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Fue quizá Susie Wiles la primera que lo entendió. La actual jefa de gabinete de Trump y directora de su tercera campaña electoral se dio cuenta de algo aparentemente contraintuitivo. En las dos primeras campañas electorales de Trump, en 2016 y en 2020, su equipo, asesores y allegados se la pasaban intentando contener su parte más impresentable, luchando para que inhibiera sus instintos y haciendo control de daños.
Sé cómo proteger lo que puedo ver. Cierro la puerta con llave. No dejo el móvil encima de una mesa en una terraza. Desconfío del desconocido que se acerca demasiado. Lo que no sé es cómo protegerme de lo que ya no está en mis manos. En las últimas semanas he recibido tres avisos de empresas distintas comunicándome que habían sufrido un ciberataque y que mis datos “podrían haberse visto comprometidos”. Tres correos con el mismo lenguaje insulso, la misma disculpa corporativa, el mismo vacío de consecuencias. Ahora, datos míos, que pueden ir desde mi nombre hasta mi numero de cuenta, están en manos de vete tú a saber. Y llegados aquí me pregunto: ¿quién responde? ¿Qué consecuencia real tiene para una empresa exponer los datos de miles de ciudadanos? Porque de momento, la respuesta parece ser: un comunicado, una disculpa y seguir adelante, ya que en principio se supone que no pasará nada. Eso no es suficiente.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, se quejó el pasado 19 de febrero en la cámara regional de que “jóvenes como Fran y Bea, jóvenes españoles, nacidos en Madrid, de padres españoles que trabajan y pagan impuestos para sostener Madrid” no vean nunca sus nombres en la lista de beneficiarios de vivienda pública. “Les voy a leer los nombres de algunas personas que sí se han llevado una vivienda pública en un municipio hace muy poquito en Madrid”, anunció. Y empezó a leer: “Kamal, Michael Dan, Peter Favio, Andrea Olguta, Monsef, Danitza, Hicham, Jasminka, Intisar, Nelson Moise, Walter, Hafida”. “Estas personas no tienen la culpa”, agregó, “de estar pasando por delante de Fran y Bea y de tantos españoles a la hora de acceder a una vivienda pública. Por cierto, también pasan por delante en las listas de espera en sanidad, en la guardería, en las ayudas directas a la maternidad o al alquiler. Los culpables son ustedes que promueven que Fran y Bea sean discriminados en su propio país para beneficiar a los que acaban de llegar”.
El caso Vivotecnia, que reveló el presunto maltrato animal que se llevaba a cabo en la sede madrileña de esta compañía de experimentación para medicamentos y cosmética, llega a juicio cinco años después. Un vídeo grabado por una exempleada y hecho público en 2021 por la ONG Cruelty Free Internacional (CFI) destapó las prácticas irregulares en esta empresa. En él se veía a un mono agarrado por todas las extremidades mientras lo manipulaban, inyecciones en los globos oculares de roedores sin sedación, marcas presuntamente innecesarias en los perros y conejos eutanasiados aparentemente sin las medidas que establece la ley, entre otras escenas macabras. Todo ello con comentarios como “cerda psicópata”, “como Hitler, pasajeros al tren” o “déjale, que se rompa la columna”.


La afirmación que Cataluña dejará de financiar las escuelas vinculadas al Opus Dei es una verdad a medias. El Departamento de Educación ha denegado el concierto a estos colegios en la etapa de primaria y ESO por separar niños y niñas en clase, algo que no permite la ley estatal educativa Lomloe. Pero las direcciones han encontrado el mecanismo para no perder toda la financiación pública: separar en centros diferentes la etapa de infantil, que tradicionalmente ha sido mixta, del resto de cursos, donde se aplica el modelo diferenciado. De esta forma han logrado que la Generalitat les conceda el concierto durante seis años.
Padre de familia se estrenó el siglo pasado. Era enero de 1999, el mismo año que empezaron Los Soprano, 7 vidas o Digimon. Pero, a diferencia del resto y como también sigue haciéndolo Mariska Hargitay en Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, los Griffin han seguido apareciendo casi ininterrumpidamente en los televisores de todo el mundo desde entonces. La serie no solo ha sobrevivido a una cancelación, sino que ha superado cualquier mal de la televisión tradicional y ha triunfado y crecido en la era de las plataformas.

Las comidas solían tener una estructura argumental, como una historia en tres actos que se desarrollaba sobre el mantel. Primero, segundo y postre. La dieta mediterránea se erigió sobre esta premisa; la gastronomía ganó en variedad con esta separación. Empezó como una moda, pero fue adquiriendo con los siglos el peso de la costumbre, hasta codificarse en el legado cultural. Sus orígenes se remontan a la España del siglo IX, pero después de más de un milenio como paradigma gastronómico, algo se empezó a quebrar en los últimos años. El menú de tres platos está muriendo. Los motivos son evidentes e irrevocables.
La Tertulia abrió sus puertas en Granada el 19 de abril de 1980. Nació como un bar —de copas, no de comida; el clásico pub de hace años—, pero sobre todo, como un espacio cultural. Un proyecto que venía soñado desde Suecia, donde su propietario, Horacio Tato Rébora, vivió un tiempo. Tato había llegado a Madrid desde Argentina huyendo de la dictadura del país americano en 1976. Estuvo unos meses, viajó por España, y se fue a Suecia, de donde volvió un par de años después. El éxito cultural fue inmediato y sigue hasta hoy; el negocio, el de la cervezas y licores de más rango, aguantó unas décadas, dando al empresario lo comido por lo servido pero en los últimos años ya no alcanza ni eso. Por ello, el 30 de mayo, La Tertulia, el lugar donde ha bebido y reído toda la intelectualidad que ha pisado la ciudad, echará la persiana 46 años después de aquel 19 de abril del 80.





Convertirse en propietario de una vivienda ha pasado a ser hoy un sueño inalcanzable para una parte significativa de la sociedad. No era así hace tanto. De hecho, la todavía legítima aspiración de muchos ciudadanos de comprarse una casa emana de una tradición propietaria que ha distinguido a la sociedad española de la de otros países del entorno, más propensas al alquiler. Los datos sirven para detallar con precisión esta aspiración ahora insatisfecha: entre 2008 y 2022, 14 años, los hogares que residen en una vivienda de su propiedad han caído más de diez puntos, hasta representar el 63,9% del total; lo que ha provocado, a su vez, que aquellos atados a un alquiler se hayan elevado hasta el 19,2% en este tiempo. Sin embargo, esta deslocalización de la propiedad no ha afectado a los propietarios que poseen también viviendas que alquilan a otros: han pasado de representar el 3,4% al 9,8% del total.

Falta de personal, caídas recurrentes, temperaturas en las habitaciones de más de 34 grados durante las olas de calor, residentes abandonados en las Urgencias del hospital, fallos en la supervisión de la alimentación, pocas actividades terapéuticas para los usuarios más dependientes: las quejas en la residencia de mayores Arabarren, de Vitoria, se acumulan desde su apertura hace tres años. “No se les da una atención digna”, se lee en un documento que han elaborado 18 familias de usuarios del centro tras un encuentro para denunciar su situación.