La polémica se mueve en los salones exclusivos de Madrid. Estos días, en los móviles de algunas de las personalidades latinas más ricas e influyentes de Madrid, los mensajes van y vienen. Cunden la sorpresa y la indignación. El motivo no es otro que unas polémicas palabras pronunciadas por Iñigo Onieva, marido de Tamara Falcó. Recogidas por el periódico El Mundo con motivo de la apertura del club privado Vega, viene a decir que su espacio, supuesto refugio del aristócrata español de toda la vida, “no queremos que se convierta en el club de los latinoamericanos”. Es decir, Onieva prefiere que no haya tantos latinos en su club.
Lisandra Ferro, una habanera de 43 años, despertó este viernes en medio del enésimo apagón con su corazón latiendo de forma intensa. Se sentía ansiosa desde la noche anterior, cuando supo que a la mañana siguiente el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez daría una conferencia de prensa a las 7.30 de la mañana, tras varias semanas de una escasez de combustible que ha puesto en jaque a la isla y a quienes viven en ella. Quería escuchar algo que la sacara del estupor en el que llevaba todo este tiempo, con dos hijos pequeños, sometida a apagones de más de 15 horas diarias y obligada a cambiar de trabajo dos veces en un mes. Para colmo, apenas abrió los ojos, la mujer vio una notificación en su móvil que la puso más nerviosa. “Dicen que el domingo comienza la Hora cero [el fin total del combustible]. Acapara agua y alimentos imperecederos. Cuídense”, le lanzó por WhatsApp, a modo de vaticinio, una amiga desde Madrid. Así que Lisandra saltó de la cama, despertó a los niños, los alistó —pan con mayonesa y agua con azúcar de desayuno— y les dijo: “Hoy llegarán un poco más tarde a la escuela”. Y juntos se sentaron, puntuales, frente a una radio para escuchar qué tenía que decir el presidente a los cubanos, en medio de la debacle de los últimos 43 días.
Renunciar a la custodia de sus hijos, llevárselos a la otra punta de España sin consentimiento del padre e iniciar una batalla judicial o tener que abandonar la carrera judicial. Esta es la disyuntiva en la que se ha visto envuelta una jueza después de que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya rechazado su petición de renunciar a una plaza en otra comunidad autónoma por la negativa de su exmarido a aceptar el traslado de los hijos, menores de edad y cuya custodia tiene la madre. La mujer ha recurrido la decisión ante el pleno del Consejo, donde, según fuentes del órgano, se ha abierto un debate entre los vocales que consideran que la ley no permite renunciar a una plaza ya adjudicada y los que creen que, en este caso, debe primar el interés superior de los menores, que se verían expuestos a una batalla judicial entre sus padres, y abogan por dejar sin efecto el traslado de la jueza. Si, como apuntan fuentes del Consejo consultadas, el pleno ratifica la resolución de la comisión permanente, la magistrada se verá obligada a tomar posesión de su nueva plaza porque, en caso contrario, la ley impone una consecuencia que el propio CGPJ considera “radical”: la renuncia al cargo y a la carrera judicial.
La policía investiga cómo la dirección particular de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, fue a parar a un chat público en el que se difunden contactos de prostitución. Este un ejemplo más de como las plataformas de comunicación por internet (en este caso, Telegram) están siendo usada para acosar a mujeres, especialmente mujeres en posiciones de poder, a las que se quiere intimidar para que abandonen estos espacios. Las autoridades están actuando —ahí está la detención de dos hombres por acosar y amenazar por redes a la líder de Podemos, Ione Belarra—, pero la realidad es que, por diseño, los algoritmos de las redes sociales dan más relevancia a los contenidos que fomentan la ira en los usuarios. Sobre esa base se construye un andamiaje de monetización del odio magnificado por las plataformas tecnológicas, con efectos venenosos para el Estado democrático de derecho.
