El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación han anunciado que más de 254 investigadores de todo el mundo se postularon a la última edición del programa Atrae, su apuesta para conducir talento consolidado y de reconocido prestigio internacional hacia España. De ellos, uno de cada tres solicitantes provenía de Estados Unidos. La cifra es inédita y se produce en un contexto marcado por el éxodo de investigadores estadounidenses, tras los intentos de control político que Donald Trump quiere ejercer sobre la ciencia en el país.
El pasado 17 de noviembre los nueve obispos españoles que componen la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal (CEE) acudieron al Vaticano a su primera reunión con León XIV, seis meses después de su elección, y el Papa les sorprendió al dejar claras sus prioridades e ir directo al grano: dijo que su mayor preocupación en este momento en España “es la ideología de ultraderecha”, según confirman a EL PAÍS dos fuentes conocedoras de lo sucedido en el encuentro. Durante la reunión, el Pontífice alertó a los prelados españoles del ascenso de estos grupos políticos y de cómo “buscan ganar el voto católico” e “instrumentalizar a la Iglesia”, según refieren las mismas fuentes. Este mensaje marca desde entonces la línea que el Papa desea que siga el episcopado español ante el discurso de partidos como Vox y grupos ultraconservadores contra la acogida y regularización de inmigrantes.
Un profundo cambio se está produciendo en la visión de las familias hacia el uso de la tecnología por parte de sus hijos. Los chavales de 10 a 15 años que menos disponían de móvil hace 10 años eran los más pobres, y ahora han pasado a ser los más ricos. Ambos grupos han intercambiado de forma casi exacta sus porcentajes. Entre las familias más acomodadas, de los cinco niveles en que el INE divide a los hogares españoles, con ingresos netos mensuales de 4.400 euros o más, la tasa de posesión de móvil se situó en 2025 en el 62%. En las familias más vulnerables, con ingresos inferiores a 1.400 euros, en el 68%. El grupo con más adolescentes con móvil es el de hogares con 2.200 a 3.100 euros de ingresos; lo tiene el 72%, diez puntos por encima de los de mayor renta.
El pasado miércoles, Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta (la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) declaró como testigo frente a un jurado del Tribunal Superior de Justicia del Condado de Los Ángeles (California). Lo que se juzga es si las redes sociales son productos que generan adicción y, en consecuencia, han causado daño a personas y familias. Es un caso diseñado para crear jurisprudencia, explícitamente inspirado en demandas similares contra la industria del tabaco —conocedora de los efectos nocivos de sus productos—, y que, si tiene éxito, puede suponer indemnizaciones milmillonarias y cambios sustantivos en cómo funcionan las redes sociales comerciales. Lo que ocurre estos días en esa sala californiana, por tanto, tiene trascendencia mundial.
Se trata de compartir. Y no sólo en los despachos intelectuales o en los pasillos de la política. Se trata de compartir la existencia y las necesidades de la gente. Debemos compartir el pan, el agua, las palabras en las conversaciones, los recuerdos, las inquietudes y la esperanza con la que respondemos a las dificultades de la vida. El verbo compartir invita a que la vida sea una convivencia, el desnudo un abrazo, las soledades una búsqueda de compañía y los secretos un deseo de claridad. Compartir supone repartir, distribuir, colaborar, y supone también hacer partícipe al otro de algo que es nuestro, porque comprendemos que el yo forma parte del nosotros. Necesitamos coincidir, ayudar, comulgar. No se trata de ser homogéneos, sino de reconocer lo común, de encontrarnos en los demás.
La izquierda —y la izquierda de la izquierda— debería detenerse a pensar. No en clave táctica sino estratégica. No en el próximo titular sino en la próxima generación. La juventud vive un malestar silencioso. Es, probablemente, la generación más formada de nuestra historia y, paradójicamente, una de las más castigadas: precariedad estructural, salarios que no permiten emanciparse, dependencia familiar prolongada, acceso casi imposible a una vivienda digna, dificultad para proyectar un futuro estable e incluso para plantearse la maternidad o la paternidad. Ante este escenario, la reunificación de siglas puede ser una maniobra electoral. Pero no basta. Los jóvenes no buscan carteles nuevos ni eslóganes rehechos; buscan soluciones tangibles y horizontes creíbles. Si la izquierda aspira a reconectar con esa mayoría desencantada, necesitará algo más que alianzas tácticas: necesitará consensos sólidos, liderazgo solvente y propuestas que transformen las condiciones materiales de vida. Sin eso, cualquier estrategia será solo cosmética.
Sobre los problemas que acechan al mundo rural, las instituciones tienen una larga lista de tareas pendientes. El Gobierno vasco ha añadido una más: los perjuicios provocados por la población de las ciudades que se muda a los pueblos y que se queja de los inconvenientes de convivir con el trabajo de agricultores y ganaderos. “En muchas zonas rurales, la actividad agraria ha pasado a ser residual. Incluso molesta, y estamos empezando a tener problemas derivados de las expectativas que cada ciudadano pone cuando va a residir a la zona rural”, ha declarado Amaia Barredo, consejera de Desarrollo Rural y Agricultura del Gobierno vasco, en referencia a quienes proceden de las ciudades.
El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de publicidad institucional que tendrá dos elementos centrales: por un lado, obligará a todos los medios, grandes y pequeños, a hacer pública su propiedad, para que los lectores, oyentes y espectadores puedan conocer quienes son sus dueños por si hubiera conflictos de intereses, y por otro prohibirá que ningún medio pueda tener del total de sus ingresos más de un 35% de publicidad institucional o dinero público. La norma, como adelantó El Confidencial y confirmó EL PAÍS, tiene previsto llegar al Consejo de Ministros este martes. En un primer momento el Gobierno se echó atrás con esta limitación, entonces se hablaba del 30%, ahora del 35%, pero ahora ha decidido recuperarla con modificaciones.
