Este viernes se cumplen 23 años de las violentas explosiones que anunciaron en Bagdad el comienzo de la desastrosa invasión de Irak, una de las guerras eternas en Oriente Próximo que consumieron miles de vidas y millones en recursos y que los estadounidenses han aprendido a detestar. El aniversario coincide con una nueva guerra, en este caso contra Irán, a la que no se le avista el final. Estados Unidos se prepara ahora para una nueva fase del conflicto, dominada por los ataques contra el sector energético. El Pentágono promete que esta no será una guerra perpetua, pero al mismo tiempo revela que va a pedir 200.000 millones de dólares (172.600 millones de euros) en fondos adicionales para financiarla. A la espera de la llegada de refuerzos a la zona la próxima semana, el presidente Donald Trump se muestra ambiguo sobre la posibilidad de más envíos: sostiene que no se lo plantea, pero también matiza: “Si lo pensase, tampoco lo diría”.
Miles de pasajeros de todo el mundo quedaron atrapados en los aeropuertos de Oriente Próximo nada más iniciarse la guerra de Israel y EE UU contra Irán. Al inevitable caos logístico, se sumó enseguida la queja ruidosa de un puñado de influencers que contaban la situación como si fuera el fin del mundo. La prensa detectó también que los ricos que se resguardan del fisco en las costas árabes del golfo Pérsico encargaban con discreción aviones privados para salir pitando desde Mascate o Riad. Pero la mayoría de los extranjeros de la zona no pertenecen a ninguna de esas dos categorías. Y han seguido trabajando.
Han pasado cuatro meses desde que salió a la luz en Italia la investigación sobre una sospecha escalofriante de la guerra de Bosnia en los años noventa: francotiradores de fin de semana de varios países europeos que pagaban por ir a las colinas del cerco de Sarajevo, sitiada por las tropas serbobosnias, y disparar a civiles desde allí. Un escritor, Ezio Gavazzeni, había recopilado información sobre ello y la entregó a la Fiscalía de Milán, que abrió diligencias. Es un asunto tan espantoso que roza lo increíble, también borroso y difícil de investigar, porque han pasado 30 años y se basa en un puñado de testimonios. El destino del caso es incierto, pero algo ha avanzado: la Fiscalía ha inscrito ya a tres personas como investigadas, según la prensa italiana.
Júlia Nueno tiene un objetivo: definir las herramientas legales y metodológicas para poder sentar a la Inteligencia Artificial (IA) militar en el banquillo de los acusados. A sus 31 años, esta ingeniera computacional barcelonesa está acabando su beca doctoral de la universidad de Goldsmiths en la agencia Forensic Architecture, donde investiga el uso de la IA por parte de la policía y fuerzas militares a través de las evidencias en el espacio físico. “Trabajé dos años para Airwars, la organización que analiza las muertes en conflicto bélico y empecé mi doctorado el 1 de octubre de 2023, una semana antes del 7 de octubre, cuando todo cambió y la agencia se volcó en documentar lo ocurrido en Gaza”, explica un viernes de paso en Barcelona antes de volver a Londres, donde reside. Los documentos de esa investigación son los que se han presentado en el juicio de Sudáfrica contra Israel, la causa llevada al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) en la que se busca demostrar que Israel ha emprendido acciones para destruir a la población palestina que superan la legítima defensa. El próximo 18 de junio, se verá en las Tres Chimeneas de Barcelona una exposición con instalación de Forensic Architecture sobre esta investigación en el marco de UIA, el congreso internacional de arquitectos.
Faltan menos de dos semanas para que inicie la campaña de la renta, la cita con el fisco más importante del año para muchos contribuyentes. Otros, en cambio, quedarán exentos del ajuste de cuentas anual con la Agencia Tributaria. En línea general, los ciudadanos con ingresos bajos —por debajo de ciertos umbrales fijados expresamente por la ley— no están obligados a presentar la declaración del IRPF. Pero la cuantía no es el único factor determinante: también importa la naturaleza de esas rentas.
Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el precio del barril de petróleo de referencia en Europa, el brent, escala un 51%, por un 98% que avanzan los futuros del gas natural de referencia en los mercados europeos, el TTF. Su cotización se ha disparado un 21% entre el miércoles y el jueves hasta los 63 euros por megavatio hora tras el bombardeo de South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo que Irán comparte con Qatar, y la posterior respuesta de Teherán en forma de ataque a refinerías y otras infraestructuras energéticas en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar. Una fuerte subida que la consultora Kpler justifica como “un recordatorio de que la escalada geopolítica está ahora alimentando directamente los precios, los flujos comerciales y los nervios de los inversores”.
Esther García Llovet es la invitada esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. La autora acaba de publicar Las jefas (Anagrama), una novela de albornoces de hotel, cócteles y budas en una costa hiperturistificada de Alicante, en la que tres pijas exhiben su hastío y su cara dura frente a un empleado para todo. Nos recibe en una sala Renoir, donde charla con Berna González Harbour sobre su pasión por el cine —“he tenido más relaciones con personajes de película que de la realidad”—; su TDAH; su etapa como psicóloga —“he sido más tiempo paciente que terapeuta”—, y su literatura, que compara con una mascletá.
“Dile a tu gente que se ponga a trabajar”. Estas nueve palabras penden ya sobre la cabeza de Francisco González, expresidente del BBVA. El escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional contra el banquero, para quien solicita 173 años de cárcel por contratar presuntamente al comisario José Manuel Villarejo para varios proyectos de espionaje, concluye que González le dijo dicha frase en diciembre de 2004 a Julio Corrochano, entonces director del área de seguridad corporativa de la entidad financiera, para que se hiciera así con los servicios del agente de la Policía, epicentro de una red de corrupción.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, decía esta semana que la falta de vivienda a precio asequible va a expulsar a las izquierdas de los gobiernos. Era una manera de dibujar cuál es el mayor problema de este país, algo de lo que hay conciencia pero pocas soluciones, que además tardarán años en dar resultado. Las diferentes administraciones no se pueden llamar a andanas, puesto que tienen muchísimo que ver con la situación y en las soluciones a aportar. Quizá por eso, los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se han lanzado a pedir al Gobierno flexibilidad para poder utilizar en vivienda el superávit de casi 11.500 millones acumulado en 2024 y 2025, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF),a los que se sumarán otros 3.500 millones este año.
Mientras Markwayne Mullin, un exluchador de artes marciales mixtas de Oklahoma, está a un paso de hacerse con las riendas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la mayoría de las agencias que dependen de él están sin recursos desde el pasado 14 de febrero. Ese día se ordenó el cierre fiscal porque el Senado no logró aprobar una ley de asignación de fondos para la agencia. Desde entonces, más de 100.000 funcionarios esenciales de los servicios secretos, la agencia de seguridad en el transporte, seguridad aérea, los servicios de emergencia y la Guardia Nacional, entre otros, están trabajando sin cobrar.