La presencia en un programa de televisión de James Talarico —el prometedor joven demócrata que aspira a convertirse en senador por Texas, un Estado tradicionalmente republicano— ha derivado en un choque brutal entre la ABC —que emitía el talk show de la discordia, The View— y el Gobierno de Donald Trump. La cadena ha acusado este viernes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de atacar su derecho a la libertad de expresión, recogido en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Bienal de Venecia vivió este viernes una jornada sacudida por la huelga convocada contra la participación de Israel en la gran cita del arte contemporáneo, que forzó el cierre total o parcial de una veintena de pabellones nacionales. Entre ellos se encontraba el de España, que suspendió su inauguración oficial y acabó cerrando en un clima de confusión por el choque entre el equipo artístico, partidario de sumarse a la protesta, y los responsables institucionales del espacio, dependiente del Ministerio de Exteriores.
El Tribunal Supremo ha corregido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ha admitido que el infarto de miocardio que causó la muerte de una teletrabajadora con horario flexible en su domicilio fue un accidente laboral. El TSJM no consideró probado que la empleada estuviese en su jornada laboral en el momento en que se produjo el deceso, algo que sí considera demostrado el alto tribunal.
El Departamento de Defensa empezó este vienes a cumplir con la orden dada por el presidente Donald Trump de divulgar documentos en poder del Gobierno de Estados Unidos con información sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI; UAP son sus siglas en inglés). Esa primera desclasificación incluye decenas de documentos PDF, vídeos e imágenes “nunca vistas”, aunque ninguna revelación sensacional sobre la existencia de la vida extraterrestre. Mucho menos aún, pruebas concluyentes. Las autoridades han alojado esos archivos en una web del departamento, rebautizado por Trump y los suyos como “de Guerra”, pese a que carecen de la autorización del Congreso necesaria para renombrarlo.