En julio, las denuncias de acoso sexual y abuso de poder de dos trabajadoras de La Moncloa destronaron a quien iba ser la persona de confianza del presidente Pedro Sánchez en la sede federal del PSOE, Paco Salazar. Pese a negar taxativamente los hechos, el dirigente dimitió como secretario general de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y solicitó su baja en el partido. La polémica consecuente ilumina un problema estructural muchas veces oculto. Desde 2018, los ministerios, organizaciones y empresas que forman la Administración general del Estado han visto cómo se activaban sus mecanismos internos contra el acoso sexual o por razón de sexo en al menos 516 ocasiones, según datos a los que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. De ellos, 115 casos fueron estimados. Es decir, las administraciones tomaron decisiones contra los infractores en un 22% de las ocasiones, aunque hay casos que siguen abiertos, o no se detalla qué ha ocurrido finalmente con ellos por confidencialidad, o porque han acabado en los tribunales. Esos datos, por tanto, apenas representan la punta del iceberg.
El juez Santiago Pedraz, a cargo del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, no cree que la licencia que el Gobierno otorgó a una de las empresas vinculadas a una trama de fraude de fuel tenga ningún vínculo con la supuesta entrega de dinero en efectivo en la sede de Ferraz en octubre de 2020. El magistrado, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado llamar a declarar a ocho nuevos testigos en esta investigación que indaga en un fraude de 231 millones de euros a Hacienda, y ha denegado la identificación de las personas que trabajaban en la segunda planta de la sede del PSOE donde la empresaria imputada Carmen Pano asegura que dejó 90.000 euros.
Cuatro normas básicas: sonrisa amable, nada de mentir, empezar por las plantas de arriba ―los estudios indican que tienden a abrir más― y, ante todo, no enzarzarse en discusiones. Una treintena de personas escucha las instrucciones. Alguna toma notas, otros se miran y asienten. Hay nervios, van a hacer algo que no siempre es bienvenido y suele irritar. Son militantes, concejales y diputados de Más Madrid de diferentes zonas de la ciudad y se han reunido un sábado a las diez de la mañana frente al parque de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela, para pasar las próximas tres horas tocando timbres y preguntando a los vecinos qué harían si fuesen alcaldes. Es lo que se conoce en inglés como canvassing, una práctica muy popular en Estados Unidos ―fue una de las grandes bazas del demócrata Zohran Mamdani para hacerse con la alcaldía de Nueva York―, Reino Unido y en las últimas campañas de partidos de izquierdas en Portugal o Alemania. Ahora es también la apuesta estrella de la oposición madrileña para afianzar voto progresista y, sobre todo, activar a quienes no acudieron a las urnas en las elecciones de 2023. EL PAÍS sigue a cuatro de estos voluntarios durante el segundo puerta a puerta organizado por el partido en la capital.
Los horarios de negociación de las Bolsas han cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. En sus orígenes, la Bolsa de Ámsterdam, fundada en 1602, operaba sin horarios formales, en espacios al aire libre o en cafeterías. Con el paso del tiempo, el aumento del volumen de operaciones, la creciente integración global y el desarrollo de los sistemas tecnológicos llevaron a una progresiva formalización de los mercados. Así surgieron horarios de negociación fijos, pensados para aportar orden y transparencia, y para alinearse con los ritmos del sistema bancario. Pero la disrupción del mercado de criptoactivos, que nunca cierra, ha llevado a varios mercados a plantearse horarios extendidos o, incluso, a negociar las 24 horas al día.
Las principales Bolsas de EE UU no solo se plantean extender el horario de su operativa sino también buscan ofrecer valores y fondos tokenizados las 24 horas del día, los siete días de la semana: Nyse está desarrollando una plataforma basada en blockchain, que permitirá la “liquidación instantánea, órdenes en dólares y financiación en stablecoins”. Nasdaq está trabajando con Kraken para permitir que las acciones se negocien en sus mercados y se liquiden en forma de token a través de la infraestructura de Depository Trust & Clearing Corp (que es la principal cámara de compensación y liquidación de valores del mundo), para dar a las empresas que cotizan en Bolsa mayor control sobre sus acciones tokenizadas. De esta forma, entran en un mercado dominado por empresas cripto: firmas como eToro, Gemini, Kraken ya ofrecen títulos tokenizados de compañías estadounidenses y permiten a los inversores operar las 24 horas (no están disponibles para inversores de EE UU).
Xavier Brun, profesor de finanzas de la UPF Barcelona School of Management y responsable de renta variable en Trea AM, ve con cautela estas soluciones. En particular, se pregunta si el regulador permitirá comprar a los profesionales estas acciones. “Si no, la liquidez caería en picado”, asevera. Además, apunta que estos mercados deberían ser lo más fieles posible a los tradicionales, es decir, el valor de estos tokens debería ir de la mano del de las acciones. Pero para ello se necesita liquidez. "Podrían existir divergencias en los precios de las acciones y del token que representa la acción, porque son dos productos distintos", insiste.
