El auge de la extrema derecha en España es un fenómeno relativamente nuevo en nuestra historia democrática y todavía estamos en busca de explicaciones. ¿Qué es lo que lleva a los votantes a preferir opciones ultraconservadoras o reaccionarias? Las explicaciones se dividen entre las condiciones materiales y las cuestiones identitarias.
Cuando Matthew Lieberman comenzó a estudiar el dolor social en los años 90, muy pocos de sus colegas compraban la idea de que la falta de habilidades sociales, el aislamiento, la soledad, en fin, pudieran provocar en quien lo sufre un dolor comparable con los achaques físicos. Tras una pandemia biológica, y otra de soledad que llegó después, las teorías de Lieberman (Atlantic City, EE UU, 56 años) le han convertido en uno de los investigadores más influyentes del mundo en su disciplina, con más de 58.000 citas académicas. Su libro Social, publicado en inglés en 2013, llega ahora al español (Capitán Swing) en un momento en que sus tesis resultan más relevantes que nunca: pocos dudan de que la soledad es uno de los grandes males de nuestro tiempo, aupada por la polarización, las redes y una inteligencia artificial que empieza a sustituir —con resultados inciertos— las conversaciones que antes teníamos con otros humanos. Lieberman habla con EL PAÍS por videoconferencia.
Las instituciones vascas han lanzado un SOS por la escasez de funcionarios con habilitación nacional para los puestos de secretario, interventor o tesorero en los ayuntamientos de esta comunidad autónoma. De las cerca de 400 plazas reservadas para estos profesionales en los 251 ayuntamientos del País Vasco, solo 199 (el 30%) están desempañados por titulares. El resto están vacantes o en manos de personal interino, cuando no de prestado con funcionarios de otros consistorios. “Llevamos muchos años padeciendo retrasos, bloqueos y anulaciones” de los procesos de selección de los funcionarios de habilitación nacional, señala la consejera María Ubarretxena. “Es inaudito”, se queja la titular vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.
La puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Aragón arrastra un evidente retraso. Pese a que la normativa estatal fijaba 2023 como límite para que las ciudades de más de 50.000 habitantes activaran estas áreas, el 31 de marzo de 2025 ninguno de los municipios aragoneses afectados habían instaurado sus restricciones al tráfico. Es la principal conclusión de un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, publicado el pasado 26 de febrero, que pone bajo la lupa la gestión en Zaragoza y Huesca, las dos ciudades de la comunidad obligadas por ley. La fiscalización abarca desde 2022 hasta el primer trimestre de 2025, por lo que deja fuera los movimientos más recientes.
El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que atiende a unos 100.000 vecinos de los distritos de Carabanchel y Latina —a través de los centros de salud Los Yébenes, Puerta Bonita y Nuestra Señora de Fátima—, se encuentra desde el viernes sin ningún logopeda en activo. Así lo denuncia el sindicato CGT, que señala que la plantilla estaba integrada por dos profesionales hasta la semana pasada: una persona que está de permiso temporal y otra a media jornada, cuyo contrato ha cesado y no ha sido renovado. La gestión de los recursos humanos depende del Ministerio de Defensa. “Consideramos esta situación del todo inadmisible. Además, se produce en un servicio en el que nos consta que hay ciudadanos esperando a ser atendidos desde noviembre de 2024”, expresan desde la asociación de trabajadores. “Hay muchos pacientes que se han visto obligados a suspender sus tratamientos”, advierten.
En el reverso de una postal que preguntaba “¿Cuál es tu sueño?“, Ana Torroja (Madrid, 66 años) escribió, en los tiempos de Mecano: ”Hacer un disco compuesto enteramente por mí“. Lo ha cumplido cuatro décadas después y el trabajo, que sale a la luz el próximo viernes, se titula Se ha acabado el show porque antes de que llegara la inspiración para escribir esas diez canciones en colaboración con autores españoles y mexicanos, pensó que quizá había llegado el momento de retirarse.
En 2024, el último año con datos consolidados, murieron en el mundo alrededor de 4,9 millones de niños antes de cumplir cinco años, la mayoría por causas prevenibles, según un informe del Grupo Interinstitucional de la ONU para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez (UN IGME, por sus siglas en inglés) publicado este miércoles. Casi la mitad, 2,3 millones, se produjeron en los primeros 28 días de vida, y dos regiones, África subsahariana y Asia meridional, concentran el 80% de todas las muertes.
