree lo que ha sucedido. “Hemos empezado a avisar a todos los vecinos, nadie se ha quedado dentro. He ayudado a que otros residentes abandonasen el edificio, la media de edad es elevada. Muchos salimos por nuestro propio pie y avisamos a los bomberos de que había cinco personas atrapadas en el cuarto y en el segundo. Por suerte, nadie está grave”, detalla.
El Congreso dio otro paso este martes, en julio y fuera del periodo oficial de sesiones, para tumbar con la mayoría de investidura las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox contra la proposición de ley impulsada ahora por el Gobierno del PSOE y Sumar para derogar una serie de delitos de injurias a la Corona y relacionados con reforzar la libertad de expresión. La propuesta llevaba casi dos años y medio varada sin avanzar, se retoma en esta complicada recta final de la legislatura y parece contar, aunque por diversas razones, con los partidos que llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa. PP y Vox aprovecharon sus derrotadas enmiendas generales (la de Vox solo contó con sus 33 escaños a favor, 179 en contra y 138 abstenciones y la del PP con 171 a favor frente a 178 en contra) para acusar al Ejecutivo de Sánchez de todo tipo de connivencias para debilitar más al Estado y apuntaron muy particularmente contra Sumar para achacarle todos los males del comunismo internacional.
800 balas es una disparatada película de Álex de la Iglesia en la que, como suele ser habitual, se desperdicia presupuesto y munición para contar una historia absurda que no enseña absolutamente nada. Tanto el título como su duración —más de dos horas— son tan dispendiosas como el empeño de agarrarse a una trama ridícula. Pero esa es su finalidad: demostrar que en el absurdo también hay arte y se descubren las vilezas humanas, como enseñó el teatro de Alfred Jarry en el siglo XIX.
El empedrado camino hacia unos hipotéticos Presupuestos del Estado en los que casi nadie confía se inició este martes en el Congreso con el resultado previsible: primer fracaso. Como ya había anunciado con toda la trompetería, Junts volvió a unir sus votos a la derecha estatal para rechazar los objetivos de déficit planteados por el Gobierno, paso previo a la elaboración de las cuentas que el presidente Pedro Sánchez ha prometido confeccionar con independencia de los apoyos comprometidos. Incluso dos aliados del Ejecutivo, Podemos y Compromís, evitaron darle respaldo y se abstuvieron. El rechazo no frena el proceso de confección de los Presupuestos, pero obliga a cuadrarlos con el corsé fiscal vigente, más estricto. Y prefigura una partida en la que, por ahora, la mayoría apuesta por la derrota gubernamental.
Primer revés para el Gobierno. El Congreso de los Diputados ha tumbado en la tarde de este martes la senda de estabilidad que el Ejecutivo necesita para poner en marcha la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, después de tres años consecutivos de prórrogas. Sin embargo, aunque esperada desde hace semanas ante el rechazo que habían ido manifestando partidos como el PP y Junts, la derrota no cierra todavía el procedimiento. La ley obliga al Gobierno a volver a intentarlo y tendrá que llevar, en el máximo de un mes, una nueva propuesta ―aunque que también puede ser la misma― a las Cortes.

Un total de 14 congresistas de Estados Unidos ha enviado este martes una carta al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que piden un levantamiento de las sanciones económicas sobre Venezuela para que pueda hacer frente a la catástrofe y la devastación causada por los dos terremotos que el pasado 24 de junio asolaron el norte del país. En la carta, adelantada por EL PAÍS, los representantes piden a la Administración estadounidense que desbloquee de forma permanente los fondos venezolanos procedentes del petróleo para que Caracas pueda usarlos para la reconstrucción y estabilización del país.

