Según los datos de la última encuesta sobre el uso de drogas, el 23% del alumnado de educación secundaria en Cataluña tiene un riesgo elevado de presentar un uso compulsivo de internet. Son casi uno de cada cuatro. La encuesta, presentada a finales de marzo, no tuvo mucho eco. ¿Qué hubiese pasado si el titular fuera que uno de cada cuatro estudiantes de secundaria es adicto a la heroína? Seguramente se hubiese abierto un debate nacional, con expertos y tertulianos tratando la cuestión mañana, tarde y noche y todos los partidos políticos posicionándose sobre la cuestión, con gesto compungido y declaraciones solemnes.
La columna de la Victoria es uno de los pocos monumentos al viejo poderío alemán que quedaron en pie tras la II Guerra Mundial. Desde lo alto, el ángel dorado que Wim Wenders filmó en El cielo sobre Berlín domina la ciudad. Abajo, las estatuas de los severos mariscales prusianos Roon y Moltke, y la del canciller Otto von Bismarck, siguen ahí, como un símbolo permanente de Alemania, o un anacronismo.
España pondrá fin en junio a la vía que desde 2018 ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación casi automáticamente. El Gobierno dejará de conceder de forma sistemática permisos de residencia por razones humanitarias a este colectivo, cerrando así uno de los mecanismos más singulares —y menos discutidos— del asilo español. Tras años de debate interno sobre qué hacer con los venezolanos, que han llegado a copar el sistema, el Ejecutivo ha optado por devolverlos al canal ordinario que debe seguir cualquier inmigrante. La decisión se ha cristalizado en plena tramitación de la regulación extraordinaria de inmigrantes que está preparando el Gobierno tras un acuerdo alcanzado con Podemos, por la cual podrán acogerse a ella quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.
Como en una de esas películas experimentales que en los años setenta abusaban de la técnica de la pantalla partida, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hablaron la semana pasada en Estados Unidos con unas pocas horas de diferencia. La primera lo hizo en Miami, en un foro de inversión auspiciado por el fondo soberano de Arabia Saudí. La segunda, en Houston, en una influyente conferencia mundial sobre la industria energética.
Nunca en toda la historia de Israel un Gobierno había ido tan lejos como el que dirige Benjamín Netanyahu. La destrucción del orden multilateral a cargo de Donald Trump, su protector y estrecho aliado, ha proporcionado al Ejecutivo israelí la cobertura para prescindir de cualquier apariencia de legalidad, expulsar a las organizaciones de Naciones Unidas, prohibir organizaciones no gubernamentales, ningunear a la Unión Europea y actuar con las manos libres, sabiendo que nadie intentará moderar sus excesos, ni siquiera tímidamente, como solía hacer Estados Unidos. Netanyahu ha tomado nota de la oportunidad y ha liberado al extremismo israelí de cualquier pudor.
La imagen de buen mozo que tiene Canadá en el imaginario global se ve en la selva amazónica como si Darth Vader, del lado oscuro de la fuerza de la saga Star Wars, tuviera el título de superhéroe. En este momento, indígenas de diferentes pueblos del Xingú, un afluente del río Amazonas que a veces parece un mar, llevan más de un mes acampados en la oficina de la agencia indigenista brasileña del municipio amazónico de Altamira. Luchan para impedir que la empresa canadiense Belo Sun siga adelante con su proyecto de abrir lo que anuncia como la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. Si la minera logra vencer la resistencia, construirá (y después abandonará) una presa de 35 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos como el cianuro, tres veces el volumen de la presa de la minera Vale, que al romperse en 2019 provocó la muerte de 272 personas.
Hay indicios y declaraciones de que Washington planea una operación terrestre en Irán. Incluso si se excluye la invasión y se limita a acciones puntuales, analistas políticos y militares advierten del yerro. No es el primero. Desde el principio, la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica ha acumulado un error tras otro.
Los premios literarios que se conceden en España, y en particular su trastienda, son motivo de inextinguible discusión. Aena, una empresa mayoritariamente pública, ha avivado el debate con el anuncio de un galardón de narrativa dotado con un millón de euros, lo que iguala al Planeta.
La noche madrileña ha perdido en pocos meses dos de sus grandes símbolos. Teatro Barceló, la antigua sala Pachá, y Fortuny, el palacete de Almagro reconvertido durante años en santuario de la élite social y empresarial, han acabado, aunque con trayectorias distintas, con una misma imagen final: espacios de la ‘jet-set’ madrileña desahuciados. “Se vende el emblemático Teatro Barceló”. “Se subasta la sala más exclusiva de Madrid: Fortuny”. Dos titulares que, separados, podrían no tener nada que ver. Pero guardan relación. Y mucha. Para empezar, ambas han recibido órdenes de lanzamiento. Y para continuar, ambas han recibido recientemente sanciones por parte del Ayuntamiento de la capital por sus licencias de actividad. Barceló, por aforo, tuvo que cerrar un año y ahora anuncia la venta del edificio; Fortuny entró en una subasta que ganó el Grupo Paraguas, pero en enero el Consistorio dictó una orden de clausura y precinto del jardín de la sala. En una ciudad donde el ocio se reinventa cada día, estos dos viejos símbolos se apagan entre polémicas por impagos y denuncias.
Un error del Gobierno andaluz (PP) ha provocado que miles de alumnos de educación secundaria carezcan durante cuatro años de tres libros de texto para la asignatura Atención Educativa, alternativa a Religión. Desde hace dos cursos y hasta 2028 los alumnos del millar de institutos andaluces no pueden disponer de los libros de la editorial Proyecto Educa porque la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no los incluyó a tiempo en su plataforma para los centros educativos. Era el único material para esta asignatura, que carece de otro texto alternativo. “Fue un fallo garrafal. Hemos perdido una ocasión tremenda porque no teníamos competencia, perdemos prestigio en centros y visualización de marca”, resume el editor murciano Antonio Pascual Rodríguez, que exige a la Junta 404.714 euros como compensación por los costes de producción de los libros y el lucro cesante.
