Las consecuencias de la ofensiva insurgente que este sábado sacudió Malí siguen conociéndose con cuentagotas, pero de manera constante. Este domingo se ha confirmado la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, en el ataque a su residencia de Kati, cerca de la capital, Bamako. La información, adelantada por medios internacionales, también ha sido contrastada por este periódico y figura en un comunicado emitido, presuntamente, por el Gobierno del general Assimi Goïta, en el poder desde que dio un golpe de Estado en 2021.
La conflictividad ha aumentado en los centros educativos, al menos en parte de ellos, tanto en Cataluña, donde la Generalitat ha puesto en marcha un polémico plan piloto para desplegar de forma permanente agentes de los Mossos d’Esquadra en 13 institutos de secundaria especialmente conflictivos, como en el conjunto de España. “Los problemas han aumentado, no tiene sentido engañarse. ¿Por qué? Porque cada vez hay más pobreza. Tenemos alumnado que arrastra situaciones muy complicadas y que a veces explota en los centros. Los institutos son un reflejo de lo que es la sociedad, y hay barrios con mucha presión social”, afirma el exdirector de un centro de alta complejidad catalán, que pide que no se publique su nombre por el puesto que ocupa ahora.
Las muestras de que Brasil es un país brutalmente desigual son cotidianas. Esta misma semana quedó cruelmente expuesto. Mientras el porcentaje de familias brasileñas endeudadas bate un nuevo récord (el 80%) y entra con fuerza en el debate electoral, la reacción de una juez ante el temor de perder los extravagantes privilegios de la elite funcionarial ha causado estupefacción. Y escándalo. “Pronto no vamos a poder ni pagar las facturas”, se desahogó la magistrada durante una vista. Eva do Amaral Coelho, que es blanca, fue incluso más allá: “En breve, los jueces estaremos como esos funcionarios que trabajan en régimen de esclavitud”. La señora Coelho cobró en el mes pasado 91.211 reales entre salario y pluses (unos 18.000 dólares). Sus compatriotas lo saben gracias a las leyes de transparencia brasileñas.
Hay dos ojos que han condicionado la vida de los venezolanos durante más de dos décadas. Unos ojos simbólicos, que estuvieron en las fachadas, en las camisetas, en las escaleras de la ciudad. Eran los ojos de Hugo Chávez: una mirada diseñada para sugerir autoridad, vigilancia, omnipresencia. Una mirada que, incluso después de su muerte en 2013, seguía allí, como si el poder no necesitara ya cuerpo, solo presencia. Hoy esos ojos apenas se perciben en las calles de Caracas, la capital de Venezuela. Su rastro se ha ido borrando en las fachadas como se diluyó el aura que envolvió al chavismo. Ahora parece que hay otros ojos. Otra mirada que no está pintada en muros, pero que atraviesa decisiones, expectativas, miedos. Una presencia no física, pero igual de implacable: la de Donald Trump. El país que fue observado desde dentro ahora se siente observado desde fuera. Y en ese cruce de miradas, Venezuela sigue viviendo como siempre: mientras tanto.
Los carteles se amontonan uno encima del otro en los tablones que hay alrededor de la Plaça Major de Badia del Vallès (Barcelona, 13.000 habitantes). Los hay del No a la guerra, de citas célebres de autores literarios e incluso denuncias sociales. Pero los vecinos comentan uno que llama a la población a acudir el sábado delante del Ayuntamiento para participar en el rodaje de una película sobre el municipio. “¡Huy si hay para contar!“, dice Carmen. Solo el nacimiento de Badia ya es peculiar. El municipio fue proyectado en la década de 1960 en el Instituto de la Vivienda franquista como una zona exclusivamente de vivienda de protección oficial (VPO) que debía para solventar la crisis habitacional que sufría el área de Barcelona. La localidad, a unos 12 kilómetros de la capital catalana, acaba de festejar que hace medio siglo llegaron sus primeros vecinos. Esos 50 años, sin embargo, debían suponer otro hito. Badia debía haber dejado atrás el pasado 6 de febrero de 2026 su pasado de polígono de VPO al liberar las últimas 1.216 viviendas protegidas que quedaban tras un proceso de descalificación que arrancó en 2023. Pero un mes antes, la Generalitat decidió que esos pisos iban a seguir siendo protegidos —y, por tanto, sin posibilidad de venderse a precio de mercado— al hallarse en zona una tensionada por la crisis de la vivienda, lo cual ha puesto a los vecinos en pie de guerra.
Se hace de noche en Long Beach, la playa que bordea Georgetown, la capital de Isla de Ascensión. En la orilla, algo se mueve. Una masa oscura y enorme emerge del oleaje con una lentitud que parece deliberada. Es una hembra de tortuga verde (Chelonia mydas), que puede llegar a medir 1,3 metros y pesar más de 150 kilos de peso, y que acaba de cruzar 2.300 kilómetros de océano abierto desde las costas de Brasil. Ha tardado seis semanas. En el camino no ha comido nada. Está volviendo a la misma playa en la que nació. Y ahora tiene un trabajo que hacer.
La economía española afronta las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo en una situación más ventajosa de la que prevalece en otros países de su entorno. La inercia del ciclo expansivo, junto con la menor dependencia de los hidrocarburos, y un plus inesperado de turismo, garantizan un crecimiento del PIB relativamente vigoroso. Pero el propio dinamismo de la economía hace que el riesgo de inflación sea también mayor, y que el mix de políticas no deba coincidir con el que sería aconsejable en las otras grandes economías europeas.
El encarecimiento de las materias primas en los mercados internacionales empieza a trasladarse a la industria española. El índice de precios industriales elaborado por el INE se incrementó en marzo un 6,5%, quebrando la senda de estabilidad (en los doce meses anteriores, el indicador registró incluso un leve descenso, del 0,6%, en términos medios mensuales). Destaca la subida de los derivados de la energía y, en menor medida, de los metales basados en aluminio y de algunos productos químicos, afectados por la rarefacción del plástico y la escasez de hidrocarburos.