Cuando en octubre de 1979 la revolución triunfante nacionalizó las minas en Nicaragua, el decreto se anunció en Siuna, un poblado de la región del Caribe, delante de una asamblea de mineros misquitos, sumos, creoles y emigrados de la costa del Pacífico, que salieron de las galerías para congregarse en el viejo cine del pueblo. En Siuna, parte del llamado triángulo minero junto con Rosita y Bonanza, funcionaba uno de los planteles más grandes, en manos de la Rosario Mining Company.
El escudo social que el Gobierno ha preparado para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo tiene en la energía su principal capítulo. Las medidas fiscales aprobadas, que ascienden a 5.000 millones en descuentos tributarios, siguen la estela de las aplicadas en otras crisis energéticas. Sus efectos son conocidos. Sólo hay que revisar el informe de la Airef que analiza los impactos del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina cuando Putin invadió Ucrania para comprobar que son medidas regresivas que benefician más a quienes menos lo necesitan, que suelen revertir en mayores beneficios para las petroleras y, sobre todo, que van en la dirección equivocada. Se podrá aducir que es una primera reacción, un poner pie en pared para paliar las consecuencias de una crisis que aún no se sabe hasta dónde llegará, pero bien es cierto que el conocimiento adquirido podría llevar a medidas más quirúrgicas.
Al son del bígaro, esa caracola marina convertida en instrumento de viento por el folclore cántabro, Cabezón de la Sal recibió este sábado a Matilde de la Torre. Ochenta años y dos días después de su muerte en el exilio mexicano, sus huesos reposan al fin en casa, cumpliendo su deseo. Volver para descansar en su tierra a la que, como tantos compatriotas expulsados de su patria, no pudo regresar antes de morir.
Yo no creería en el amor irracional a primera vista si con 15 años no hubiese pasado noches enteras llorando a causa de un chico con el que nunca podría tener nada, lagrimones de esos que se deslizan hasta el interior del pabellón auditivo. Lo había visto en una película. Nada más. Interpretaba en ese filme a un estudiante tímido llamado Todd Anderson al que sus padres le habían enseñado que lo único importante en la vida es estudiar y cuyo sistema de prioridades se tambalea al conocer a un profesor algo prognato que le enseña que hay que aprovechar los días y extraerle todo el meollo a la vida.
En una sobremesa, la conversación desemboca enseguida en el tema del momento: ¿pero a este chico lo han matado? La pregunta supone una especie de aldabonazo al amor propio. No importa que los periodistas hayamos contado que las cámaras lo grabaron cayendo, que la autopsia descarte indicios de criminalidad o que prácticamente desde un inicio los Mossos considerasen como hipótesis más probable que fue un accidente. Al final, a la gente en general, a aquella mayoría que escucha las noticias de refilón en la tele, a quienes no siguen ningún medio de comunicación y la información les llega en vídeos de pocos segundos en las redes sociales, les ha quedado la misma música de fondo: a James Gracey lo mataron para robarle el móvil mientras pasaba una noche de fiesta en Barcelona.
Francisco empezó a encontrarse mal en julio de 2024. Tenía 11 años, vivía en Mozambique y, poco a poco, fue perdiendo el apetito y las fuerzas. Los médicos no supieron diagnosticar qué le pasaba. “Nos dijeron que no tenía ninguna enfermedad”, relató su padre meses después en una clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mueda, en el norte del país. No fue hasta una nueva visita al hospital, en marzo de 2025 y tras repetirle las pruebas, cuando llegó el diagnóstico: tuberculosis resistente a los medicamentos. Para entonces habían pasado ocho meses desde los primeros síntomas.
Tres años después de que la ley de cambio climático obligara a las 153 ciudades más grandes de España a instalar una zona de bajas emisiones (ZBE), dos tercios de las urbes siguen sin ponerlas en marcha, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En el último año, tan solo se han sumado ocho nuevas áreas de tráfico restringido, mientras algunos ayuntamientos han apostado por áreas muy pequeñas e ineficaces para cubrir el expediente. Los ecologistas han denunciado a tres urbes por no instalar sus ZBE o hacerlo mal, y estudian más recursos, mientras el Estado sigue sin actuar contra las infractoras, aunque el Ministerio de Transportes pretende retirarles las ayudas al transporte público.
Los bomberos de Loja (Granada, 20.951 habitantes) siguen bajo mínimos a pesar de que una sentencia obligó al Ayuntamiento a dimensionar la plantilla hasta que sea posible tener en todo momento un retén de al menos seis bomberos. Según denuncia Miguel Camacho, bombero y representante sindical de CSIF, el sindicato denunciante, ningún turno supera las cuatro personas. El alcalde de Loja, el popular Joaquín Ordóñez Gámez, reconoce que el retén mínimo es de cuatro y no de seis pero asegura que, en caso de necesidad, pueden llegar bomberos de otras instituciones y que, por otro lado, el Ayuntamiento, que ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no tiene el millón de euros anuales que requerirían los 14 o 15 bomberos nuevos. En cualquier caso, el juzgado original considera que el asunto económico no debe impedir cumplir la sentencia, como tampoco que esté recurrida, y ha emitido ya dos autos instando al municipio a ejecutar la sentencia de obligado cumplimiento según la jueza. A día de hoy, vencidos los plazos de ambos autos ejecutorios, la plantilla sigue exactamente como estaba, sin nuevas incorporaciones.
Hay formas hermosas de mantener viva la memoria y una muy potente es la literatura. Rachid Benzine, nacido en Kenitra (Marruecos) hace 54 años y residente en París desde niño, es politólogo, profesor y experto en pensamiento islámico. Ahora firma la novela El librero de Gaza (Salamandra), una aproximación sensible y culta al territorio vapuleado por Israel.
La instrucción del asesinato de Borja Villacís, el hermano pequeño de la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llegado a su fin y la Fiscalía ya ha redactado su escrito de acusación contra los tres investigados por el crimen. Para Kevin P., el Ministerio Público solicita 46 años de prisión, mientras que para su madre María José E. y el amigo que le acompañó y que presuntamente disparó con él ese día, Ismail L., la petición de pena es de 38 años de cárcel. La fiscalía considera a los tres autores de los hechos con el mismo grado de responsabilidad, pero a Kevin le imputa el intento de homicidio de otro de los amigos de Villacís en la escena del crimen, de ahí la diferencia en la petición de pena.