Los dos grandes hitos de la carrera del periodista estadounidense Martin Marty Baron tienen que ver, cada uno a su manera, con la luz. Está Spotlight (el foco), el equipo de investigación que destapó los abusos sexuales de la archidiócesis de Boston cuando Baron era director del Globe, el gran diario de la ciudad. Y está también el eslogan “La democracia muere en la oscuridad”. Lo colocó hace nueve años —y se imprime aún cada día— bajo la mancheta de The Washington Post, periódico que el galardonado con el Premio Ortega y Gasset este año dirigió con brillantez entre 2013 y 2021.
Si se te llena la boca con la palabra libertad deberías entender que un artista que acude a una gala aproveche su momento para agradecer la suerte que lo llevó hasta allí y para denunciar la injusticia como un ciudadano. La denuncia ha sido consustancial al arte, así que no hay que extrañarse de que los cómicos, que se movieron con frecuencia en los márgenes de la sociedad, sientan una identificación mayor con quien es vapuleado. Si lo que dices es que la gente del cine se ve presionada a manifestarse acerca de ciertas causas porque sus compañeros lo hacen, te diría que son oficios gregarios, lo son, porque es una profesión de gente vulnerable que necesita sentir el calor del grupo y unos influyen en otros de manera natural. Hay un lazo invisible que los une, y solo cuando pasas tiempo entre ellos entiendes ese calor que les protege. Si lo que piensas es que así consiguen más trabajos, subvenciones, o ventajas, te diré que jamás he conocido a un actor o actriz que logre más papeles por manifestarse contra una guerra, por la causa palestina, la feminista o la que fuere. No creo que a la hora de definir un reparto se considere la ideología del artista. Solo hay que ver películas de Berlanga, tan llenas todas de secundarios, para observar que convivían criaturas de todo pelaje. Si crees que elegir el momento de una fiesta como los Goya para denunciar la inhumanidad beneficia y no pasa factura, te equivocas, porque parte del público, que posee ya prejuicios contra el cine español, los agrandará aún más y colocará a quien lució una chapa reivindicativa en la casilla de los rebeldes paniaguados. Si a nadie le gusta caer mal, a quien hace un trabajo público mucho menos.
El consejo que acabó llevándose los titulares fue el del viernes, el extraordinario para aprobar las medidas frente a la guerra, que estuvo bloqueado más de dos horas por un plante de Sumar. Pero el que tuvo más carga política fue el del martes. Como estaba previsto, Carlos Cuerpo hizo un análisis de la situación económica y las consecuencias de la guerra. Y fue muy suave. Vino a decir que serían leves si la guerra es corta. No puso ningún dramatismo. Cuerpo es un técnico que ha dado el salto a la política, habla pausado, y evita hacer aspavientos. Después habló Yolanda Díaz, en tono más político, y pidió ponerle “alma” al mensaje hacia los ciudadanos que sufren las consecuencias. Y ahí Sánchez, que cerró el debate, lanzó, según varios de los presentes, unos de los discursos con más contenido político de fondo de los que le han escuchado sus ministros en estos casi ocho años.
El mensaje del rey Felipe VI sobre que en la colonización de América “hubo mucho abuso” y “controversias éticas” por parte de los conquistadores españoles no fue en absoluto improvisado: contó y cuenta con el respaldo del Gobierno y del PP, “al que se puso al corriente”, como confirman todas las partes implicadas. En la Casa Real catalogan la “recuperación de la relación institucional” perdida con México como una “operación de Estado”. Felipe VI persigue que México acuda en noviembre a la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid y ha efectuado gestiones directas con los mandatarios de Chile, Argentina y otros países de la zona para recuperar la utilidad de esas reuniones, tras el fracaso de la cita del año pasado en Ecuador. El PP de Alberto Núñez Feijóo reafirma que “nunca critican a su majestad” y tampoco sobre esas palabras, que sí fueron cuestionadas por la popular Isabel Díaz Ayuso.
Tras un alegato por “la unión”, “la paz” y “la libertad” del pueblo español, Santiago Abascal cerró su discurso con dos vivas, cada uno acompañado de un golpe de cabeza.
