Home Investigacion en Intelligencia Artificial y Desarrollo de Algoritmos Desarrollo de Energia Nuclear y Avances en Fisica Nuclear Innovacion en Tecnología de Vanguardia

Fany Saire tiene 50 años y lleva una década utilizando el tren para desplazarse diariamente de Sils (Girona) hasta Barcelona. Es autónoma, trabaja limpiando despachos y los retrasos de Rodalies condicionan su jornada laboral y , en definitiva, su vida. La huelga ferroviaria de este martes ha trastocado -una vez más- sus planes. “No llego a buscar a mi hija al colegio. Siempre tengo que pedir favores a otras madres, voy tarde a trabajar y venir en coche no es una opción. No sé dónde aparcarlo sin arruinarme”, lamenta. Saire mantiene que en esta década de usuaria de Renfe los problemas ferroviarios solo han hecho que crecer. “Tengo mi abono mensual lleno de devoluciones porque no cumplen el servicio, pero eso a mí no me sirve de nada”, denuncia. Su diagnóstico resume el hartazgo de los pocos viajeros que quedan en Rodalies: “Es una tortura constante”.




EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

La Unión Europea ha pasado de expresar sus dudas y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda a considerarla un socio fiable al que enviar a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada y tengan una orden de expulsión en vigor. Este giro ha permitido que Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria hayan anunciado la apertura en este país africano del primer centro para la deportación de migrantes fuera de las fronteras europeas. La clave está en la entrada en vigor, el pasado mes de octubre, del Reglamento de Retornos, que autoriza las expulsiones a países que cumplan el derecho internacional, pero no establece que deba ser un “país seguro” con criterios claros de respeto a los derechos humanos.
No hay drama, nostalgia ni despedidas. A las cuatro en punto ―la hora en la que entra en vigor el toque de queda impuesto en la ciudad de Sloviansk, en la provincia ucrania de Donetsk—, Irina Baladina se prepara, coge el bolso, unas botellas de agua y sale del supermercado que administra desde hace tres años, cuya puerta está cubierta por chapas de madera. Hoy es su último día. En la calle se topa con los cuatro perros callejeros que diariamente mendigan comida de los cada día más escasos compradores y con unos cuantos vecinos que regresan a casa tan deprisa como ella.
El temor es real entre los fabricantes de armas europeos. A mediados del pasado abril, el Ministerio de Defensa ruso publicó en su perfil de la red social Telegram dos imágenes con dos listados. Uno de ellos contenía el nombre y dirección de una decena de productores de material militar con destino, según Moscú, a Ucrania. Entre ellos aparecía una empresa con sede en Madrid. La otra fotografía incluía una relación de 11 sucursales de fabricantes ucranios en Europa con instalaciones en Londres, Múnich, Riga y Praga, entre otras ciudades. Si cabía alguna duda sobre el motivo de esta publicación, el subdirector del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, afirmó aquel mismo día que las firmas mencionadas podrían ser “objetivos”. EL PAÍS acudió recientemente en la capital letona a una de estas direcciones. En efecto, saben que están en la diana y no quieren aparecer en mapa alguno. El precedente que más asusta está cerca: Estonia.
Después de décadas de conferencias internacionales sobre el cambio climático y de compromisos de reducción de emisiones, ¿qué ha pasado con los gases de efecto invernadero en España? En el caso de las empresas, según un nuevo informe del Observatorio de Sostenibilidad (OS) sobre la descarbonización del país, las más contaminantes en términos climáticos, Endesa y Repsol, han tenido una evolución muy diferente: desde 2008 la primera ha reducido las emisiones de sus plantas energéticas un 39%, mientras que la segunda las ha aumentado un 10%.
¿Es posible dar la espalda a la política a escasos días de las elecciones, cuando las lluvias colapsan los campamentos de desplazados en Gaza y en cualquier red social se encuentran vídeos de las violentas cargas policiales contra los manifestantes de la huelga por la vivienda? En las aplicaciones de citas, al parecer, sí. Apps como Hinge permiten a sus usuarios definir sus posturas políticas como carta de presentación, pero no es raro encontrar a hombres que se definen como apolíticos. Algo que puede ir en contra de la puntería de Cupido, pues la aplicación para encontrar pareja Bumble tiene un informe realizado a través de Ipsos Digital que dictamina que el 16% de españoles afirma que compartir las creencias políticas es una prioridad clave. También indica que el 22% de mujeres ha roto con alguien por no estar de acuerdo con sus creencias políticas. Por su parte Okcupid señala que el 86% de las mujeres no saldrían con alguien que no apoyara la igualdad de género. Es decir: en el amor, la política importa. Y mucho. Pero, ¿es realmente posible ser apolítico o quien dice serlo está realizando el acto más político posible?
Hay líneas rojas en la política de inmigración que no deberían cruzarse a la ligera. Un grupo de países europeos acaba de hacerlo. Alemania, Dinamarca, Austria, Países Bajos y Grecia anunciaron este lunes la creación de un “centro de retornos”, como lo denominan sus promotores, destinado a recibir a inmigrantes sin derecho a quedarse más tiempo en la UE. A partir del año próximo, estos cinco estados empezarán a expulsar a Ruanda a extranjeros a los que, pese a haber visto denegada su solicitud de asilo y haber agotado todas las vías de recurso, las autoridades no podían devolver a sus lugares de origen. El objetivo es tanto reducir el número de inmigrantes irregulares como disuadir a aquellos que quieran entrar en Europa. Pero el plan abre una senda peligrosa, porque compromete a la vez los principios de Europa y sus intereses. Los precedentes arrojan interrogantes sobre la eficacia de este tipo de medidas. Y se hace difícil ver cómo se puede externalizar la gestión de la inmigración sin poner en riesgo las garantías democráticas y los derechos de los afectados.

Las recientes victorias democráticas en Brasil, Israel y Serbia, así como en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, que constituyeron grandes reveses para las fuerzas autocráticas, han llevado a algunos analistas a considerar que estamos ante un “punto de inflexión” en la crisis de las democracias liberales en todo el mundo. En realidad, lo que nos muestra el panorama general es muy distinto.
Los sondeos electorales se quedan a menudo obsoletos porque entre el momento en que se tomó la muestra y el día en que se publican los datos ya ha sucedido algo que habría variado seguramente los resultados. Por eso se suele advertir: “La consulta se hizo cuando aún no se conocía…” tal cosa, tal accidente, tal declaración, tal medida. Es decir, hechos que habrían podido alterar los datos si se hubieran obtenido las respuestas unos días después. Y siempre hay alguno.