El ejército israelí sigue escalando sus acciones militares sobre Líbano pese a la existencia de un alto el fuego temporal. Este miércoles, tres bombardeos israelíes contra vehículos que circulaban en el sur de Beirut han matado al menos a ocho personas, según el Ministerio de Sanidad. Entre ellos, hay dos niños. Estas agresiones se produjeron en carreteras públicas —y en hora de máximo tráfico— que conectan la capital con la ciudad de Sidón, es decir, a decenas de kilómetros del frente de guerra entre Israel y Hezbolá. Mientras, el canciller chino, Wang Yi, ha pedido a Pakistán que “intensifique los esfuerzos de mediación” para contribuir a una “resolución adecuada de la cuestión relativa a la apertura del estrecho de Ormuz”, por donde transitan aproximadamente el 45% de las importaciones chinas de petróleo y gas. El jefe de la diplomacia china ha mantenido una conversación telefónica con su par de Pakistán, Ishaq Dar, en la víspera de la llegada a China del presidente estadounidense, Donald Trump. Antes de emprender el viaje, el republicano ha asegurado que ganará la guerra en Irán “por la vía pacífica o de otra forma”.
El nuevo director y CEO del festival Sónar, François Jozic, ha querido dejar claro este miércoles el lema de la nueva vida del festival barcelonés: “Este será un Sónar más Sónar que nunca”. La 33ª edición del evento, que se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de junio, no solo supone el estreno de un nuevo equipo directivo tras la salida en octubre de los fundadores —Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero, y un cuarto socio que llegó más tarde, Ventura Barba— tras su edición más complicada, con un boicot artístico y ciudadano por la pertenencia al fondo proisraelí KKR. La cita de este año, que contará con más de 100 actuaciones entre las que destacan The Prodigy, Skepta, Kelis o Amelie Lens, marcará una nueva era en su historia. Serán tres jornadas ininterrumpidas de música entre el día y la noche en el espacio que hasta ahora solo alojaba las actuaciones nocturnas, el de Fira Gran Via, con una una renovación que no solo será estratégicamente geográfica, sino también estética y tecnológica.
El Tribunal Supremo dictó el 14 de abril una sentencia de calado para la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En ella fija como necesaria la autorización judicial para que los inspectores entren a un centro de trabajo cuando el mismo coincida con el domicilio social de una persona jurídica. En la práctica, esto supone que los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de la leyes laborales no puedan entrar sin que lo autorice un juez en muchas empresas, normalmente pymes, en las que coincide el domicilio social de la empresa y el centro de trabajo. El Ministerio de Trabajo cree que esta sentencia limita la capacidad de actuación de la Inspección y por ello ha pedido a la Abogacía del Estado que la recurra, según ha adelantado eldiario.es y ha confirmado el departamento de Yolanda Díaz a EL PAÍS.
Aunque considera que son “dañinas” y “no tienen cabida” en la UE, la Comisión Europea no propondrá, como le habían reclamado más de un millón de ciudadanos europeos, una legislación concreta para prohibir las falsas terapias de conversión de personas LGTBIQ+ en toda la Unión. Esta práctica es ilegal en países como España ―que está ahora en proceso de penalizarla―, aunque todavía es consentida en 19 de los 27 Estados miembros. La Comisión se limitará a presentar, en algún momento del año que viene, una “recomendación” instando a los países a que proscriban en sus legislaciones nacionales estas “dañinas intervenciones que pueden resultar en daños psicológicos y físicos duraderos”.
Siete de cada 10 personas desplazadas en el mundo buscan refugio en zonas urbanas, pero los gobiernos locales han recibido históricamente un porcentaje minúsculo de la ayuda humanitaria internacional para atenderlas. Ahora, corren el riesgo de recibir todavía menos. El cierre de USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos, junto con los recortes presupuestarios a agencias de Naciones Unidas, ponen en riesgo la asistencia de 123,2 millones de refugiados y de los más vulnerables entre los más de 280 millones de migrantes que hay en el mundo. Ante este escenario, el Mayors Migration Council (MMC) —una coalición internacional de alcaldes de cerca de 290 ciudades— impulsa un cambio en la arquitectura de la ayuda.
La Inmaculada y Santa Rufina, dos óleos sobre lienzo atribuidos a Diego Velázquez, tendrán una protección especial, pasando a formar parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC), según recoge una publicación complementaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este miércoles. A esos dos cuadros se suma un tercero anónimo de 1660, Vista de Sevilla, para el que también se ha comenzado a tramitar el mismo expediente. Los tres pertenecen a la Fundación Focus Loyola, ligada a la multinacional Abengoa, que ha sufrido a lo largo de los años los vaivenes económicos de su matriz, motivo por el que entidades de defensa del patrimonio de la ciudad temen que puedan ser vendidos. No obstante, la protección otorga a la Administración derecho de tanteo y retracto.