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Dos ciudadanos particulares han registrado la que constituye la primera petición de indulto a favor de Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo le condenara el pasado noviembre a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado y al pago de 17.200 euros ―entre multa e indemnización― por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio de Justicia, la ventanilla a la que deben dirigirse las peticiones de indulto, ya ha iniciado el trámite legal, instando al alto tribunal a que emita su informe, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La jueza del caso FP, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en obras de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid acometidas entre 2021 y 2023, ha estrechado el cerco alrededor del Ejecutivo regional al convocar a declarar como investigado a un exalto cargo autonómico. Se trata de José María Rodríguez Jiménez, que fuera Director General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial entre 2019 y 2023. También, como ha adelantado eldiario.es y ha confirmado EL PAÍS, han sido convocados como testigos los directores de siete centros en los que en la mayoría supuestamente se produjo el fraccionamiento ficticio de contratos y facturas (a través de contratos menores) para otorgar a dedo una docena de obras que deberían haber salido a concurso público por su millonaria cuantía. Se trata de la Escuela de Arte Alberto Corazón, IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias, que se unen así al centro de San Fernando.
El Juzgado de lo Contencioso 2 de Logroño ha dado la razón a la estudiante de Bachillerato Internacional del IES Sagasta, Eman Akram, a la que el centro ha prohibido llevar el velo islámico en clase. La sentencia deja claro que la medida vulnera “el derecho fundamental a la libertad religiosa” y obliga a indemnizar con 2.000 euros a esta alumna de 17 años por daños morales. Un fallo que estima de forma parcial la demanda de la alumna, que reclamaba una compensación económica de 45.000 euros, y contra el que cabe recurso.