El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, ha asegurado este jueves que su país está “ganando de manera decisiva, y como nosotros queremos”, la guerra contra Irán. “Nuestros objetivos no han cambiado desde el primer día”, ha subrayado en un mensaje triunfalista mientras la guerra entra en una nueva fase, centrada en los ataques contra el sector petrolero -sus infraestructuras y su transporte-, y sin visos de fin. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha urgido a hallar “una salida” a la guerra en lugar de avanzar hacia una mayor escalada. Líderes de los Veintisiete como el francés Emmanuel Macron o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han pedido una desescalada de las hostilidades y una moratoria a la infraestructura civil. Las fuerzas armadas de Irán, sin embargo, han anunciado que las represalias por el ataque israelí del miércoles a Pars Sur, uno de los mayores yacimientos de gas del mundo, no han terminado, amenazando así con nuevos lanzamientos de misiles o drones contra refinerías o puertos como los efectuados en las últimas horas contra instalaciones en Qatar, Kuwait o Arabia Saudí. Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a justificar la guerra y ha dicho que confía en que los aliados encuentren una solución para reabrir el estrecho de Ormuz.
El empresario Julio Martínez Martínez, que fue detenido el pasado mes de diciembre en el marco de la investigación sobre Plus Ultra y que es amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un informe médico para no acudir el próximo 9 de abril a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que impulsa el PP. Esta era la tercera vez que el partido de Alberto Núñez-Feijóo trataba de formalizar una comparecencia con Martínez que nunca llegaba a materializarse porque el Ministerio del Interior alegaba que no encontraron al empresario que está siendo investigado en la Audiencia Nacional. “Estoy de baja médica e imposibilitado de acudir a dicha comisión”, ha alegado Martínez, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Hace tres días Javier Ortega Smith escribió una carta. El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid −está expulsado del partido, pero se niega a acatar esta decisión− envió estos cuatro folios al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). El CEN es el máximo órgano de la formación de Santiago Abascal, donde se toman las decisiones estratégicas y organizativas de mayor nivel: la cúpula.
El Ministerio de Sanidad prepara nuevas medidas legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante la “obstinada y recurrente desobediencia” en la que incurre al no crear un registro de objetores de conciencia del aborto, según confirman a EL PAÍS fuentes del departamento de Mónica García.
Atormentado en casa por los malos resultados para su partido en las encuestas para las elecciones de abril, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, busca munición en Bruselas para su campaña. El político nacionalpopulista está poniendo de nuevo en jaque a la UE al empeñarse en bloquear el préstamo europeo multimillonario para Ucrania, pese que en diciembre prometió dar vía libre a que el resto de Estados miembros lanzasen ese necesario salvavidas financiero. Este jueves, al llegar a un Consejo Europeo muy marcado por la turbulenta situación internacional, Orbán ha lanzado un ultimátum al presidente ucranio, Volodímir Zelenski y ha supeditado abrir la mano con esos fondos al restablecimiento del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que transita por una Ucrania bajo las bombas rusas y que, según Kiev fue dañado en uno de los bombardeos del Kremlin. “Si los húngaros no reciben el petróleo que nos pertenece, no apoyaré ninguna decisión en favor de Ucrania”, ha remarcado Orbán, que acusa a Zelenski de bloquear el tránsito de petróleo a propósito.
Profesores, trabajadores y personal de administración de la universidad pública vasca EHU (antes UPV/EHU) han recibido en los últimos días correos electrónicos enviados por estudiantes radicales con contenido amenazante, en los que exigen que se ponga “fin a la criminalización del movimiento estudiantil” y se proteja “el pensamiento crítico” y la defensa de “los derechos políticos en la universidad”. Los correos electrónicos han sido enviados desde cuentas que la universidad otorga a cada alumno, por lo que los remitentes están perfectamente identificados. El envío masivo de este escrito ha sido interpretado por sus destinatarios como un síntoma de “la deriva radical que está tomando la universidad vasca” desde que el nuevo rector, Joxerramon Bengoetxea, asumió el cargo en enero de 2025, según relata un catedrático que prefiere mantener oculto su nombre.
