La Unión Europea sigue sumando nombres a su ya kilométrica lista de sancionados por la guerra de Rusia contra Ucrania. Los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros aprobaron el lunes imponer medidas restrictivas a nueve militares rusos implicados en la masacre de 2022 en la ciudad ucrania de Bucha y en otros puntos de la región de Kiev. Entre los nombres de los sancionados —que tendrán prohibido pisar suelo europeo y verán congelados sus bienes y activos en Europa— está el del oficial militar ruso de mayor rango sobre el terreno en Ucrania al comienzo de la invasión a gran escala.
Cientos de personas han muerto en la noche del lunes en un ataque aéreo contra un centro médico de Kabul. El Gobierno de los talibanes, que cifra en más de 400 muertos y 250 heridos el balance de víctimas, ha acusado del bombardeo a Pakistán, con quien mantiene desde hace semanas un conflicto armado fronterizo. Islamabad ha negado el ataque al complejo, un centro de rehabilitación para drogadictos, aunque sí admite que ha bombardeado “con precisión instalaciones militares e infraestructura de apoyo a los terroristas” en Kabul y en la provincia de Nangahar, en la frontera este del país. Naciones Unidas ha reclamado este martes una investigación “independiente” y “transparente” sobre la explosión.
La multinacional catalana Puig ha dado un paso adelante en el proceso de sucesión en la cúpula de la compañía al nombrar a Jose Manuel Albesa como consejero delegado. Marc Puig dimite de ese cargo pero se mantiene como presidente ejecutivo, según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nombramiento de Albesa, ajeno a la familia, se produce cuando la empresa está a punto de lanzar su nuevo plan estratégico, después de cerrar el programa para el periodo de 2021-2025 habiendo cumplido con los objetivos fijados. La firma, castigada en Bolsa prácticamente desde su salida, ha remontado un 3,63% este martes.
También de la penuria puede surgir coraje. El Gobierno laborista del Reino Unido, empeñado en impulsar un crecimiento económico que se le resiste y amenazado en las urnas por la sombra de la ultraderecha, ya no tiene miedo a resucitar los fantasmas del Brexit. La ministra de Economía, Rachel Reeves, ha defendido este martes la necesidad de un mayor alineamiento de las normas comerciales británicas con las de Bruselas, una idea que ha sido durante estos años la bestia negra de los euroescépticos conservadores. Para ellos, acompasar la regulación nacional con la del bloque económico del que más dependen las empresas del Reino Unido era una muestra de vasallaje y renuncia a la soberanía.
