Se celebra una vez al año, pero hace décadas que ha dejado de ser un hito anecdótico. El Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en un despertador para reflexionar sobre el impacto de las actividades humanas y, al mismo tiempo, visibilizar las iniciativas que ya están transformando la forma de producir y consumir.
El hervidor eléctrico es, probablemente, uno de los pequeños electrodomésticos que más posibilidades esconde. Sin embargo, en la mayoría de los casos, queda reducido a funciones como la de preparar té, infusiones o café. A ver, está claro que todos nos lo compramos con esa idea, pero te aseguro que tiene mucho más potencial.
Sabes lo que hay detrás del café que tomas por la mañana? ¿O de la soja que alimenta la carne que llega a tu mesa? Muchos de estos productos forman parte de un modelo de producción y consumo que contribuye a la pérdida de millones de hectáreas de bosque en distintas regiones del planeta. Cerca del 90 % de la deforestación mundial está vinculada a la expansión agrícola y ganadera, y de ese porcentaje más de la mitad se debe directamente a la conversión de bosques en tierras de cultivo de alimentos que, en su mayoría, no se consumen localmente sino que abastecen supermercados de ciudades ubicadas a miles de kilómetros. Es lo que se conoce como deforestación importada. Como resume Javier Fernández, fundador y director general de la Fundación COPADE, “la deforestación no empieza donde se tala un árbol, sino donde se consume un producto”.
El Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR) nació como gran apuesta para frenar la entrada en el mercado comunitario de productos vinculados a la deforestación tras el 31 de diciembre de 2020. Aprobado en 2023, está en vigor pero su aplicación se ha pospuesto dos veces hasta finales de 2026 para empresas (2027 para las más pequeñas). La CE estima que podría salvar cada año 208.000 hectáreas de bosque y evitar 49 millones de toneladas de CO₂.
La norma ha recibido presiones desde empresas e industria por su complejidad y coste, mientras grupos ecologistas alertan de que puede perder eficacia si se debilita el control. El paquete de “simplificación” que la Comisión acaba de anunciar genera recelos. Propone, detalla Colomina, “excluir productos como cuero o neumáticos recauchutados, incluir derivados como café soluble y flexibilizar obligaciones para operadores posteriores y pequeñas empresas”. WWF advierte de que “podrían debilitar la efectividad de la norma”.
En materias primas forestales (madera, papel, caucho), la Asociación Técnica Internacional de las Maderas Tropicales (ATIBT) subraya que el punto de partida no es el mismo que en otras cadenas. “El sector forestal tropical certificado trabaja con gestión sostenible, trazabilidad avanzada y auditorías independientes”. Y vaticina que el éxito del RDUE” dependerá de una aplicación pragmática, con controles creíbles y armonizados por parte de las autoridades europeas”.
La transición energética necesita minerales. Muchos minerales. La electrificación del transporte, el despliegue de las energías renovables y el uso de baterías recargables han situado al litio en el centro de una carrera global por asegurar el suministro de materias primas críticas. Lo que durante décadas fue un recurso relativamente marginal se ha transformado en un elemento de gran importancia en la nueva economía baja en carbono. Pero su ascenso también ha puesto el foco en una realidad incómoda: el coste ambiental y social de la transición verde.
Europa quiere saber de dónde procede el litio que alimenta sus baterías y cuál ha sido el impacto ambiental de su extracción y fabricación. Para ello, la UE pondrá en marcha a partir de 2027 el Pasaporte Digital de Baterías —aunque solo para algunas categorías—, una herramienta que incorporará información, mediante un código QR, sobre el origen de los materiales, el porcentaje reciclado y la huella ambiental asociada a cada batería.
El objetivo es introducir trazabilidad en una cadena de suministro marcada por fuertes dependencias geográficas y estándares ambientales desiguales. Para Ester Boixereu, investigadora del IGME-CSIC, la medida puede reforzar la competitividad europea. “No se puede sostener que productos fabricados bajo legislaciones ambientales o laborales mucho más permisivas compitan en precio con los europeos”, reclama.
Sin embargo, algunos expertos piden cautela. “Puede convertirse en una ventaja competitiva o en mera burocracia”, advierte Pedro Fresco, director general de Avaesen. Su impacto, sostiene, dependerá de su correcta aplicación.
