El miedo y una puerta atascada salvaron la vida a Talaa Masalha. Era una de las nueve palestinas que —como es tradición con vistas al Eid al Fitr, la festividad por el fin del Ramadán este viernes— se peinaban y pintaban las uñas entre risas cuando penetró el estruendo de una guerra ajena de la que, hasta ahora, eran solo espectadoras. Un proyectil, aparentemente una pequeña bomba de fragmentación, cayó junto al salón de belleza en el que se encontraban en la localidad de Beit Awa. Como el salón era una precaria y barata estructura de hojalata, la metralla atravesó las finas paredes, causando un baño de sangre que un operario limpiaba este mediodía con mangueras. El impacto, en la noche del miércoles, mató a cuatro de las mujeres (enterradas este jueves en medio de un silencio grave y viscoso) e hirió al resto. Como Beit Awa es una localidad árabe del sudoeste de Cisjordania (y no Israel, ni un asentamiento judío), no hubo sirenas antiaéreas, ni refugios, ni costumbre de protegerse. Son las primeras víctimas mortales palestinas de una guerra, la de Israel y EE UU contra Irán, que llena los cielos de Cisjordania de estelas de misiles e intercepciones.
La guerra en Sudán también se libra dentro de uno de los bandos que se combaten. Así lo puso de manifiesto el bombardeo de Mustariha, una localidad en el Estado sudanés de Darfur Norte, el pasado 22 de febrero, tras caer el sol. Fue el momento elegido por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) para atacar una casa de huéspedes que estaba acogiendo la comida con la que se rompe el ayuno en Ramadán. Su blanco era un hombre llamado Musa Hilal, el gran rival de Mohamed Hamdan Dagalo, líder de las RSF, en el seno de su propia tribu, los rizeigat. Aunque Hilal salió ileso y escapó, la embestida mató e hirió a varios de sus hombres.
Júlia Nueno tiene un objetivo: definir las herramientas legales y metodológicas para poder sentar a la Inteligencia Artificial (IA) militar en el banquillo de los acusados. A sus 31 años, esta ingeniera computacional barcelonesa está acabando su beca doctoral de la universidad de Goldsmiths en la agencia Forensic Architecture, donde investiga el uso de la IA por parte de la policía y fuerzas militares a través de las evidencias en el espacio físico. “Trabajé dos años para Airwars, la organización que analiza las muertes en conflicto bélico y empecé mi doctorado el 1 de octubre de 2023, una semana antes del 7 de octubre, cuando todo cambió y la agencia se volcó en documentar lo ocurrido en Gaza”, explica un viernes de paso en Barcelona antes de volver a Londres, donde reside. Los documentos de esa investigación son los que se han presentado en el juicio de Sudáfrica contra Israel, la causa llevada al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) en la que se busca demostrar que Israel ha emprendido acciones para destruir a la población palestina que superan la legítima defensa. El próximo 18 de junio, se verá en las Tres Chimeneas de Barcelona una exposición con instalación de Forensic Architecture sobre esta investigación en el marco de UIA, el congreso internacional de arquitectos.
Faltan menos de dos semanas para que inicie la campaña de la renta, la cita con el fisco más importante del año para muchos contribuyentes. Otros, en cambio, quedarán exentos del ajuste de cuentas anual con la Agencia Tributaria. En línea general, los ciudadanos con ingresos bajos —por debajo de ciertos umbrales fijados expresamente por la ley— no están obligados a presentar la declaración del IRPF. Pero la cuantía no es el único factor determinante: también importa la naturaleza de esas rentas.
Esther García Llovet es la invitada esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. La autora acaba de publicar Las jefas (Anagrama), una novela de albornoces de hotel, cócteles y budas en una costa hiperturistificada de Alicante, en la que tres pijas exhiben su hastío y su cara dura frente a un empleado para todo. Nos recibe en una sala Renoir, donde charla con Berna González Harbour sobre su pasión por el cine —“he tenido más relaciones con personajes de película que de la realidad”—; su TDAH; su etapa como psicóloga —“he sido más tiempo paciente que terapeuta”—, y su literatura, que compara con una mascletá.
“Dile a tu gente que se ponga a trabajar”. Estas nueve palabras penden ya sobre la cabeza de Francisco González, expresidente del BBVA. El escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional contra el banquero, para quien solicita 173 años de cárcel por contratar presuntamente al comisario José Manuel Villarejo para varios proyectos de espionaje, concluye que González le dijo dicha frase en diciembre de 2004 a Julio Corrochano, entonces director del área de seguridad corporativa de la entidad financiera, para que se hiciera así con los servicios del agente de la Policía, epicentro de una red de corrupción.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, decía esta semana que la falta de vivienda a precio asequible va a expulsar a las izquierdas de los gobiernos. Era una manera de dibujar cuál es el mayor problema de este país, algo de lo que hay conciencia pero pocas soluciones, que además tardarán años en dar resultado. Las diferentes administraciones no se pueden llamar a andanas, puesto que tienen muchísimo que ver con la situación y en las soluciones a aportar. Quizá por eso, los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se han lanzado a pedir al Gobierno flexibilidad para poder utilizar en vivienda el superávit de casi 11.500 millones acumulado en 2024 y 2025, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF),a los que se sumarán otros 3.500 millones este año.
Mientras Markwayne Mullin, un exluchador de artes marciales mixtas de Oklahoma, está a un paso de hacerse con las riendas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la mayoría de las agencias que dependen de él están sin recursos desde el pasado 14 de febrero. Ese día se ordenó el cierre fiscal porque el Senado no logró aprobar una ley de asignación de fondos para la agencia. Desde entonces, más de 100.000 funcionarios esenciales de los servicios secretos, la agencia de seguridad en el transporte, seguridad aérea, los servicios de emergencia y la Guardia Nacional, entre otros, están trabajando sin cobrar.
Vox está inmerso en una guerra sucia entre el equipo de Santiago Abascal y el grupo de disidentes que encabeza su exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, recrudecida tras las elecciones del pasado domingo en Castilla y León, donde los resultados del partido ultra no han cumplido las expectativas. Mientras desde la dirección se intenta descalificar a los críticos, acusándolos de ser marionetas del PP y atribuyéndoles presuntas corruptelas, estos denuncian graves irregularidades económicas y enriquecimiento del círculo de hierro de Abascal con los fondos públicos que recibe el partido.
Vox consiguió ilusionar hace seis años a Manolo Redondo que, hasta entonces, solo había votado un par de veces porque la política le importaba más bien poco. A sus 63 años, este pintor que vive en Castellón conectó con el discurso del partido sobre el feminismo —“el que hay ahora no le gusta”— y también con sus posiciones sobre inmigración. Desde entonces, paga religiosamente sus 15 euros al mes para mantener su carnet de afiliado, aunque en el último año su fe ciega en la formación se ha tambaleado. Redondo asegura que la gota que colmó el vaso fue la purga de dirigentes del partido, como la expulsión de Javier Ortega Smith, aún portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid porque se niega a acatarla. El pintor asegura que va a firmar la petición que el miércoles lanzó un grupo de exdirigentes para pedir la celebración de un congreso extraordinario de Vox, sin embargo, otros afiliados siguen siendo leales a Abascal y rechazan esta vía. Enmanuel Ramírez, un estudiante de máster en Marketing Online Político, de 40 años, no está de acuerdo en que se celebre otro congreso “porque un dirigente tenga una pataleta”.