Antonio Castillo Algarra ha manejado estos años los hilos de la educación y la cultura en Madrid como asesor externo de Isabel Díaz Ayuso. Ejercía el poder en la sombra a través de gente cercana a él que había colocado en el PP y el Gobierno de Madrid, como el último consejero de Educación, dos directores generales claves y tres diputados en la Asamblea. Al tiempo, esta posición de privilegio ha impulsado su carrera como dramaturgo. Según unos contratos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, su empresa, For the Fun of It, ha recibido más de 75.000 euros desde que Ayuso llegó a presidenta.
“Ayer salí de una guardia tremendamente complicada en la UCI neonatal en la que trabajo”, cuenta Artur, un neonatólogo que lleva siete años trabajando en la sanidad pública. “Con dos prematuros extremos de 500-600 gramos a los que costó más de 10 horas estabilizar, a las 14 horas de trabajo yo estaba realmente agotado. Me pasé las tres últimas horas de la guardia pensando en la necesidad de que alguien con mejor capacidad mental llegase ya para cogerme el relevo y poder estabilizarlos”.
La Comunidad de Madrid saca pecho de su nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, en una semana en la que le arrecian las críticas por la nula experiencia en el sector del equipo saliente, conformado por un grupo de treintañeros conocidos como Los Pocholos. Sin embargo, la nota de prensa enviada a los periodistas el lunes, día de su nombramiento, adorna su currículum para enfatizar una sólida carrera académica que no es tal, pues ha dedicado mucha parte de su vida a la política. Aun así, los rectores de las universidades madrileñas se sienten más cómodos con la exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias que con Emilio Viciana, su antecesor, porque ella conoce los conceptos básicos de la gestión universitaria en su calidad de doctora y eventual profesora.
Las universidades públicas madrileñas no tienen tiempo que perder, no. En un año en el que hay más estudiantes de Medicina matriculados en universidades privadas, pagando una media de 20.000 euros anuales, que en universidades públicas, el tiempo se agotó. Cuando Madrid sigue siendo la comunidad con el profesorado peor pagado, con tasas de temporalidad que doblan las del maltrecho sector hostelero, con las matrículas más altas, con menos becas por estudiante, que menos invierte en ciencia, que más talento expulsa, cuando todo eso ocurre en la comunidad más rica de España y en una de las más ricas de Europa, y cuando pese a esa asfixia una única universidad madrileña, la Complutense, produce más tesis doctorales que 46 universidades privadas, todas las de España, juntas, entonces se puede decir, sí, que el tiempo se ha acabado. Se acabó en realidad hace mucho tiempo, pero cristaliza hoy con la caída de una consejería casi al completo.
Un nuevo estudio de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), que verá la luz en el número de marzo de la revista Biological Conservation, revela un declive drástico de las dos especies de galápagos autóctonos del Parque Nacional de Doñana. Tres décadas de seguimiento muestran que la sobreexplotación del acuífero y la degradación de las lagunas han reducido entre un 57% y un 74% sus poblaciones, en lo que los científicos consideran un “riesgo real de extinción local” si no se toman medidas urgentes.
A la lingüista Emily M. Bender (Washington, 52 años) y la ingeniera, matemática y socióloga Alex Hanna (California del Sur, 40 años) les une un sentimiento mutuo: su “deseo de desinflar el bombo que se le está dando a la inteligencia artificial (IA)”. Así lo declaran en las primeras páginas de La estafa de la IA, que Paidós publica en España esta semana. El libro surgió como una respuesta a la continua exaltación de las capacidades y virtudes de la IA, a la que las autoras prefieren llamar “máquinas generadoras de contenidos sintéticos”.
En la buena dirección, pero pendiente de mejoras. Es el mensaje que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha transmitido al Gobierno regional (PP) sobre las garantías y salvaguardas que da a los 738.502 alumnos menores de edad, 43.2020 profesores y 2.676 centros escolares cuyos perfiles guarda la multinacional Google a través de su plataforma educativa virtual Workplace for Education. Durante cinco años el Ejecutivo andaluz ha vulnerado la protección de datos de los estudiantes no universitarios y docentes al incumplir el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD), por lo que recibió seis sanciones. Ahora prepara el terreno y diseña el nuevo convenio que firmará el próximo noviembre con el gigante tecnológico para evitar más reprimendas y cumplir la ley.
“Lo llaman democracia y no lo es”, rezaba uno de los lemas del 15-M. En torno a 2012, un estudiante llamado Andrés Villena Oliver quería realizar una tesis doctoral sobre aquel movimiento que llenó las plazas e impugnó el sistema, pero su director le “impuso” otro tema: las redes de poder en España.