Martes, 23 de junio. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aterriza en Abu Dabi con un mensaje claro: el estrecho de Ormuz, dice, es una “autopista marítima internacional” y, como tal, “ningún país puede cobrar peajes o tasas” en ella. “Es lo que dice la legislación internacional, lo que ocurre en otras vías marítimas alrededor del mundo y lo que esperamos que suceda allí también”. Sus palabras tienen varios destinatarios: Emiratos Árabes Unidos, el país amigo que visita, y el resto de exportadores de hidrocarburos del golfo Pérsico podrán exportar sin cortapisas. Y, por supuesto, Irán, que —según sus palabras— no podrá hacer caja con los barcos que transitan por esa vía clave para el transporte de petróleo, gas y los derivados de ambos.
Imágenes satelitales reveladas en marzo muestran un camión de plataforma plana transportando unos sospechosos barriles azules en un paraje desértico. Le escoltan tres vehículos de seguridad hasta la entrada del complejo de túneles subterráneos de Isfahán, los búnkeres que forman parte de las instalaciones nucleares de Irán. “¿No es momento de entusiasmarse? ¿Traslado de una carga considerable de uranio altamente enriquecido a plena luz del día?”, ironizó en sus redes sociales Olli Heinonen, antiguo jefe del Departamento de Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ante la publicación de las fotografías por el diario francés Le Monde.
El periodista franco-marroquí Ali Lmrabet permanece arrestado e incomunicado desde la tarde de este domingo, cuando aterrizó en Tánger de un vuelo procedente de Barcelona, ciudad en la que mantiene su residencia. “He podido hablar dos veces con él. Está sereno y firme en sus convicciones. Ali se considera secuestrado por el ejercicio de su profesión”, cuenta en conversación telefónica Laura Feliu Martínez, mujer de Lmrabet y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona.
El reconocimiento del genocidio armenio, un paso que acaba de dar Israel, siempre ha sido mucho más que una cuestión de memoria histórica. Los Estados no reconocen genocidios solo porque, de pronto, descubran la verdad. La verdad estaba ahí. Los supervivientes hablaron durante décadas. La diáspora armenia empujó, escribió, presionó y recordó una y otra vez. Si el respeto a las víctimas hubiera bastado, el reconocimiento habría llegado hace mucho tiempo. Lo que cambia es el momento político: el coste de incomodar a Turquía y la utilidad de convertir una memoria ajena en un mensaje diplomático propio.
Cinco vehículos policiales y dos camiones de bomberos indicaban este martes que algo grave había sucedido en la urbanización ubicada en el número 4 de la calle de Cirauqui de Madrid. En esta zona acomodada, sede de grandes empresas y poblada de fincas con piscina, no son habituales los altercados. Poco después de las diez de la mañana, una escala de los bomberos se elevaba hasta el sexto piso del bloque E y accedían a la vivienda de más de cien metros cuadrados por la ventana. Allí, en el suelo de la cocina, estaba Facundo R., de 37 años, con 13 puñaladas, algunas en la espalda, lo que descartaba el suicidio casi desde el principio. En las paredes, restos de una sustancia desconocida, que resultó ser gas pimienta. Al lado del cuerpo, un cuchillo de 20 centímetros, la posible arma homicida.
Cuando el 9 de junio, el tribunal dejó visto para sentencia el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas, la impresión entre los abogados de las defensas y las acusaciones populares era que el sentido del fallo dependía en gran medida de la valoración que los tres magistrados hicieran de dos elementos: los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sostenían que hubo irregularidades en la creación de un puesto de trabajo para el familiar de Pedro Sánchez y otro para un amigo suyo, y la treintena de testimonios que durante el juicio habían contradicho, precisamente, las conclusiones de aquellos. El fallo, conocido este martes y que condena a pena de inhabilitación a los 11 acusados, deja claro que los jueces optaron por el documento policial.
La Constitución española reconoce al poder judicial el monopolio para impartir justicia atribuyéndole la capacidad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta forma de poder parece muy robusta y, en parte, lo es. Basta con apreciar la capacidad que tiene el sistema para hacer efectivas las consecuencias de sus decisiones. Con todo, las fisuras de ese poder se perciben también de manera nítida cuando lo que rodea a algunos procesos resulta difícil de entender desde el argumento jurídico. Quién impulsa la causa y contra quién o el sentido de aquellos pronunciamientos judiciales de difícil (o imposible) comprensión son solo algunos elementos que no pueden obviarse en el debate sobre la confianza en la justicia.
Una mujer despierta de una cirugía de aumento de pecho con una presión feroz sobre el tórax. No puede incorporarse. No puede levantar los brazos para recogerse el pelo, retirar el mechón que el esfuerzo ha pegado en su frente. Cada respiración parece encallarse en algo que alguien ha escondido dentro de ella mientras dormía. No puede abrazar a la amiga que ha venido a verla. Bajo la piel, dos implantes han sido depositados como en otras épocas los amuletos: con la esperanza de que algo no se pierda.
“Mete tripita”, me dijo el fotógrafo con la mejor de sus intenciones, esas que adoquinan el camino al infierno. Me negué: mi tripa soy yo. Ante mi obstinación, el fotógrafo se aplicó lo de Mahoma y la montaña y ensayó varios ángulos aberrantes hasta que encontró uno (él, medio subido a un árbol, buscando un contrapicado) en el que no se me notaba la tripa. Mira qué flaco sales, proclamó, satisfecho. Le di las gracias por la liposucción radical que acababa de hacerle a mi imagen, pero por dentro me sentí traicionado, como si me hubiesen secuestrado y despertara de una anestesia con un riñón menos.
