¿Es la tríada formada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, y Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, el peor liderazgo en Bruselas en décadas? Es muy posible que la respuesta sea afirmativa en el peor momento, con el mundo atrapado en una danza macabra, en un empacho de conflictos bélicos que se asemeja a una guerra civil global. Vimos sobradas muestras de esa baja calidad en las negociaciones comerciales con el trumpismo. En la política del apaciguamiento con Trump, que no ha funcionado y es una suerte de vasallaje feliz. Con la posición impresentable de Europa en relación al genocidio de Gaza. Solo el apoyo a Ucrania se salva. Pero el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha puesto la geopolítica y la geoeconomía patas arriba, se lleva la palma.
La desclasificación de los documentos del 23-F nos ha vuelto a traer el debate en torno a la obsolescencia de la ley de secretos oficiales de 1968 y la necesidad perentoria de su reforma. No en vano, la divulgación de los papeles del golpe de Estado responde a un acto gubernativo discrecional, fruto de un cálculo de oportunidad política del Gobierno de Pedro Sánchez. Paradójicamente, el propio Ejecutivo, que aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada en julio de 2025, ha propiciado que languidezca desde entonces en el Congreso de los Diputados mediante el consabido método de la sucesiva prórroga de enmiendas. El proyecto, que pretende sustituir la vigente ley preconstitucional, propone desclasificaciones automáticas en un máximo de 60 años (45 años para el “Alto Secreto” y “Secreto”, prorrogables 15 más de forma motivada), adaptando la regulación española a estándares europeos —países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos, incluso— y alineándola con la Constitución y la legislación de transparencia.
Se diría que la guerra en Ucrania, iniciada hace justo cuatro años por un sanguinario dictador, Vladímir Putin, ha dejado casi de existir desde que Estados Unidos decidió intervenir en los asuntos internos de Venezuela derrocando y deteniendo a su presidente, Nicolás Maduro, otro dictador con las manos manchadas de sangre. Y sobre todo desde que, en comandita con Israel, inició el pasado 28 de febrero una guerra de imprevisibles consecuencias para el mundo contra la República Islámica de Irán, país este en manos de una recua de ayatolás igualmente asesinos, que no han dudado en masacrar salvajemente a sus conciudadanos disidentes desde que llegaron al poder en 1979.
No sé si existen indicios suficientes para abrir una causa contra Julio Iglesias por delitos de trata de personas y agresión sexual, entre otros. De lo que sí estoy seguro, con la seguridad que da la ley en la mano y la obligación de los jueces y fiscales de aplicarla, es que España sí tiene jurisdicción para preguntárselo.
“Recordar nos humaniza, la memoria es vida y no se puede obligar a las personas al olvido”. Apenas una semana después de la derogación de la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears vienen a mi mente estas palabras de Miquel Jerez, hoy senador, entonces diputado autonómico del Partido Popular. Las pronunció en el Parlament en 2016, el día que se aprobó por unanimidad la otra parte de la norma, la llamada ley de fosas. Una ley que, a propuesta del PP, había cambiado su nombre por el de Ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura en Baleares. Tras algunos desacuerdos, la tramitación de la ley sirvió para limar asperezas y alinear a gobierno y oposición. La ley se cerró con apoyo general y un ambiente emocionado y festivo. “Celebramos un acto de justicia que servirá para cerrar heridas que debían haberse cerrado hace tiempo”, defendió Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos en las islas. Gobernaba entonces Francina Armengol, al frente de un tripartito conformado por PSIB-PSOE, Més per Mallorca/Menorca y Podemos.
Combatir el aburrimiento se ha convertido en la miel más efectiva y democrática para atraernos. No importa si eres demasiado joven o un poco viejo, si estás forrado o en bancarrota, seguro que hay una o varias diversiones que te van a sacar de todo lo que estés haciendo para darte una merecida distracción. Además, ahora el entretenimiento viene en un paquete con una oferta de experiencias que incluyen orgullo de pertenencia y diferenciación.
Antonio Conde Moreno (Burgos, 51 años) es jefe de servicio de Oncología Radioterápica del Hospital La Fe de Valencia y coordinador de la plataforma nacional de seguimiento del Plan de Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud. Afirma que la protonterapia es el complemento que le faltaba a las técnicas existentes para tratar la enfermedad y que situará al sistema público español a la vanguardia europea de la lucha contra el cáncer, una enfermedad que cada vez se diagnostica antes y se cura con menos efectos secundarios. Optimista, pero prudente.
“No necesitamos su ayuda en defensa antidrones. Sabemos más de drones que nadie. Tenemos los mejores drones del mundo”. En un nuevo gesto de desprecio público hacia Kiev, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes en el canal Fox News que su país no requiere de colaboración para hacer frente a los aparatos no tripulados que emplea Irán en la guerra de Oriente Próximo para responder a los ataques de EE UU e Israel. El Estado judío, sin embargo, da señales de lo contrario y parece tener en el radar la tecnología desarrollada por Kiev. Al mismo tiempo. Kiev trata de inspirarse en el escudo antiaéreo israelí para crear el suyo propio.
Una calma inquietante reina en el lugar donde una bala mató al palestino Farea Hamayel. Junto a uno de los olivos tras los que trató de esconderse, alguien ha rodeado con unas rocas algo más grandes las piedras sobre las que se derramó su sangre, como si quisiera preservar la memoria del aciago final que corrió este hombre de 57 años. Un reguero de manchas rojas recorre parte del sendero de tierra por el que sus vecinos trataron en vano de socorrerlo.
La crisis en el estrecho de Ormuz ha obligado a Japón a una liberación sin precedentes de petróleo, mientras que el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Japón despliegue buques militares en la zona, por donde pasa el 70% de las compras niponas de crudo, ha puesto a prueba el marco legal nipón. Para la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, la petición de Trump, anunciada en su red social Truth el sábado pasado, representa su mayor desafío diplomático y legal desde que asumió el cargo en octubre de 2025.