Horas después de que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y la inspectora que le ha denunciado por agresión sexual declararan por primera vez ante el juez que investiga el caso, el abogado de ella, Jorge Piedrafita, estaba sentado en un plató de televisión. Rodeado de periodistas, iba contestando a sus preguntas sobre lo ocurrido ese día en los juzgados, incluidos detalles de un audio sobre la presunta violación. No es una escena inusual. Casi cualquier mañana televisiva tiene su dosis de casos judiciales mediáticos con letrados entrando y saliendo de los programas. Los abogados ganan visibilidad, sus casos irrumpen en el debate público, se desmenuzan en las tertulias y sus protagonistas se convierten en personajes de una trama.
Hace seis años, un grupo especializado de guardias civiles analizaba los mensajes intercambiados el 20 de abril de 2020 entre dos personas a las que se investigaba por narcotráfico y a los que los agentes habían tenido acceso. Uno de los interlocutores era Kilian López, cuya empresa, Andgar internacional, con sede en Barcelona, iba a servir supuestamente como tapadera para desembarcar en Algeciras cocaína procedente de Brasil disimulada en un cargamento de café. Uno de sus mensajes decía: “Ahora hemos hecho una operación de dos millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Han pegado un pepinazo que no veas”. Los dos hombres se comunicaban a través de Encrochat, un sistema de mensajería encriptado utilizado, entre otros, por delincuentes que intervino la Gendarmería francesa en junio de ese año y cuya información trasladó a los Estados de donde eran los usuarios. Los especialistas de la Guardia Civil sospecharon al leer la frase. Y empezaron a tirar de un hilo que acabó en una madeja de corrupción con epicentro en la Diputación de Almería, feudo todoporderoso del PP en Andalucía, y cuyos hilos movían “ellos”: el que entonces era su presidente, Javier Aureliano García; su delegado de la Presidencia, Fernando Giménez; y el de Fomento, Medio Ambiente y Agua, Óscar Liria. El “pepinazo”: un contrato de mascarillas con otra empresa de López -Azor corporate-, firmado el 8 de abril de 2020 de abril, por 2.036.186,24 de euros, de los que la UCO estima que “ellos” cobraron comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros.
La última dictadura argentina fue tan atroz que unió a los argentinos en uno de los pocos consensos que resisten la polarización: Nunca Más. Este martes, cuando se cumplen 50 años del último golpe de Estado, miles de personas saldrán a las calles para repudiar el terrorismo de Estado, exigir a los militares que digan dónde están los desaparecidos y reivindicar un proceso judicial que ha condenado a más de 1.200 represores por crímenes de lesa humanidad y sigue abierto. A contramano de la justicia, Javier Milei cuestiona la existencia de un plan sistemático para secuestrar, torturar, desaparecer, asesinar y robar bebés. Defiende, en cambio, que “durante los setenta hubo una guerra” entre el régimen militar y las organizaciones guerrilleras en la que las Fuerzas Armadas “cometieron excesos”. Su reinterpretación del pasado inquieta a quienes ven en ella una señal de la deriva autoritaria de un Gobierno de ultraderecha que criminaliza la disidencia.
Estela Barnes de Carlotto (Buenos Aires, 95 años) es uno de los grandes símbolos de resistencia a la dictadura argentina. Trabajaba como directora de una escuela en La Plata, 60 kilómetros al sur de la capital argentina, cuando el 26 de noviembre de 1977 un grupo de tareas de la dictadura secuestró a su hija Laura, embarazada de dos meses y medio. Su vida se quebró. Abandonó la rutina burguesa de una persona “común y corriente”, como le gusta definirse, y se sumó a la lucha colosal de un grupo de mujeres que buscaba a los bebés nacidos en cautiverio y robados por los militares: Abuelas de Plaza de Mayo. De Carlotto preside la organización desde 1989 y la búsqueda continúa, con una tenacidad que ha cruzado las fronteras de Argentina y es conocida en todo el mundo.
María Isabel Ribot coge el teléfono, pero, tras un intercambio fallido de frases, se lo pasa a José Luis Barranco, su marido: “Oír, oye, pero no entiende”. Ella tiene 74 años y comenzó a notar que perdía audición hace “cinco o seis”. El nombre médico de la dolencia es presbiacusia, que recuerda al nombre de la vista cansada (presbicia), pero se refiere al oído. Afecta a una de cada tres personas mayores de 60 años y hasta al 75% de las de más de 80, con grados variables de discapacidad. En España hay más de 13 millones mayores de 60 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística.