La inmobiliaria gallega Fadesa anunciaba en septiembre de 2004 un enorme proyecto en el municipio de L’Aldea (Tarragona, 4.600 habitantes) de más de 1.300 viviendas que se proponía empezar a vender sobre plano solo tres meses después de comunicarlo a bombo y platillo. En plena burbuja, varios inversores –entre ellos algunos bancos— incluso se hicieron con paquetes de pisos para luego revender por su cuenta. Más de dos décadas después, lo que fue un campo de melocotoneros sigue ocupado por edificios a medio levantar, con calles y farolas rodeadas de arbustos. Tras varios intentos fallidos de reactivar el proyecto, el alcalde del municipio, Xavier Royo, explica que un promotor local por fin está dispuesto a hacerse cargo de él. “Es un grupo que quiere construir y no especular con esos terrenos. Por ahora, estamos hablando y negociando con ellos para desencallar el proyecto”, asegura. Se llegó a pensar en darle otro uso, como el logístico. Pero al final se optó por un proyecto residencial más modesto. “La crisis de la vivienda actual nos hace pensar que ahora construir vivienda tiene sentido”, añade.
Hace años que los empresarios españoles se quejan de que no encuentran mano de obra suficiente, que pese a la elevada tasa de paro, en muchas ocasiones no consiguen personas dispuestas a trabajar. Tras escuchar esas protestas, el Gobierno accedió en 2023 a la histórica petición patronal de ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, la lista de oficios que permite a las empresas reclutar en el extranjero. Son profesiones en las que se concluye que no hay mano de obra suficiente y por ello el Ejecutivo autoriza contratar en origen. Una de ellas es la construcción, pero el resultado ha sido escaso: el año pasado apenas se alcanzaron 1.500 contrataciones en el sector por esta vía. La patronal dice que apenas se recurre a ella porque es “muy lenta” y exige “mucha burocracia”, mientras que los sindicatos echan en cara a los empresarios que no la utilicen tras tanto insistir en ella. De fondo, está la pelea en el seno del Gobierno al respecto, con visiones enfrentadas de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La milicia libanesa Hezbolá ha encontrado una grieta en el muro defensivo israelí para la que el Estado judío todavía no tiene una solución definitiva. Tras más de dos años de conflicto en los que la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa antiaéreo israelí, ha frenado la mayoría de cohetes del grupo proiraní, Hezbolá ha puesto en práctica durante la última escalada un tipo de dron que burla ese sistema tradicional. Estos aparatos no tripulados, empleados ya desde tiempo atrás por rusos y ucranios, se manufacturan por pocos centenares de euros con productos disponibles en el mercado civil y han causado ya, al menos, cuatro muertos -el último, anunciado el lunes- y varios heridos graves entre los soldados y los contratistas israelíes. “Su uso es incluso más fácil que un videojuego”, afirma Yehoshua Kalisky, investigador sénior del Instituto Nacional de Estudios de Seguridad de Israel (INSS).
En la garita del control de llegadas del aeropuerto de Ereván, capital de Armenia, el policía examina con cuidado la documentación. La aprueba y planta el sello en el pasaporte del recién llegado. En ese sello ya no está el monte Ararat, la montaña que tanto significa en la historia del pequeño país del sur del Cáucaso. Hace menos de un año aparecía. Lo eliminó hace unos meses el Gobierno del primer ministro, Nikol Pashinián, el mismo que siempre luce un pin bien visible en su solapa con el contorno geográfico del país sin incluir Nagorno Karabaj, el enclave por el que ha habido tres guerras con Azerbaiyán desde que cayó la Unión Soviética en 1991.
Los pasajeros del crucero MV Hondius van regresando a sus países de origen, donde les esperan semanas de cuarentena. Pero tanto el tiempo como la forma de aislamiento dependen en función del país. La Organización Mundial de la Salud recomienda 42 días de seguimiento y cuarentena domiciliaria o en alguna instalación sanitaria, algo que está sujeto a distintas interpretaciones: países como Canadá han establecido en principio 21 días de aislamiento que serán posteriormente evaluados; Países Bajos los permite en casa con paseos al aire libre, mientras Grecia impone 45 días en un hospital con condiciones especiales.
Entre la prensa que se amontonaba con cámaras de mil tamaños y chalecos amarillos en el muelle para cubrir el minuto a minuto del puerto de Granadilla, había periodistas internacionales preguntando por sus compatriotas: alemanes, holandeses, australianos... Pero la nacionalidad más numerosa del crucero polar MV Hondius no tiene quién pregunte por ellos: son los 38 de Filipinas. Ninguno es viajero, pajarero o explorador, ya que todos forman parte de la tripulación del buque. De ellos, 24 son camareros o trabajadores de hostelería y 14 son personal de cubierta y máquinas y, por lo tanto, necesarios para la navegación del buque en su rumbo hacia Países Bajos.
En la guerra y en la medicina, la mejor forma de derrotar al enemigo es conociéndole lo mejor posible. Es la máxima que el investigador Linus Spatz (Buenos Aires, 58 años) ha asumido en su carrera científica para buscar vacunas y tratamientos eficaces frente a enfermedades poco frecuentes, como el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Una variante de este patógeno, la de los Andes, es la responsable del brote que ha golpeado al crucero MV Hondius y ha causado hasta el momento tres muertes.
Sorprendió que el pasado 30 de abril, cuando se debatió en el pleno del Congreso la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto, Vox eligiera para intervenir en el debate a Joaquín Robles, portavoz en la Comisión de Educación, y no a Lourdes Méndez Monasterio, de la Comisión Constitucional. El primero es licenciado en Filosofía y profesor de instituto: la segunda, doctora en Derecho y veterana activista contra la interrupción voluntaria del embarazo. Fue su radical rechazo a la misma lo que le hizo en 2015, cuando era diputada del PP, romper la disciplina de voto de su grupo para acabar años más tarde ocupando un escaño por Vox.
Hay cervecita gratis en el bar Romero, pegado a la Universidad de Almería, por cortesía de Nuevas Generaciones. Aunque muchos acuden más interesados en la bebida que en la política, es fácil identificar a un núcleo duro de las juventudes del PP, pródigo en pantalones beige, náuticos y camisetas de apoyo a “Juanma”, o sea, a Juan Manuel Moreno, el presidente del Gobierno andaluz y candidato a la reelección el 17 de mayo. Apartándose un instante del trasiego de selfis, besos y vasos para que la música de la barrilada permita una conversación, Diego Martínez, de 26 años, presidente de Nuevas Generaciones en Almería y coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, explica el sentido del acto: “estar cerca” de los jóvenes y hablarles de “gestión”. A los pocos minutos se produce un desembarco de cargos del PP, encabezados por la alcaldesa, María del Mar Vázquez. Uno tras otro, reivindican los logros de “Juanma”.
Andalucía vive hoy un narcotráfico más disperso, más violento y más difícil de combatir, donde la cocaína ha ganado peso en los últimos años sin desplazar al hachís y donde la geografía —costas extensas, espacios naturales protegidos y ríos navegables— juega a favor de las organizaciones criminales. En este contexto Huelva ha dejado de ser un territorio secundario para convertirse en un punto estratégico.