La Junta de Castilla y León (PP) ha autorizado al grupo empresarial Pascual para extraer agua mineral en la localidad leonesa de Quintana y Congosto, en el valle del río Jamuz, tras años de críticas de plataformas vecinales y colectivos ecologistas. La planta prevé extraer unos 500 millones de litros anuales, en lo que supone aproximadamente el consumo anual de suministro para 10.000 personas. Las asociaciones que se han opuesto al proyecto esgrimen que el volumen de agua de la zona ha disminuido notablemente en los últimos años, con agricultores de regadío con apuros para mantener sus cosechas y pueblos donde han necesitado camiones cisterna de reparto para los habitantes en épocas de sequía, además de recientemente afectados por los incendios de 2025. Los agraviados esgrimen también el impacto ambiental y paisajístico y que la ONU, en 2022, concedió al sistema Montañas de León un reconocimiento especial por su patrimonio natural y agrícola.
El Tribunal Supremo ha rebajado a la mitad las costas del procedimiento penal que acabó con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz condenado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La letrada de la Administración de Justicia de las causas contra aforados ha dictado un decreto en el que estima parcialmente el recurso presentado por García Ortiz contra la primera tasación del alto tribunal, que cifraba las costas en 79.942 euros. Tras analizar las razones esgrimidas por el exfiscal general para considerar la primera tasación como “indebida”, la letrada propone ahora dejarlas en 39.000 euros.
El silencio no dura mucho. Al principio hay risas incómodas, miradas cruzadas y algún comentario en voz baja que intenta rebajar la tensión. En el escenario, Pamela Palenciano cuenta su historia sin adornos —violencia, control, miedo— mientras en las primeras filas algunos chicos se remueven en el asiento y otros directamente se ríen, como si así pudieran mantener la distancia.
El empuje que experimentó la vivienda protegida en 2024 se ha desinflado un año después. Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en 2025 solo se completó la construcción de 11.104 nuevas VPO, un 22,7% menos que en el ejercicio anterior. Trasladada esta diferencia a la cifra concreta, representa una reducción de algo más de 3.000 casas. Y aunque en términos absolutos la del pasado ejercicio es la segunda cifra más elevada de la última década, supone un jarro de agua fría para una tipología de vivienda que no acaba de despegar en España. Pese al relativo consenso entre las distintas Administraciones para fomentar la construcción de VPO (y los anuncios políticos que prometen miles de nuevos pisos a precio asequible), su volumen sigue a años luz de lo que se construía en los noventa y hasta el estallido de la Gran Recesión: entre 1991 y 2008 se levantaron en España de media casi 60.000 viviendas protegidas al año.
Al otro lado de las puertas acristaladas, la figura de Eliades Ochoa (Loma de la Avispa, Santiago de Cuba, 79 años) se distingue sobre las demás: un hombre fornido y carismático, vestido todo de negro, con botas y un gran sombrero estilo cowboy a juego, que, de pie, parece atento a cualquier mínimo movimiento. Desprende el aire de un viejo vaquero en mitad de una cantina, con la salvedad importante de que lo que debería ser un tugurio del Lejano Oeste es, en realidad, The Social Hub, uno de los hoteles y espacios más modernos del centro de Madrid, a unos pocos metros de Plaza de España. No hay jinetes ni camareros que masquen tabaco sino turistas de todas las nacionalidades y una amplia oferta de menús de desayuno y brunch. La música que se escucha de fondo no sale de una pianola sino de un hilo musical que facilita el ambiente tranquilo del lujoso local. Y, aún así, el aura de Ochoa es tan fuerte que, bajo los generosos rayos de sol de esta mañana de marzo que se cuelan por el ventanal, remite a una estampa vaquera. “Un gusto”, dice y estrecha la mano con firmeza. “Estoy aquí para cumplir con el cometido”, añade mientras coge su guitarra, que descansa dentro de su funda encima de la mesa como si fuera una escopeta que cargar al hombro.
Kristina Ishmael (Arizona, 42 años), profesora y asesora educativa, pasó del aula a las responsabilidades políticas, primero como directora de tecnología educativa del Estado de Nebraska y luego dirigiendo la oficina de EdTech en el Departamento de Educación de Estados Unidos. Mientras ostentaba este último cargo, vivió el lanzamiento de ChatGPT en 2022. El anuncio causó una revolución y presume de que fue el primer ministerio de Educación en publicar un informe sobre inteligencia artificial. La agresiva política de Donald Trump acabó con el cierre de la oficina; actualmente, Ishmael, ahora convertida en expat, trabaja desde Barcelona como asesora para los ministerios de Educación de distintos países para fijar políticas entorno al uso de IA en las aulas. En febrero inauguró el Congreso Edtech de Barcelona, alabando sus potencialidades, pero con un punto de partida claro: “La IA no va a sustituir a los profesores”.
El pasado 3 de marzo hacíamos una primera valoración de urgencia del acuerdo entre los rectores de las universidades públicas madrileñas y el gobierno de Ayuso en el que ya intuíamos algunas de las cuestiones que ahora, tras la publicación del acuerdo, se confirman.
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