La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles, por amplia mayoría, la resolución impulsada por Ghana y respaldada por la Unión Africana que declara “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos” como “el crimen más grave contra la humanidad”. A pesar de no ser un texto vinculante, tiene un enorme peso político y se considera un hito histórico en la lucha por el reconocimiento y las reparaciones por los delitos de los que fueron víctimas al menos 12,5 millones de personas a lo largo de 300 años.
Meta y YouTube han sido declaradas culpables de generar adicción entre los menores y de engancharles en sus plataformas. Así lo afirma la decisión del jurado en el caso, pionero en Estados Unidos, que arrancó a finales de enero en Los Ángeles, California, en el que se ha tratado de poner de relieve la implicación de las empresas tecnológicas en la adicción de los niños y adolescentes a las redes sociales. Tras complejas deliberaciones por parte del jurado, que se han extendido durante más días de lo esperado, finalmente han dictaminado que tanto Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, como la plataforma YouTube son “negligentes” y que usaron su diseño para causar dependencia en los menores.
Nadie levantó una voz este miércoles en el Congreso para defender la guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Ni siquiera Santiago Abascal, que esquivó el conflicto —el tema del orden del día—e hizo como si no existiese ese presidente estadounidense que lo designó su socio en España. Tampoco Alberto Núñez Feijóo pronunció el nombre de Trump mientras confirmaba que el PP ha pasado de la comprensión hacia la aventura bélica a suscribir el “no a la guerra”. Una postura compartida por todo el resto de la Cámara, desde EH Bildu a UPN.
La derrota de Giorgia Meloni en el referéndum para una reforma constitucional de la magistratura ha hecho tambalearse por primera vez a un Gobierno que presumía hasta ahora de ser uno de los más estables de la historia reciente italiana. De improviso y con cierta sorpresa, se ha roto la sintonía con el electorado que le dio mayoría absoluta en 2022, a causa de un malestar oculto que no aparecía en el radar. De pronto, la primera ministra se ha sentido frágil y se ha visto obligada a reaccionar y, según lo que trasciende en medios italianos, con un enfado monumental.
María Jesús Montero, pieza clave en el núcleo duro de Pedro Sánchez, los últimos tres años como número dos del Ejecutivo y del PSOE de forma simultánea, ha tenido una despedida mucho menos plácida del Congreso en su última sesión de control como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que el reconocimiento emotivo que le brindó el martes el Consejo de Ministros. “Usted es la persona más soberbia de la historia y la peor ministra de Hacienda que ha tenido nuestro país”, le ha dedicado Ester Muñoz, la portavoz popular, que ha llegado a acusarle de “traicionar” a su país. “Ladran, luego cabalgamos”, le ha dedicado Montero sus últimas palabras a la bancada de la oposición, a la que ha instado a hacer una política “para adultos” como prometió Alberto Núñez Feijóo cuando fue nombrado líder del PP.
Ocurrió el pasado viernes. Durante el concierto de Santiago Auserón (Zaragoza, 71 años) en el Real Teatro de San Fernando (Cádiz), los espectadores observaron que el artista parecía sentirse mal: perdía el hilo de sus comentarios y no remataba los temas. Decidió continuar pero el resultado fue insatisfactorio, tanto para el público como para el protagonista, que se presentaba en solitario.
En el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha sucedido algo inusual. La nueva presidenta de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, María Azucena Recio, ha acordado mover a cuatro magistrados entre secciones sin que ellos estén de acuerdo, según denuncia Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). La asociación asegura que se trata de un traslado forzoso que atenta directamente contra la garantía de inamovilidad de los jueces, nota fundamental de la independencia judicial. Recio aduce en la mayoría de los casos “razones organizativas”. En cambio, la asociación y el entorno de uno de los jueces, Luís Villares, en cuyo caso la presidenta alega que su imparcialidad se ha visto afectada por varias recusaciones, denuncian que la verdadera razón de estos movimientos es “la presión” ejercida por “el lobby de las eólicas”. Villares y otra magistrada, María Dolores López, se ocupaban de estos casos en la sección tercera, un órgano que ha paralizado decenas de proyectos eólicos con fuertes críticas de la Xunta del PP y de la patronal.