Castilla y León repartió 31 escaños en las elecciones generales de 2023. El PP logró 18 de esos escaños con un 42% de los votos y el PSOE 12 con 32%, pero Vox se quedó con solo un asiento, aunque le votó el 14% de la región. El partido de ultraderecha fue el perjudicado por el sistema electoral, pero eso podría cambiar.
Cuando S.A.S., nacional francesa musulmana, presentó su demanda contra Francia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la ley de 11 de octubre de 2010 le impedía llevar el velo integral en público, manifestó que lo usaba de acuerdo con su fe religiosa, que ni su marido ni ningún otro miembro de su familia la presionaban para vestir de esta manera y que lo llevaba el niqab en público y en privado, pero no sistemáticamente. En determinadas ocasiones (por ejemplo, en Ramadán) lo llevaba en público como expresión de su fe religiosa. Su intención no era molestar a nadie. Al verse obligada a quitárselo al salir y llevarlo en casa “como si fuera una prisionera”, la había abocado a adoptar una “personalidad de Jekyll y Hyde”. La prohibición francesa sustituía su elección personal por una abstracción paternalista de lo que sería “bueno para ella”. Cualquier mirada feminista coherente con los derechos humanos criticaría medidas legislativas que pretenden uniformar la apariencia de las mujeres y negarles su autonomía. El objetivo sería, por el contrario, garantizar la capacidad real de cualquier mujer de elegir llevar velo o quitárselo, sin miedo a sanción estatal y a la estigmatización social.
Qué incómoda extrañeza ha desprendido la última gala de los Oscar. El mundo en llamas por capricho de su presidente y ellos haciendo bromas sobre la que había liado Timotheé Chalamet con el ballet. No se trataba de montar una asamblea política, pero la ignorancia deliberada de Hollywood a las consecuencias de las acciones de su país ha llegado a niveles tan escandalosos como para que tuvieran que ser los extranjeros de la fiesta los que señalaran, tímidamente, el elefante en la habitación. Fueron los aliens, por adoptar la jerga legal y deshumanizadora que ha popularizado Donald Trump sobre los migrantes, los que evidenciaron la marcianada de ignorar el dolor de los demás. “No a la guerra y Palestina Libre”, verbalizó escuetamente Javier Bardem al entregar el Oscar a Valor sentimental como mejor película internacional. “Todos los adultos son responsables de todos los niños. No votemos a políticos que no se lo tomen muy en serio”, dijo el director noruego de la película premiada, Joachim Trier, parafraseando a James Baldwin, uno de los autores que mejor ha explorado la estrecha relación entre el racismo y la homofobia de su país. Se podría decir que esos fueron los dos ¿grandes? alegatos políticos de una fiesta empeñada en rascarse la espalda, ajena a lo que estaba sucediendo fuera.
No resulta ninguna sorpresa que este invierno en España ha sido muy húmedo. Según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con 323,2 milímetros en promedio, este ha sido el octavo periodo invernal más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961 y el tercero del siglo XXI. Sin embargo, las tendencias no dicen lo mismo. España es un país cada vez más árido. Y un estudio publicado en International Journal of Climatology alerta de que esto va a ir a peor.
El negocio del cava vive días de mudanza. El progresivo goteo de marcas familiares que optan por desvincularse del control que ejerce el Consejo Regulador y las operaciones de venta que implican a bodegas legendarias, como Freixenet y Codorníu, ponen al sector en una situación reputacional insólita. Justo cuando el escenario comercial está repleto de incertidumbres, con la guerra arancelaria sumando tensión a la feroz competencia del mercado de los espumosos, la marca cava tiene que lidiar con debates internos que azuzan rivalidades y causan más dolores de cabeza que brindis de celebración. Esta semana se harán públicos los resultados de ventas de 2025, con el recuerdo de que el último balance público reflejó una caída del 13%. La tendencia choca con los números divulgados por Corpinnat, el grupo de productores díscolos que se desmarcan del Consejo Regulador del Cava y que, tras reportar un aumento de las expediciones del 34,8% y un repunte de la facturación del 27%, identifica el año 2025 como “un punto de inflexión” sin vuelta atrás.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado sobradas muestras de utilizar la temeraria técnica apostadora del doble o nada como estrategia negociadora en el ámbito político y militar. Sin embargo, el mandatario parece no caer en la cuenta de que lo que puede ser válido en una mesa de juego resulta completamente inaceptable tanto en el campo de las relaciones internacionales como en el campo de batalla. Y menos aún entre países aliados a los que ni se puede ni se debe amenazar. Pero eso precisamente es lo que Trump ha hecho con la OTAN, la organización que ha protegido Europa occidental desde el final de la II Guerra Mundial. Y la respuesta europea no ha podido ser más pertinente y rotunda.
¿Es la tríada formada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, y Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, el peor liderazgo en Bruselas en décadas? Es muy posible que la respuesta sea afirmativa en el peor momento, con el mundo atrapado en una danza macabra, en un empacho de conflictos bélicos que se asemeja a una guerra civil global. Vimos sobradas muestras de esa baja calidad en las negociaciones comerciales con el trumpismo. En la política del apaciguamiento con Trump, que no ha funcionado y es una suerte de vasallaje feliz. Con la posición impresentable de Europa en relación al genocidio de Gaza. Solo el apoyo a Ucrania se salva. Pero el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha puesto la geopolítica y la geoeconomía patas arriba, se lleva la palma.
La desclasificación de los documentos del 23-F nos ha vuelto a traer el debate en torno a la obsolescencia de la ley de secretos oficiales de 1968 y la necesidad perentoria de su reforma. No en vano, la divulgación de los papeles del golpe de Estado responde a un acto gubernativo discrecional, fruto de un cálculo de oportunidad política del Gobierno de Pedro Sánchez. Paradójicamente, el propio Ejecutivo, que aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada en julio de 2025, ha propiciado que languidezca desde entonces en el Congreso de los Diputados mediante el consabido método de la sucesiva prórroga de enmiendas. El proyecto, que pretende sustituir la vigente ley preconstitucional, propone desclasificaciones automáticas en un máximo de 60 años (45 años para el “Alto Secreto” y “Secreto”, prorrogables 15 más de forma motivada), adaptando la regulación española a estándares europeos —países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos, incluso— y alineándola con la Constitución y la legislación de transparencia.
Este viernes, a la hora mediterránea de comer, ingresaremos en la primavera mientras el Parlament digiere el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. El punto de inflexión servirá a muchos para espantar un invierno plomizo, de reminiscencias británicas, que parecía encallar el calendario con tanta lluvia. Una sensación de cerrazón permanente, como la vivida hasta la fecha con el serial de las cuentas públicas, todavía sin luz de desenlace. Según la orilla del río que se consulte, el desencuentro presupuestario se explica por los compromisos decrecientes o la insatisfacción impostada. Ciertamente, el salto a la primavera no garantiza presupuestos a Salvador Illa ni plena alegría a Oriol Junqueras, puede que sí traiga un poco más de sol y, con toda seguridad, activará la precampaña de les elecciones municipales de 2027. Sí, de momento, la única cuenta atrás oficial es la de los comicios locales. Y hay experimentos que requieren atención, como el que se cocina en Manresa.
No sé si existen indicios suficientes para abrir una causa contra Julio Iglesias por delitos de trata de personas y agresión sexual, entre otros. De lo que sí estoy seguro, con la seguridad que da la ley en la mano y la obligación de los jueces y fiscales de aplicarla, es que España sí tiene jurisdicción para preguntárselo.