La investigación judicial por la estafa de la criptomoneda $Libra acorrala al presidente argentino, Javier Milei, quien la promocionó a través de sus redes sociales. Peritos judiciales encontraron en el teléfono del empresario Mauricio Novelli un presunto acuerdo por cinco millones de dólares por el apoyo de Milei al proyecto, según reveló este fin de semana El Destape. El documento se encontraba entre las notas de Novelli y había sido eliminado, pero los investigadores lo lograron recuperar. Aunque no hay pruebas por ahora de que el supuesto acuerdo fuese validado por el Gobierno, la cifra coincide con el volumen de transferencias a través de billeteras digitales detectadas por expertos informáticos.
Francia ha vuelto a las urnas este domingo, en un nuevo episodio de una larga y endemoniada secuencia electoral que comenzó en junio de 2024 con unos comicios legislativos que bloquearon el Parlamento. Las elecciones municipales de hoy no clarificarán definitivamente nada hasta la segunda vuelta, que se celebrará el 22 de marzo. Pero las primeras proyecciones basadas en sondeos —el escrutinio final se conocerá previsiblemente el lunes— muestran que la izquierda resiste en las tres grandes ciudades (París, Marsella y Lyon) y la ultraderecha del Reagrupamiento Nacional (RN) amplía notablemente su implantación local por toda Francia. Esa presencia en las ciudades era una carencia histórica del partido de Marine Le Pen, que busca solventar ahora a un año de las cruciales elecciones presidenciales de 2027.
Una veintena de multinacionales —entre las que figuran Google, Microsoft, Ikea, Coca-Cola, Amazon, Volvo y las españolas Iberdrola y Acciona— lanzan este lunes una declaración conjunta en la que respaldan el Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (conocido por sus siglas en inglés ETS) y defienden el “mantenimiento de la integridad” de esta herramienta, la más importante en la lucha contra el cambio climático que tiene la UE. Este posicionamiento claro llega en un momento en el que algunos gobiernos de los Veintisiete, con Italia a la cabeza, han pedido la suspensión del ETS. Al otro lado, en una posición similar a la de este grupo de empresas, están otros ocho países europeos, entre los que destaca España, que defienden este sistema al considerarlo “la piedra angular de la política climática de la UE”.