La Comunidad de Madrid dejó sin preparar contra el fuego 2.357,07 hectáreas de las que tenía previsto trabajar de cara al verano de 2025, el más devastador en cuanto a incendios se refiere desde que Isabel Díaz Ayuso gobierna la región (agosto de 2019). Eso significa dejar el 36% del trabajo sin hacer. Así consta en el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, consultado por EL PAÍS en el portal de transparencia. En él se justifica que apenas se atacaran preventivamente 4.167,39 de las 6.524,46 hectáreas previstas con el argumento de que hubo bomberos madrileños desplazados a la Comunidad Valenciana para ayudar a paliar los efectos de la dana de octubre de 2024. A eso se añadió, además, que el mal tiempo de la primavera dificultó la tarea, redundando en un balance que los bomberos consideran “totalmente insuficiente”, y la oposición “grave” y fruto de un “absurdo negacionismo“. Sin que nadie apunte a una relación de causa-efecto, Madrid vivió en 2025 un verano infernal, con más de 3.000 hectáreas incendiadas, y un muerto en Tres Cantos, localidad que visita este miércoles la presidenta. Ahora, según los bomberos, afronta el verano de 2026 con “atrasos” en estos trabajos preventivos por una huelga de trabajadores.
A tres días de la votación a las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos catalanes, la “vía transitable” para la cesión de la gestión del IRPF a la Generalitat que Esquerra Republicana pide como condición para levantar la suya sigue sin llegar. El PSC y ERC se mantienen sentados en la mesa, intentando buscar una salida, y el Gobierno central ayer prefirió no terciar en la cuestión pese a que el gesto que los republicanos piden como condición para negociar las cuentas depende únicamente de él. ERC o el Govern tienen hasta la votación del viernes para retirar bien sea la enmienda o el proyecto, pero ambos niegan esos escenarios.
Las imágenes y películas de comienzos de siglo pasado muestran un suntuoso edificio con escalinatas, grandes comedores, lámparas de techo, paseos rodeados de vegetación, músicos y personal con pajarita, botones... Y apuestos clientes de la burguesía de Barcelona llegando en carruajes, coches o tranvía y luciendo sombreros y pamelas. Estamos en el Casino de l’Arrabassada, en plena sierra de Collserola, un complejo donde a partir de 1899 se construyó un hotel, casino, lago artificial donde se alquilaban botes y un parque de atracciones con una espectacular montaña rusa que se adentraba en la montaña. El complejo (cuya leyenda afirma que en el casino había una habitación de suicidio a disposición de los clientes), pertenecía a una familia francesa, y tuvo un gran éxito, pero la prohibición del juego a partir de 1912 cortó la principal fuente de ingresos. Fue el inicio de su declive. Al estallar la Guerra Civil, el espacio fue utilizado como cuartel, hasta que a comienzos de la década de los 40 la mayoría de construcciones fueron derruidas.
Años 1953 y 1965. Compra de dos tercios y un tercio de la finca por parte de las familias que ostentan la propiedad.
Año 1972. Los propietarios solicitan al Gobierno autorización para la rehabilitación de la finca. No fue estimada.
Año 1976. El Plan General Metropolitano (PGM, el instrumento urbanístico de Barcelona y los 35 municipios que rodean la ciudad) convierte la zona en forestal. Los titulares constatan que no se definen con rigor los usos urbanísticos permitidos, que el plan remite a un futuro plan especial.
Año 1980. Los titulares recurren el PGM y el Gobierno dicta una orden que remite al futuro plan especial, que tendría en cuenta las alegaciones.
Año 1987. El Consejo Metropolitano aprueba el Plan Especial de protecicón de Collserola, que prevé la protección del Casino en su catálogo "para promover su recuperación".
Año 2010. La Sierra de Collserola es declarada parque natural.
Año 2012. La ley de urbanismo incluye el casino entre las fincas rehabilitables. Mientras, la propiedad autoriza la utilización de la finca con finalidades culturales, para visitas en grupo o carreras populares, con el conocimiento y colaboración de la administración del Parque.
Año 2021. Se publica oficialmente una modificación del Plan General Metropolitano que determina al detalles los usos permitidos en la finca.
Año 2025. Tras solicitar la propiedad al Tribunal Superior que permitiera también la rehabilitación del hotel y el restaurante, en sentencia de diciembre de 2025 el alto tribunal no lo estima. Sí "confirma implícitamente los usos ya reconocidos, así como la catalogación y posible rehabilitación de la finca", señala la propiedad.
Año 2026. La propiedad pone en venta la finca.