En junio del año pasado, Kraken anunció su servicio xStocks en Europa, permitiendo invertir desde el Viejo Continente en acciones tokenizadas de cotizadas estadounidenses como Nvidia, Novo Nordisk y Apple, entre otras, emitidas por Backed, un emisor externo con sede en Suiza. Enseguida se vio que la divergencia de precios podía suponer un problema. A principios de julio, AAPLX, un token que replica las acciones de Apple, subió hasta los 236,72 dólares, con una prima del 12% respecto al valor al que cotizaba en ese momento. Otro token que sigue a Amazon cuadruplicó el precio de cierre de la acción el día anterior. Los expertos señalan que esto ocurre porque los tokens se negocian en múltiples plataformas y con poca liquidez: por ello pueden sufrir movimientos bruscos cuando los usuarios compran o venden una elevada cantidad de estos activos.
No resulta ninguna sorpresa que este invierno en España ha sido muy húmedo. Según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con 323,2 milímetros en promedio, este ha sido el octavo periodo invernal más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961 y el tercero del siglo XXI. Sin embargo, las tendencias no dicen lo mismo. España es un país cada vez más árido. Y un estudio publicado en International Journal of Climatology alerta de que esto va a ir a peor.
La primera vuelta de las elecciones municipales celebrada este domingo en Francia evidencia el avance del partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN), no solo a escala nacional sino también a nivel local, donde siempre le ha costado más llegar. En la primera votación la formación logró 23 alcaldías en municipios de más de 3.500 habitantes, pero lo llamativo es que por primera vez tiene opciones en ciudades grandes como Marsella, la segunda más importante del país, Niza o Toulon, las tres en la costa mediterránea.
El negocio del cava vive días de mudanza. El progresivo goteo de marcas familiares que optan por desvincularse del control que ejerce el Consejo Regulador y las operaciones de venta que implican a bodegas legendarias, como Freixenet y Codorníu, ponen al sector en una situación reputacional insólita. Justo cuando el escenario comercial está repleto de incertidumbres, con la guerra arancelaria sumando tensión a la feroz competencia del mercado de los espumosos, la marca cava tiene que lidiar con debates internos que azuzan rivalidades y causan más dolores de cabeza que brindis de celebración. Esta semana se harán públicos los resultados de ventas de 2025, con el recuerdo de que el último balance público reflejó una caída del 13%. La tendencia choca con los números divulgados por Corpinnat, el grupo de productores díscolos que se desmarcan del Consejo Regulador del Cava y que, tras reportar un aumento de las expediciones del 34,8% y un repunte de la facturación del 27%, identifica el año 2025 como “un punto de inflexión” sin vuelta atrás.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado sobradas muestras de utilizar la temeraria técnica apostadora del doble o nada como estrategia negociadora en el ámbito político y militar. Sin embargo, el mandatario parece no caer en la cuenta de que lo que puede ser válido en una mesa de juego resulta completamente inaceptable tanto en el campo de las relaciones internacionales como en el campo de batalla. Y menos aún entre países aliados a los que ni se puede ni se debe amenazar. Pero eso precisamente es lo que Trump ha hecho con la OTAN, la organización que ha protegido Europa occidental desde el final de la II Guerra Mundial. Y la respuesta europea no ha podido ser más pertinente y rotunda.
¿Es la tríada formada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, y Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, el peor liderazgo en Bruselas en décadas? Es muy posible que la respuesta sea afirmativa en el peor momento, con el mundo atrapado en una danza macabra, en un empacho de conflictos bélicos que se asemeja a una guerra civil global. Vimos sobradas muestras de esa baja calidad en las negociaciones comerciales con el trumpismo. En la política del apaciguamiento con Trump, que no ha funcionado y es una suerte de vasallaje feliz. Con la posición impresentable de Europa en relación al genocidio de Gaza. Solo el apoyo a Ucrania se salva. Pero el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha puesto la geopolítica y la geoeconomía patas arriba, se lleva la palma.
La desclasificación de los documentos del 23-F nos ha vuelto a traer el debate en torno a la obsolescencia de la ley de secretos oficiales de 1968 y la necesidad perentoria de su reforma. No en vano, la divulgación de los papeles del golpe de Estado responde a un acto gubernativo discrecional, fruto de un cálculo de oportunidad política del Gobierno de Pedro Sánchez. Paradójicamente, el propio Ejecutivo, que aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada en julio de 2025, ha propiciado que languidezca desde entonces en el Congreso de los Diputados mediante el consabido método de la sucesiva prórroga de enmiendas. El proyecto, que pretende sustituir la vigente ley preconstitucional, propone desclasificaciones automáticas en un máximo de 60 años (45 años para el “Alto Secreto” y “Secreto”, prorrogables 15 más de forma motivada), adaptando la regulación española a estándares europeos —países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos, incluso— y alineándola con la Constitución y la legislación de transparencia.