Atormentado en casa por los malos pronósticos para su partido en las elecciones de abril, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, busca munición en Bruselas para su campaña. El político nacionalpopulista ha puesto de nuevo en jaque a la UE al empeñarse en bloquear el préstamo europeo multimillonario para Ucrania, pese a que el pasado diciembre prometió dar vía libre al resto de Estados miembros para que lanzasen ese necesario salvavidas financiero. Los intentos de las instituciones de la UE y de los líderes de los distintos países para convencerle de que cumpla su palabra han fallado.
El empresario Julio Martínez Martínez, que fue detenido el pasado mes de diciembre en el marco de la investigación sobre Plus Ultra y que es amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un informe médico que le diagnostica depresión y ansiedad para eludir la citación del próximo 9 de abril en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que impulsa el PP. Esta era la tercera vez que el partido de Alberto Núñez-Feijóo trataba de formalizar una comparecencia con Martínez que nunca ha llegado a materializarse porque el Ministerio del Interior alegaba que no encontraba al empresario que está siendo investigado en la Audiencia Nacional. “Estoy de baja médica e imposibilitado de acudir a dicha comisión”, ha esgrimido Martínez en una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Lo que parecía una mano tendida para acercar nuevamente las relaciones entre México y España tras varios años de desencuentros se ha desinflado con la explicación que ha dado la presidenta, Claudia Sheinbaum, este jueves. La mandataria ha confirmado en rueda de prensa que, en efecto, se envió desde su Gobierno una invitación a los partidos del Mundial 2026 que se celebrarán en territorio mexicano a Felipe VI. Sin embargo, ha matizado que el ofrecimiento se le ha hecho a todos los países con los que México tiene relación, entre ellos España, sin referirse a que el gesto fuera un acercamiento para suavizar las relaciones tras las disputas por el perdón por la Conquista que tanto ella como el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, llevan exigiendo desde 2019.
Hace apenas unos días que el crimen en un campo de placas solares que conmocionó a la provincia de Zaragoza el pasado 2 de diciembre ha dejado de estar entre sombras. Francisco H., de 29 años, conocido como Beny, perdió la vida en una zona de monte dentro del pequeño municipio de Plasencia de Jalón, de 325 habitantes y situado a unos 40 kilómetros al oeste de la capital. Unos vecinos encontraron su cuerpo a primera hora de la mañana, medio quemado, en un paraje de difícil acceso y en el que apenas había testigos. Su coche, un viejo Ford Mondeo modelo ranchera, no estaba muy lejos, a unos 600 metros, oculto tras unos arbustos y completamente calcinado. Con la detención de tres hombres vecinos de la comarca de Valdejalón, el pasado 12 de marzo, ha comenzado a entrar algo de luz en una muerte de la que todavía quedan incógnitas.
El avance de las renovables en España en los últimos años, principalmente con el impulso de la solar y la eólica, ha supuesto un escudo protector frente al alza de precios de la electricidad en el inicio de la guerra en Oriente Medio provocada por el ataque de EE UU e Israel a Irán. Así lo concluye un informe de Ember, un think tank radicado en Londres que se centra en las políticas energéticas y la transición de este sector. Sus analistas ponen como ejemplo a España dentro de la Unión Europea como un país que “ha ido realmente más rápido con la energía eólica y solar”, lo que le ha otorgado “protección” frente al alza de los precios del gas.
Hace tres días Javier Ortega Smith escribió una carta. El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid −está expulsado del partido, pero se niega a acatar esta decisión− envió estos cuatro folios al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). El CEN es el máximo órgano de la formación de Santiago Abascal, donde se toman las decisiones estratégicas y organizativas de mayor nivel: la cúpula.
El Ministerio de Sanidad prepara nuevas medidas legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante la “obstinada y recurrente desobediencia” en la que incurre al no crear un registro de objetores de conciencia del aborto, según confirman a EL PAÍS fuentes del departamento de Mónica García.