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Los jóvenes de la generación Z (entre los 15 y los 30 años aproximadamente) solo ven la hostelería como un empleo provisional. Al sector le reclaman horarios más previsibles, estabilidad laboral y mejores salarios para entrar a formar parte de sus plantillas, que actualmente aglutinan a 1,9 millones de ocupados de todas las edades con condiciones a menudo precarias, según el II Barómetro sobre Hostelería. El estudio, que han presentado este jueves en Sevilla la Fundación Cruzcampo y la Cámara de Comercio de la ciudad, señala que el 71% de los jóvenes encuestados ven la hostelería como un trabajo de paso; y el 87% exigen horarios más ordenados para tener vida más allá del trabajo.

Un tribunal federal canadiense ha decidido revocar la ciudadanía a un militar guatemalteco señalado de participar en una masacre ocurrida en 1982 en Guatemala, en la que fueron asesinadas más de 250 personas. Se trata de Jorge Vinicio Sosa Orantes, un ex subteniente y miembro de las fuerzas especiales kaibiles, el cuerpo de élite del Ejército guatemalteco tristemente célebre por cometer atrocidades durante la guerra civil que desangró al país centroamericano y cuyas heridas aún siguen abiertas.
Durante las últimas semanas, el mercado cripto parecía un oasis de calma. Cuando estalló la guerra en Irán, los activos digitales fueron los primeros en reaccionar con caídas, ya que cotizan las 24 horas, los siete días de la semana. Pero sus retrocesos fueron más moderados respecto a las Bolsas: bitcoin, que suele amplificar las caídas de las acciones estadounidenses, aguantó el pesimismo en los mercados. Las caídas de las grandes tecnológicas durante los primeros días del conflicto no lo arrastraron consigo; al contrario, logró incluso retomar su senda alcista. Después de meses estancado, rozó los 76.000 dólares el pasado martes. Pero tras la reunión de la Reserva Federal, que optó por mantener los tipos sin cambios, y los ataques de Irán a varias instalaciones energéticas, las criptomonedas no han aguantado la presión ni han podido aguantar el deterioro del sentimiento externo y han sucumbido a la volatilidad: bitcoin cae un 7% en dos sesiones y vuelve a situarse debajo de los 70.000 dólares.
La imagen de un niño con gorro de conejo y una mochila de Spider-Man, rodeado de agentes federales, no solo recorrió Estados Unidos: se convirtió en símbolo de una política migratoria cada vez más agresiva. Liam Conejo Ramos, de cinco años, pasó de ser un estudiante de preescolar en Minnesota a una de las caras más visibles del endurecimiento migratorio impulsado por la Administración de Donald Trump. Ahora, su caso entra en una fase decisiva. El juez federal de inmigración John Burns ha negado la solicitud de asilo de su familia, lo que ha abierto la puerta a su deportación, aunque el proceso aún no está cerrado.
Los hermanos Escribano han renunciado a vender su empresa familiar a Indra, compañía de referencia en el sector de la defensa, según han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La decisión se produce después de que la pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Indra con un 28% del capital, anunciara que existe un conflicto de interés insalvable para seguir adelante con la adquisición, y condicionara el futuro de la misma a que Ángel Escribano abandonara la presidencia. Escribano es propietario, junto con su hermano Javier, del 14,3% del capital social de Indra, además de dueño del 100% de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
El Departamento de Defensa —o de Guerra, como prefiere denominarlo la Administración de Donald Trump— pedirá al Congreso estadounidense una descomunal partida extraordinaria, de 200.000 millones de dólares, para financiar la guerra contra Irán. Así lo ha confirmado este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, en una rueda de prensa en el Pentágono: “Hace falta dinero para matar a los malos”, ha apuntado el alto cargo, que en un mensaje triunfalista asegura que la guerra transcurre según “lo planeado”, pero no ha querido dar plazos para su final.
Air Europa tiene derechos de crédito frente al Estado venezolano por importe de unos 205 millones de dólares debido a “la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013″ a causa de las restricciones cambiarias en la nación caribeña. La aerolínea contrató al presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, para resolver este asunto pero sin éxito, por lo que no llegó a cobrar por este trabajo.