Carlos Cuerpo es, por talante y capacitación, el ministro más solvente del Gobierno. Su desempeño al frente de una cartera tan compleja como la de Economía le han valido un reconocimiento transversal del que también gozaba, por cierto, su antecesora en el cargo y mentora: Nadia Calviño. Pedro Sánchez ha decidido con acierto ascender a Cuerpo al cargo de vicepresidente, un rango —en su caso primado— que comparte con otra ministra de perfil técnico como Sara Aagesen. Ninguno de los dos, como tampoco Calviño, tiene carné del PSOE.
Cuenta la psiquiatra Gemma Parramon (Campdevànol, Girona, 54 años) que un día, cuando apenas era una residente de primer año y estaba empezando su andadura en la medicina, un ginecólogo le dijo: “Mira, yo en cuanto las pacientes entran por la puerta de la consulta, ya sé si son histéricas o no”. Esa escena, sintomática de una medicina históricamente androcéntrica y abducida por los roles de género, se le quedó grabada. Tanto, que vuelve a ella, 25 años después, para ilustrar cómo los sesgos machistas y la mirada patriarcal de la ciencia han construido, hormonas mediante, la percepción social sobre la salud femenina.
Nacido en Telde (Las Palmas de Gran Canaria), en 1971, Juan Verde llegó a EEUU con 15 años. Allí le acogieron los Seoane, una familia cubana a la que la suya había ayudado cuando, antes de mudarse a Boston, emigraron a España. Pisó suelo estadounidense sin hablar una palabra de inglés; se graduó cum laude en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; hizo un máster de Administración Pública en Harvard y terminó trabajando para tres presidentes de EEUU: Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Hoy es consultor en el sector privado y el público y se ha especializado en economía sostenible. “Con este apellido”, dice, “estaba predestinado”.
“He estado en prisión a la vez que tenía recursos admitidos incluso por el Tribunal Constitucional...[...] ”, escribe desde la cárcel de Dueñas, Palencia, Juan José Llanos. El remitente, condenado a siete años de prisión en un caso de tráfico de drogas, denunciaba en esa primera carta que no se habían respetado “las leyes” ni “la Constitución”, autorizaba el acceso a toda la documentación de su caso y pedía disculpas por los “errores gramaticales”: “soy una persona sin formación”. Tres semanas después, el 14 de marzo pasado, llegó otra carta: “Quien me juzgó [en 2023] y violó todos mis derechos fundamentales, privándome de un real derecho de defensa fue la magistrada Concepción Espejel Jorquera, quien era presidenta de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, acusaba. Espejel es ahora magistrada del Tribunal Constitucional.
Almudena Valdespino, una mujer trans panameña de 39 años, llegó a España desde su país en 2014. Le dijeron que venía a trabajar, pero nunca imaginó que eso a lo que llamaban trabajo implicara ser explotada sexualmente. “Me engañaron y fui víctima de trata”, relata. A Valdespino le costó más de un año salir de esa situación. “Pedí asilo y me lo denegaron. Luego ya obtuve mi permiso de residencia y de trabajo, pero aún no he podido adecuar mis documentos”, explica Valdespino, que reside en Albacete y estudia Trabajo Social. Así, en la mayoría de documentos oficiales figura su deadname ―el nombre que tenían antes de transicionar―, lo que le genera diversos problemas, desde laborales hasta sanitarios. “En algunos aparezco como Almudena; en otros, con mi deadname: Esteban”, incide: “Estoy en un limbo”. Para la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) esto “vulnera los derechos de alrededor de 65.000 personas trans migrantes; las deja en una situación de inseguridad jurídica permanente”.
Dos malas noticias para el Ayuntamiento de Madrid en poco más de 24 horas. Esta semana la justicia anuló la tasa de basuras y confirmó que los parkings del Bernabéu seguirán en stand by. En los últimos años, los tribunales han tumbado, total o parcialmente, estos y otros proyectos y cambios normativos de calado impulsados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP). Cada caso tiene sus particularidades ―muchos implican cuestiones urbanísticas, por ejemplo―, pero la mayoría ha caído por los mismos dos motivos. Uno es la falta o escaso rigor de documentos esenciales, como los informes económicos o los ambientales, por lo que se aprueban planes o normas sin valorar de forma adecuada su impacto. Otro, derivado del anterior, son las reiteradas deficiencias en el proceso de participación, o los vecinos no poseen la información completa o se ignoran alegaciones.
Els crítics habituals de Quadern recomanen llibres de tota mena a les portes de Sant Jordi. Novel·les d’escriptors d’aquí, traduccions contemporànies i de clàssics, assaig i poesia d’un Premi d’Honor.
En la plaza Maragall de Bellaterra tres vecinos charlan bajo el sol del último jueves de marzo y opinan sobre el debate que tiene en vilo a esta urbanización de chalés, algunos vistosamente lujosos, de las afueras de Barcelona. ¿Prefieren quedarse en Cerdanyola del Vallès o pasar a ser un barrio de Sant Cugat? “A mí me da lo mismo”, dice Joan Garcia. “Pues a mí no me da igual porque he pasado más de 60 años siendo vecino de Cerdanyola y quiero seguir siéndolo, pese a que estoy enfadado”, replica Josep Riart. El motivo de su enfado tiene que ver con el bloqueo administrativo que atranca el desarrollo de 150 viviendas nuevas. Es un proyecto urbanístico comunal ideado e impulsado por un grupo de residentes en la urbanización para facilitar, sobre el papel, pisos para jóvenes, que saldrían a la venta a un coste inferior al precio actual de mercado y con una reserva de varias unidades para ser de protección oficial. “Es que da igual de donde seamos, lo que hace falta es desbloquear esto para que los jóvenes puedan tener un sitio para quedarse a vivir aquí”, resume Paco Bernal, tercer integrante del corro vecinal.
La Guardia Urbana de Barcelona procedió el miércoles, poco antes de las ocho de la mañana, a desalojar las 40 barracas y tiendas de campaña donde vivían 126 personas en el Pont del Treball Digne, en el barrio de Sant Andreu. Montserrat Hernández, de 25 años, no fue una de las desalojadas. No lo fue porque días antes ella y su marido Mohammed Zeghari, de 28, discutieron con algunos de los acampados en esa zona y se marcharon. Se fueron no muy lejos. A una barraca situada en el barrio del Poblenou, en un pequeño campamento cercano a la antigua fábrica La Escocesa. Allí vive el matrimonio junto a una veintena de personas más. El miércoles, Hernández y Zeghari se salvaron del desalojo del Pont del Treball pero ni mucho menos cantan victoria, ya que les han comunicado que hoy lunes serán expulsados de la barraca donde duermen.
