Llevamos varias décadas nombrando, señalando y tratando de abordar el complejo fenómeno del acoso escolar. Campañas de sensibilización, charlas, protocolos de actuación. Sin embargo, cada curso volvemos a ser testigos de historias que muestran que la problemática sigue produciéndose con una intensidad preocupantemente similar. Quizá esto pueda tener que ver con que seguimos abordando el fenómeno desde algunas premisas que generan tranquilidad social, pero que resultan profundamente engañosas.
Los médicos que atendían a Mila Magnani (26 años, Ciudad de México) le decían que era imposible que tuviera síndrome de ovario poliquístico (SOP) porque era delgada. “Me explicaban que alguien con SOP debía tener sobrepeso y verse mal”, recuerda. Ni la fatiga, ni el acné, ni el vello visible en su cara o el retraso constante de su periodo encendieron las alertas necesarias para que alguien sospechara que tenía esta afección hormonal que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a una de cada siete mujeres, aunque se estima que el 70% de las que lo padecen no ha recibido un diagnóstico correcto. Magnani fue de las primeras personas en hablar al respecto en internet y “sin querer”, dice, se convirtió en un referente para miles de mujeres que se identificaron con su contenido. Hoy cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok y cerca de 200.000 en Instagram.
Más vale tarde que nunca. Es lo que piensan Mari Carmen, Isabel y Eufrasia María, convertidas en las tres primeras mujeres que han entrado en los órganos de gobierno de la cofradía de la Santa Capilla de San Andrés de Jaén, una institución benéfico-religiosa creada allá por el año 1515 para el culto, la caridad y la enseñanza aunque en sus estatutos también se habla de “dotar a las doncellas para el matrimonio”.
“Tau, ¡abre!”, grita Laura Martínez a uno de sus perros, que rápidamente gira y abre el rebaño para que cambie de dirección. “Arriba”, señala, y los animales obedecen, dirigiéndose hacia las faldas de un monte cercano a Bustarviejo. Esta ganadera lleva a sus cabras y ovejas a pastar a una zona designada como cortafuegos en la Sierra Norte de Madrid, por lo que la Administración le paga un dinero anual que, en su caso, ronda los 5.000 euros. “Es un reconocimiento a nuestra labor, pero la cantidad es muy pequeña. Si lo tuviera que hacer el Estado, le costaría mucho más”, se queja. Cada vez más comunidades pagan a rebaños bomberos por servicios ecosistémicos —limpiar el monte y crear cortafuegos— con cantidades que suelen oscilar entre los 3.000 y los 6.000 euros al año, aunque a veces es más. Pastores y ganaderos piden aumentar las ayudas para frenar el abandono de la ganadería extensiva, imprescindible para cuidar el monte.
El comportamiento de tu perro es el reflejo de tu educación. Esta es una frase popular que algunos propietarios de mascotas desconocen y que enlaza con la campaña publicitaria del Ayuntamiento de Barcelona: “Poca vergonya”. Un eslogan que, según el Consistorio, quiere luchar contra el incivismo con un tono contundente y a la vez pedagógico para que vecinos y turistas respeten el espacio público denunciando a los que se orinan en las calles, practican el botellón o tiran residuos de todo tipo.
En plena guerra arancelaria y entre amenazas de Donald Trump de convertir a Canadá en el Estado 51 de Estados Unidos, los canadienses asisten atónitos al apadrinamiento por parte del entorno del mandatario de un movimiento separatista minoritario en la provincia de Alberta. Reuniones secretas con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, el respaldo abierto de figuras del movimiento MAGA (el lema trumpista de Make America Great Again) y la posibilidad de un referéndum en otoño ―para el que ya se recogen firmas― dibujan un escenario en el que muchos ven la alargada sombra de la injerencia extranjera.
El Gobierno rumano trata de apaciguar los temores que ha despertado entre la ciudadanía la autorización que dio a EE UU para desplegar aviones y tropas en su territorio para maniobras defensivas en medio de la guerra contra Irán. La inquietud se ha acrecentado luego de que Teherán amenazara al país con “consecuencias políticas y legales en el futuro” por participar de lo que consideran “una agresión militar“ y de que el expresidente Traian Basescu advirtiera en redes sociales de un posible riesgo de ataques. El ministro de Defensa, Radu Miruta, ha insistido este lunes en que no tienen información de que la República Islámica piense en atacarlos.
La Comunidad Internacional Bahaí (BIC) libra una batalla contra el reloj para salvar la vida a Peyvand Naeimi, un joven iraní de 30 años que, según denuncian, ha sufrido al menos dos simulacros de ejecución y toda clase de torturas en un centro de detención de la Guardia Revolucionaria Islámica. El joven bahaí fue capturado el 8 de enero, en el marco de las protestas contra el régimen que fueron duramente reprimidas. Simin Fahandej, representante de la Comunidad Internacional Bahaí ante Naciones Unidas en Ginebra alerta, en una llamada con EL PAÍS, de que Naeimi “corre el peligro de ser ejecutado en cualquier momento”. Eurodiputados, la delegación de EE UU en la ONU y hasta celebridades han exigido la liberación del joven que trabaja como adiestrador canino.
“Todos los cadáveres, excepto el de mi hijo, estaban amontonados en el patio, con los ojos vendados, la ropa hecha jirones y las manos atadas a la espalda. Incluso las manos de las dos niñas estaban atadas. Los cuerpos estaban acribillados a balazos. El cuerpo de mi hijo estaba tumbado boca abajo. Le habían disparado en la nuca”. Así describe un pastor fulani de 41 años la escena que encontró un día después del ataque de los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), milicias civiles aliadas del Gobierno de Burkina Faso, contra un asentamiento a unos cuatro kilómetros de la aldea de Bassé, en el oeste del país, a finales de noviembre de 2023. En el patio de la casa de su familia había 11 cadáveres: entre ellos, cinco mujeres de entre 20 y 67 años, tres niños de entre 4 y 13 años, y el de su hijo, de 18 años.
Poner de acuerdo a los 27 países de la Unión siempre ha sido un reto para las instituciones europeas, lo que ha llevado a menudo a dilatar los tiempos para impulsar cualquier legislación. MiCA, la ley sobre criptoactivos, tardó años en gestarse y entró en vigor el 30 de diciembre de 2024. Pero poco más de un año después, ya se busca revisar la normativa o, al menos, aclarar algunos aspectos del texto. La Comisión Europea propuso en diciembre centralizar la supervisión de las empresas cripto en manos de la ESMA, el coordinador europeo, quitando de facto la competencia a los vigilantes nacionales. Pero no todos están de acuerdo: algunos se oponen totalmente a esta posibilidad, otros consideran que solo debería vigilar a las entidades significativas.