Cualquiera que pise el barcelonés barrio de El Born por primera vez en dos décadas apenas sabrá orientarse. El trazado de las calles, que empezaron a formarse en el siglo XI, sigue siendo el mismo, pero si alguien tomara en cuenta los clásicos puntos de referencia, como bares, carnicerías u otros locales comerciales, andaría sumamente perdido porque mucho de todo aquello ya no está. Ese tsunami de cambios debidos al auge del turismo que bañó primero El Born ha terminado por afectar al resto de barrios colindantes: Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera. El Pony, un bar que abrió hace 20 años, vive hoy para contar su historia, que es también la de la transformación de un barrio a mano de las modas.
Más de una década después, el Estado aún mantiene abierto el rescate de Bankia. Retiene una participación del 18% en CaixaBank, que se fusionó con la antigua Caja Madrid en 2021, lo que le permite cobrar dividendos, embolsarse dinero por las recompras de acciones y aprovechar las subidas de la acción en un momento de bonanza para los bancos. Así, los emolumentos cobrados por el Estado desde 2014 en dividendos de CaixaBank y Bankia alcanzan ya los 3.400 millones de euros, de acuerdo a la memoria anual del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el vehículo a través del cual el Gobierno ejecutó el rescate.
Durante décadas, las horas invertidas en cualquier asunto ha marcado el negocio de la abogacía. La factura por los servicios de abogados se sustenta, en gran medida, en el tiempo que dedican a cada caso. Pero ese sistema ha comenzado a resquebrajarse con la irrupción de la inteligencia artificial (IA), capaz de realizar en minutos tareas que hasta ahora requerían horas de trabajo. Un reciente análisis de Deloitte Legal vaticina un cambio en la relación comercial de departamentos jurídicos de empresas y bufetes de abogados o proveedores externos: la facturación por horas irá perdiendo peso frente a la fijación de precios basados en el valor.
Donald Trump completó este viernes una tarea que dejó a medias el pasado 25 de abril, cuando un tipo llamado Cole Allen —con planes para, presuntamente, matarlo— trató de irrumpir a tiros en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
La guerra contra el crimen organizado ha acercado a Ecuador con Estados Unidos como nunca antes. Desde la llegada de Daniel Noboa al poder, ambos países han suscrito 67 compromisos bilaterales, el doble de los firmados durante los dos gobiernos anteriores, según el análisis recogido por el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos. La seguridad concentra la mayor parte de esa relación, convertida en el eje de la estrategia oficial tras la declaratoria del conflicto armado interno en enero de 2024 y reforzada con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Esa alianza, que el Gobierno presenta como indispensable para enfrentar al narcotráfico, enfrenta ahora un escrutinio inédito tras un informe de Human Rights Watch (HRW) que plantea interrogantes sobre el papel de Estados Unidos en ataques contra una finca en la Amazonia ecuatoriana y en tres incidentes contra embarcaciones pesqueras en el Pacífico.