En un momento de mi niñez empecé a dibujar sirenas. Las dibujaba en todas partes: en las etiquetas de la antigua fábrica de cerveza de mi familia, en los cuadernos del colegio, en los blocs donde mi abuelo hacía las cuentas de su almacén y anotaba las deudas. Eran hermosas de manera tradicional: pómulos altos, ojos grandes, pelo abundante y una cola con escamas terminada en una aleta fabulosa. Las imaginaba nadando en el ojo azul de los océanos, solitarias, magníficas, abriéndose paso entre peces y corales. No necesitaban nada, y el único sentido de su existencia era irradiar belleza. Eran muchas, pero siempre la misma: un ser universal, fantástico, capaz de existir sin explicaciones, justificada por la pura delicia de su armonía descomunal. Una vez llegó a la pequeña ciudad en la que crecí una instalación extravagante, atracciones de circo dispersas en carromatos que se instalaron, según mi memoria, en el centro. No recuerdo cuáles eran las otras rarezas —¿mujeres barbudas, hombres forzudos?—, pero en uno de esos carromatos había una sirena. Si se apoyaba el ojo en una mirilla, al fondo de una pecera (seguramente turbia, con piedras de colores y algas de plástico), podía verse a una mujer pequeña, con un soutien celeste y cola de pez, encerrada en una burbuja. Me produjo asco, repulsión. No porque fuera fea, sino porque, puedo verlo ahora, aquella cosa estaba seca, muerta, era un eco torpe, una representación. Mi sirena, en cambio, existía, era un ser que estaba en este mundo traída por mi voluntad y mi deseo. Nadaba en una humedad fértil más acá y más allá de la muerte y era inmensamente libre. Aquella cosa encerrada en la pecera era el intento burdo de encarnar lo imposible: de encarnar un sueño. Ya no dibujo sirenas, pero llevo dentro de mí los cristales lisérgicos de la infancia que me recuerdan que las sirenas existen y navegan todos los días dentro de mi sangre y cerca de mi corazón.
La ciudad contemporánea no es un conjunto de coordenadas geográficas, sino un organismo herido por la entropía. Si pudiéramos elegir los códigos de la mirada, y dejar de observar la ciudad como un escenario construido con mayor o menor fortuna, y enfocar la ciudad como un sistema vivo, metabólico, probablemente concluiríamos que sufre una hemorragia constante de energía, tiempo y dignidad humana. El problema de la vivienda en España no es únicamente una falta de metros cuadrados —ese es el relato dominante—, es también un fracaso de la termodinámica social.
A Fran Vivó construir el mensaje de agradecimiento que lleva este titular le supone una heroicidad. Y a su familia también. Fran tiene 37 años, es bombero, hace ocho le diagnosticaron ELA y desde hace dos vive penosamente encamado, sin poder mover ni las cejas. Desde el 1 de marzo, por primera vez, Fran y su familia, sus padres y nueve hermanos, respiran un poco más aliviados y, sobre todo, con la ayuda diaria de tres cuidadores proporcionados gracias a las subvenciones máximas que contempla la ley ELA para los enfermos con el grado 3+. La ley que recabó hace 17 meses la práctica unanimidad del Congreso empieza a llegar, tras muchos problemas burocráticos y de gestión, a los enfermos en las comunidades que se han mostrado más ágiles.
En la fachada del Museo de Arte Antiguo, uno de los edificios icónicos en la Isla de los Museos de Berlín, hay una instalación de Maurizio Nannucci que dice: “Todo arte fue contemporáneo”. Una provocación que es verdad para casi cualquier artista, con la excepción de Anab Jain y Jon Ardern, fundadores de Superflux. Su proyecto opera estrictamente fuera de la contemporaneidad para producir recuerdos, reliquias, artefactos y espacios de un futuro que aún no ha sucedido, con la esperanza de que la experiencia nos haga cambiar de dirección. Una habilidad excepcional, y necesaria para corregir una inconveniente paradoja: el mundo que experimentamos es el resultado de las decisiones que tomamos hace décadas, y nos cuesta prevenir las consecuencias de nuestros actos que existen sólo en nuestra imaginación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado a la Tesorería General de la Seguridad Social a reconocer la antigüedad, con efecto retroactivo, de un policía nacional y abonar todas sus cuotas atrasadas entre 2019 y 2022. El fallo insta a la Administración a actuar “con lealtad” y acabar con el “peregrinaje” judicial de un ciudadano para que se vea reconocido un derecho que ya había ganado en una sentencia previa. La resolución podría beneficiar a cientos de agentes en similar situación.
