Mientras el Gobierno perfila el decreto de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán que Pedro Sánchez dará a conocer este viernes, el Partido Popular busca poner el foco en sus propias propuestas, desgranadas y registradas en las Cortes hace una semana. El PP impulsó este miércoles una votación en el Senado, donde goza de mayoría absoluta, para que el resto de los partidos se pronunciasen sobre el paquete planteado por Génova. El grupo popular también presentará en la Cámara alta una ley que incorporará el contenido de su plan, centrado en la rebaja de impuestos. Y Alberto Núñez Feijóo se lo trasladará además este jueves a sus socios en Bruselas, adonde viaja Feijóo para participar en la cumbre del EPP previa a la reunión de jefes de Estado del Consejo Europeo. En paralelo, el líder de la oposición no aclara si su formación apoyará o no el decreto que elabora La Moncloa. “No conocemos por dónde van a ir”, señalan fuentes del gabinete de Feijóo. “No se le ocurra traer otro decreto ómnibus”, advirtió el propio líder del PP durante la sesión de control.
El volumen total de ingresos computados por los prestadores de servicios audiovisuales en España alcanzó los 2.957 millones de euros durante el ejercicio 2023. De este montante, las compañías destinaron un importe total de 544 millones de euros a la financiación anticipada de obra audiovisual europea y nacional, cumpliendo así con las obligaciones impuestas por la Ley General Audiovisual, el nuevo marco regulatorio que obliga a las plataformas extranjeras a financiar al cine español. Este despliegue financiero, supervisado por Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se repartió estratégicamente entre el cine y la televisión, aunque fueron las series las que acapararon el protagonismo absoluto al absorber el 71,3 % de dicha inversión, consolidándose como el motor principal de la producción nacional y europea en el mercado español.
Un buque cisterna ruso que transporta gas natural licuado se encuentra a la deriva en el Mediterráneo y con un enorme agujero en una de sus bandas, después de un ataque con drones marinos del que Rusia responsabiliza a Ucrania. El Arctic Metagaz, un barco de 277 metros de eslora, forma parte de la flota fantasma del Kremlin, con la que Moscú trata de burlar las sanciones impuestas a sus hidrocarburos por la guerra a gran escala, una maraña de buques con bandera de terceros países con los que oculta el origen de su carga y la disfraza para ponerla en el mercado. El barco estaba cerca de aguas maltesas e italianas y ahora se va en dirección a Libia.
Kiko Matamoros (Madrid, 69 años) y María José Giaever, Makoke (Málaga, 56 años), se han visto las caras este miércoles 18 de marzo en la Audiencia Provincial de Madrid. Ocho años después de hacer pública su separación tras 20 años de relación, la expareja de colaboradores de televisión ha coincidido en la misma sala del tribunal para hacer frente a las acusaciones de ocultar su patrimonio a Hacienda para eludir embargos por su deuda con la Agencia Tributaria entre 2009 y 2014, con el fin de no pagar una deuda que superaría el millón de euros. Tal y como se conoció la semana pasada, la Fiscalía pide cinco años y seis meses de cárcel para Matamoros, a quien considera el cerebro de la operación, y cuatro años para su exmujer, a la que considera una cooperadora necesaria. Además, él se enfrenta a una multa de 33.000 euros y al pago de 636.697 euros en concepto de indemnización a la Agencia Tributaria; y ella, a una multa de 30.750 euros y responsabilidad conjunta en el pago de otros 471.900 euros al fisco.
El Tribunal Supremo ha reclamado formalmente al Gobierno lo que ya plasmó hace unas semanas en una sentencia: una reforma del Código Penal para que se considere delito el abandono de personas con discapacidad física que requieran cuidado. El presidente de la Sala Segunda (Penal), Andrés Martínez Arrieta, ha dirigido una carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que solicita este cambio, que implicaría modificar el artículo 229 del Código Penal para que el delito de abandono, que ahora solo protege a los menores o personas con discapacidad intelectual, se extienda a las personas con discapacidad física. “El pleno de la Sala II de este tribunal no ha identificado ninguna razón que pueda justificar la exclusión de las personas con este tipo de discapacidad del ámbito de protección de la norma que, como se precisa en la sentencia, se limita exclusivamente a las personas con discapacidad intelectual”, recoge la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
