El Ayuntamiento de Sevilla (PP) ha sido el último en sumarse esta semana a ciudades como Burgos, Córdoba o Alcalá de Henares, que han aprobado recientemente mociones para prohibir el burka (velo integral) o el niqab en sus dependencias, a pesar de que carecen de respaldo jurídico. El Tribunal Supremo ya se pronunció en contra en 2013 y tumbó el intento de veto del Ayuntamiento de Lleida. Como en el resto de consistorios, el de Sevilla aprobó este jueves una moción “para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro”, pero admite que está a la espera de un informe jurídico que lo avale. El de Alcalá de Henares (PP) lo encargó hace un mes y aún está a la espera de recibirlo.
El juzgado de Instancia de Montoro (Córdoba), donde se instruye el caso del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), ha revisado por iniciativa propia el área del siniestro, en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y se ha topado por sorpresa con más metros de vía, sobre lo previsto, repuestos en las últimas jornadas por el gestor de la infraestructura Adif. La compañía, dependiente del Ministerio de Transportes, avisó al órgano judicial el 2 de marzo, por correo electrónico, de su intención de retirar 36 metros de carril de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz, concretamente en en el kilómetro 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid), a centenares de metros del punto negro. Tras una inspección ocular realizada el pasado martes día 17, el juzgado ha constatado la presencia de otro segmento de “más de 42 metros de vía también retirada y de la que no se informaba en el correo de fecha 2 de marzo de 2026 [remitido por Adif al juzgado]”.
La guerra de Irán ha cambiado todo el escenario, también el de la política española. Todo está en movimiento y cada uno juega sus bazas. Pedro Sánchez ha aprobado un gran paquete de 80 medidas en un decreto para paliar los efectos económicos del conflicto, de hasta 5.000 millones de euros, el “mayor escudo de toda Europa”, según el presidente, centrado sobre todo en bajadas de impuestos muy relevantes en energía. Pero a la vez también se ha visto obligado a conceder a Sumar un segundo decreto con la congelación de alquileres que exigía el grupo de Yolanda Díaz, que llegó a paralizar más de dos horas el Consejo de Ministros en un plante inédito en la coalición que se saldó con un acuerdo ya empezada la reunión.
La percepción de los españoles sobre la sanidad pública vuelve a caer. Según el último Barómetro Sanitario del CIS, publicado este viernes, la valoración general del funcionamiento del sistema sanitario público roza el aprobado, con un 6,02 sobre 10, y aunque sigue siendo positiva, pierde unas décimas respecto al año pasado. Este descenso sostenido, que empezó durante la pandemia, se ha acentuado en los últimos años. Las distintas oleadas del barómetro muestran que los datos actuales siguen por debajo de 2019, cuando un 72,1% de los ciudadanos tenía una opinión positiva del sistema sanitario, casi 20 puntos por debajo de la cifra actual del 51%, según las nuevas estadísticas.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha descartado abrir la vía disciplinaria contra su predecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, por la condena a dos años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por revelar secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En cambio, sí ha acordado abrir un expediente gubernativo respecto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
“Me hizo pensar mucho”, reconoce Salvador Illa, presidente de la Generalitat, cuando le muestran un vídeo viral en el que varios jóvenes catalanes no saben responder quién preside la Generalitat. “Los jóvenes son el futuro de Cataluña y la Generalitat tiene muchas cosas a decir sobre el futuro en educación, vivienda, movilidad, y por tanto tenemos que corregirlo”, añade el president.
La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de búsqueda en León para tratar de hallar a Meriam H. O., de 15 años, desaparecida el pasado 12 de marzo. La joven, tal y como han informado a EL PAÍS desde la Subdelegación del Gobierno en León, avisó a su madre de que se iba a ir, por tanto, es una desaparición voluntaria. A pesar de ello, se ha constituido el dispositivo de búsqueda porque es una menor. Aunque lleva varios días desaparecida, el operativo no se puso en marcha hasta el jueves 19, puesto que fue el día en el que se interpuso la denuncia.