“Me dieron una mamografía, pero pasó el tiempo y nadie me ofreció un diagnóstico. Al conocer las noticias sobre retrasos en estos, me fui con los resultados a una clínica privada y me identificaron un cáncer de mama hace un año”. Es la experiencia de María Lamuedra, paciente oncológica y profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla que, junto a un equipo, ha abierto una campaña en redes sociales (#MeTooSanitario en Instagram y Facebook, aunque se lanzará también en TikTok) para poner cara a todos los afectados por el deterioro de la sanidad pública. La campaña la promueven la asociación Amama, la voz de la crisis de los cribados (retrasos en las pruebas y diagnósticos oncológicos), y Mareas Blancas de Andalucía, que piden que se les etiquete en las comunicaciones por redes para poder hacer seguimiento. “No me puedo callar, no podemos callarnos como sociedad”, reclama Lamuedra.
En el segundo debate electoral entre los cinco candidatos a la Junta de Andalucía de este lunes, en lugar de un intercambio de argumentos hubo un cruce de víctimas: las de los cribados, que esgrimieron las formaciones de izquierdas, y los dos guardias civiles fallecidos en Huelva mientras perseguían una narcolancha y las 46 personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que opuso el candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno. El dirigente popular se erigió en portavoz de estas últimas para pedir explicaciones a la aspirante del PSOE, María Jesús Montero, que era vicepresidenta primera del Gobierno cuando tuvo lugar el descarrilamiento, y el alcalde socialista de la localidad cordobesa, Rafael Moreno, reaccionó rápidamente en sus redes sociales cuestionando el “uso político” de las víctimas y señalando que “la ayuda llegó tarde”. En medio de la polémica y a cinco días de que se abran los colegios electorales, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley para conceder ayudas a las víctimas directas e indirectas del accidente ferroviario.
La operación de desembarco del crucero HV Hondius ha sido “un éxito”. Así lo han calificado este martes tanto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, que han comparecido en una rueda de prensa conjunta para felicitarse por la gestión de la crisis, a la que todavía le queda por delante el seguimiento de los contactos y los casos positivos (uno en España). El líder de la OMS ha explicado que todos los pasajeros que pasaron por el crucero ya están localizados y monitorizados, “incluso los que bajaron en los lugares más remotos”, aunque reconoce que se esperan algunos positivos adicionales a la decena que ya hay por el largo periodo de incubación del virus.
Claudia Sheinbaum ha cuestionado este martes las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso tras su visita a México. La presidenta madrileña había dicho más temprano que estuvo en “peligro extremo”, a lo que la mandataria mexicana ha respondido: “Suspendió su gira y dicen, no me consta, que se pasó tres días de vacaciones en el sureste [en la Riviera Maya]. Entonces, no creo que piense muy mal del país si pasó sus vacaciones aquí”. Ayuso suspendió la semana pasada su gira antes de tiempo porque, según indicó, se sintió hostigada después de que hiciera un homenaje a Hernán Cortés. Sobre esto, Sheinbaum también ha cargado contra la derecha al calificar de “ridiculez” la invitación que le hicieron a Ayuso para reivindicar la Conquista.
El juez José Luis Calama, a cargo del caso Plus Ultra, ha decidido alzar las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e investigado por una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de fondos venezolanos. El juez de la Audiencia Nacional ha decidido retirar a Martínez Martínez la prohibición de salida del territorio nacional (podrá viajar únicamente por el territorio europeo que compone el espacio Schengen), así como eliminar la obligación que hasta ahora tenía de ir a firmar cada 15 días al juzgado porque considera que ha mermado el riesgo de fuga. El magistrado ha modificado también estas medidas en otros investigados, como el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, y el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola.
