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Es todavía de noche, pero Oleksandr Galaburda conduce con las luces apagadas por una pista de tierra de la región de Jersón, en el sur de Ucrania. Aunque no se ve nada, es capaz de seguir avanzando. Se dirige a una granja de cerdos arrasada casi por completo por las bombas en el distrito de Berislav, a orillas del río Dniéper, frontera entre los ejércitos ucranio y ruso. Conoce cada curva, cada bache, cada árbol. Circular a ciegas es la mejor manera de evadir los drones de las tropas del Kremlin.





Ana Fernández
Alejandro Gallardo
Ahmed Fheidat muestra agujeros de bala en el portón metálico que da acceso a la casa de su cuñada Fada en Ein al Duyuk al Tahta. Es un barrio a las afueras de la ciudad palestina de Jericó que cuenta desde hace dos semanas con nuevos e indeseados vecinos: colonos radicales israelíes que acaban de ocupar ocho casas a unos cinco minutos andando. Los agujeros, cuenta, corresponden a los disparos que los colonos dirigieron en la noche del lunes contra él, de 62 años, cuando arrastraba al interior de la casa a Fada, diez años mayor y que se desangraba por otro balazo. Lo rememora con una pierna vendada, a causa de la bala que sí le alcanzó.



El trasiego de personas no cesa dentro del showroom habilitado en un inmenso edificio de cuatro plantas del centro de Madrid. Ante los ojos de quien lo visita por primera vez, puede llegar a resultar incluso abrumador: una firma de moda detrás de otra, ropa, accesorios y gente manteniendo conversaciones al mismo tiempo. En uno de los espacios se encuentra Luis Figo (Almada, Portugal, 52 años), sentado en un sillón y acompañado de su equipo. A su alrededor está expuesta la nueva colección de su firma de moda masculina homónima, que creó en 2024 y que es otra de las patas de su cartera de negocios —del sector inmobiliario al tecnológico—. “Este es un proyecto industrial, no es un hobby. Me gusta diversificar en términos de proyectos y surgió la oportunidad a través de un socio y comenzamos este desafío”, explica a EL PAÍS quien aterrizara desde el F.C Barcelona en el año 2000 para convertirse en uno de los galácticos del Real Madrid.


La red de Rodalies, el sistema de Cercanías de Renfe en Cataluña, se ha convertido en el agujero negro del transporte público en esta comunidad, lastrado por décadas de baja inversión, una planificación insuficiente y continuos conflictos laborales. Las crisis relacionadas con este servicio son recurrentes desde hace años, pero este mes han alcanzado un nuevo hito al encadenar 12 días consecutivos con graves incidencias coincidiendo con la huelga general, dos huelgas de maquinistas y varios días de paros encubiertos de los conductores. Los continuos cortes del servicio por robo de cable de cobre, problemas mecánicos en los trenes y deficiencias del sistema han completado un arranque de noviembre demoledor para los usuarios, muchos de los cuales no tienen alternativa para sus rutas diarias. Los que están obligados a esperar en el andén se sienten impotentes y desprotegidos. En pocas palabras: el sistema ha quebrado y ya no es fiable.

Bajo el Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez, desde mitad de 2018 hasta hoy, la economía española ha registrado una de sus mejores fases en la democracia. Un balance que en el inmediato futuro costará superar, sobre todo en términos de crecimiento, empleo y saneamiento de las cuentas públicas: ojalá ocurra.

Hace dos semanas tuvo lugar en Madrid, bajo la acertada conducción de Felipe VI, la XXX Cumbre Iberoamericana.
Alberto Núñez Feijóo parecía uno de los líderes del Partido Popular más comprensivos con la territorialidad de España, pero Cayetana Álvarez de Toledo ha ensombrecido esa imagen. Hace poco esta afirmó que una de sus prioridades en el poder sería quitar los pinganillos que traducen las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. En verdad, no han resultado tan útiles como se esperaba, pero la mera declaración ya revela intenciones. Es curioso que hasta Vox pueda acabar siendo más comprensivo con la territorialidad de España que los populares.
Uno. El otro día un amigo me dijo que tenía entendido que una entrevista había salido fatal y yo le respondí que creía que había estado muy bien. Los dos habíamos recibido fragmentos: él a través de una red y amigos de unas posturas y una edad; yo a través de otra red y otro tipo de gente. A veces encontrábamos lecturas opuestas del mismo fragmento. Coincidimos en que eran cosas del algoritmo y que tendríamos que ver el contenido entero, aunque el algoritmo más poderoso es el que tiene cada uno en la cabeza.
Dos soldados franceses, un joven noble español y un cuadro con una importante carga diplomática protagonizan Les Indes, una road movie barroca con la que debutan en el largometraje de ficción Pauline Julier y Nicolas Chapoulier. La película, que se proyecta este jueves en el festival de cine de Gijón, construye una ficción llena de simbolismos a partir de la historia real del retrato que Diego Velázquez pintó de una adolescente infanta María Teresa de España, futura esposa de su propio primo Luis XIV, el rey Sol, en un matrimonio diseñado para así poner fin a un largo conflicto entre Francia y España. O, al menos, intentarlo.
Ningún gobierno autonómico ha aceptado el plan lanzado por Isabel Díaz Ayuso para que cofinancien el sistema de transportes madrileño, permitiendo así que sus estudiantes y trabajadores desplazados a la capital accedan a la tarjeta de transporte público personal sin estar empadronados en Madrid. La oferta es producto de una rectificación de la baronesa del PP. Como avanzó EL PAÍS, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) empezó a exigir en junio el requisito de estar empadronado en Madrid, o en municipios conveniados de Castilla-La Mancha y Castilla y León, para emitir nuevas tarjetas de transporte o duplicados. La medida, impulsada justo después de que muchos migrantes usaran ese documento para demostrar su arraigo en el proceso de regularización abierto por el Gobierno de España, no solo afectó a este colectivo. También golpeó de lleno a los estudiantes que dejan durante unos meses sus casas de otras provincias para estudiar en Madrid, o a los trabajadores que van y vienen. Para intentar neutralizar este último efecto, Ayuso propuso firmar convenios de financiación con sus regiones de origen. Cinco meses después, ninguna lo ha hecho, según un portavoz gubernamental.