La misma mujer que caminaba por Madrid encogida sobre sí misma y envuelta en una sudadera con capucha para intentar algo parecido a la invisibilidad está este martes en la sede de la Fiscalía General del Estado viendo cómo unos 45 fiscales y una quincena de jueces dan grititos en una sala con la luz apagada y los ojos cerrados y un globo entre las piernas porque ella va paseando entre las filas pinchando algunos de esos globos.
La librería burgalesa Hijos de Santiago Rodríguez celebró en 2025 su 175 aniversario, sinónimo de la librería más antigua de España, con presentaciones, eventos y citas con escritores. El 176 corre riesgo de citarse con una persiana bajada y el cartel de “Cese de negocio”. La venta virtual, las grandes cadenas de venta de publicaciones y las descargas ilegales aprietan a un negocio local, emblemático de Burgos, que ha pedido socorro en esas mismas plataformas del mundo virtual que la amenazan: han creado una campaña de micromecenazgo para que pequeños ―o grandes― donantes de todas partes puedan escribir más páginas en su historia comercial y literaria. Los herederos de aquel pionero Santiago Rodríguez aspiran a lograr 60.000 euros y de momento superan la mitad con el impulso de autores como Máximo Huerta o Juan Gómez Jurado, que han divulgado en redes sociales esta iniciativa.
Nieves se topó con un problema cuando la pandemia dio la tregua suficiente como para que reabriera su escuela de danza. La puerta no abría. Estaba desencajada. Ahí empezó un calvario con origen conocido: su negocio de hace más de 30 años, y la vivienda de encima, en la que vivía su padre nonagenario, acabaron engrosando la lista de edificios declarados en ruinas en San Fernando de Henares (Madrid, 40.000 habitantes) por culpa de la línea 7B de Metro de Madrid. Las obras para construir el suburbano alteraron la composición del subsuelo, devorando la escuela de danza y 73 viviendas. Nieves se quedó sin negocio. Con ansiedad. Digiriendo que su proyecto vital hubiera saltado por los aires, reventando en el proceso todas las certezas de su vida. Acaba de conocer cuál será la indemnización que le pague la Comunidad a cambio de que el Metro haya reventado su vida: 64.314,84 euros.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha hecho pública este martes una sentencia que avala la decisión que el Ministerio del Interior tomó en 2019 de expulsar por razones de seguridad nacional a un inmigrante marroquí que había sido detenido en una operación contra el yihadismo, pero que nunca fue juzgado ni, por tanto, condenado. Es la primera vez que este órgano judicial europeo se pronuncia sobre la práctica del departamento de Fernando Grande-Marlaska, cada vez más frecuente, de enviar a sus países de origen a sospechosos de islamismo radical antes de que sean juzgados, ante el riesgo de que sean absueltos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha empleado este martes una entrevista a primera hora en la cadena Cope y a mediodía en el programa de En Boca de Todos, de Cuatro, para acusar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de “echar fuego” supuestamente alentando protestas contra ella durante su visita de la pasada semana a ese país, y al Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, de haberla “abandonado” en “una situación de peligro extremo”. El Ejecutivo mexicano ya desmintió la semana pasada que hubiera pedido una lista de las personas que se reunieron con la política española, como ha repetido este martes Díaz Ayuso, y el español ha precisado que la baronesa conservadora no solicitó asistencia en materia de seguridad, ni para sus traslados, durante su viaje al país americano, interrumpido abruptamente con la cancelación de su presencia en la gala de los Premios Platino. Además, el PSOE de Madrid ha acusado a la líder regional de victimizarse para intentar tapar el fiasco de su desplazamiento internacional.
Europa sigue explorando vías para aumentar las deportaciones en pleno auge del discurso antimigratorio. En ese escenario, la Comisión Europea ha invitado a Bruselas a una delegación de los talibanes para hablar sobre migración y devoluciones, pese a que la UE no reconoce a las autoridades de facto de Afganistán y a sus vulneraciones del derecho internacional.