La Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región un total de 427 millones de euros, según el informe anual del ejercicio 2025 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. Eso convierte a la Administración autonómica en el segundo principal deudor del conglomerado con un 12% del total de la deuda. Las cuentas de Fresenius, que deben ser auditadas cada año porque es una empresa cotizada, reflejan que el pasivo de Madrid se ha reducido a toda velocidad desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder: de los 1.004 millones con los que se cerró 2019 a los 427 con los que acabó 2025, su nivel más bajo desde que la compañía española forma parte de la alemana (2017) y un 6% menos que el año anterior. El recorte es, por tanto, de 577 millones en siete años. Una cifra que no es neta: Madrid ha podido satisfacer mucho mas dinero por deudas antiguas, mientras generaba otras nuevas, hasta llegar a ese balance.
El presidente de Indra, Ángel Escribano, resiste por el momento el pulso lanzado desde el Palacio de La Moncloa. Según han confirmado fuentes cercanas a la compañía, el principal directivo de la empresa continuará en su cargo, al igual que José Vicente de los Mozos, consejero delegado de la cotizada, un escenario que estaba en duda después de que el consejo de administración se reuniera este miércoles en medio de una enorme tensión tras colapsar la integración entre la propia Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles, por amplia mayoría, la resolución impulsada por Ghana y respaldada por la Unión Africana que declara “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos” como “el crimen más grave contra la humanidad”. A pesar de no ser un texto vinculante, tiene un enorme peso político y se considera un hito histórico en la lucha por el reconocimiento y las reparaciones por los delitos de los que fueron víctimas al menos 12,5 millones de personas a lo largo de 300 años.
Meta y YouTube han sido declaradas culpables de generar adicción entre los menores y de engancharles en sus plataformas. Así lo afirma la decisión del jurado en el caso, pionero en Estados Unidos, que arrancó a finales de enero en Los Ángeles, California, en el que se ha tratado de poner de relieve la implicación de las empresas tecnológicas en la adicción de los niños y adolescentes a las redes sociales. Tras complejas deliberaciones por parte del jurado, que se han extendido durante más días de lo esperado, finalmente han dictaminado que tanto Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, como la plataforma YouTube son “negligentes” y que usaron su diseño para causar dependencia en los menores.
Nadie levantó una voz este miércoles en el Congreso para defender la guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Ni siquiera Santiago Abascal, que esquivó el conflicto —el tema del orden del día—e hizo como si no existiese ese presidente estadounidense que lo designó su socio en España. Tampoco Alberto Núñez Feijóo pronunció el nombre de Trump mientras confirmaba que el PP ha pasado de la comprensión hacia la aventura bélica a suscribir el “no a la guerra”. Una postura compartida por todo el resto de la Cámara, desde EH Bildu a UPN.
La derrota de Giorgia Meloni en el referéndum para una reforma constitucional de la magistratura ha hecho tambalearse por primera vez a un Gobierno que presumía hasta ahora de ser uno de los más estables de la historia reciente italiana. De improviso y con cierta sorpresa, se ha roto la sintonía con el electorado que le dio mayoría absoluta en 2022, a causa de un malestar oculto que no aparecía en el radar. De pronto, la primera ministra se ha sentido frágil y se ha visto obligada a reaccionar y, según lo que trasciende en medios italianos, con un enfado monumental.