El destino de unos cuantos fridas, riveras y orozcos tiene en vilo a México, hasta el punto de convertirse casi en una cuestión de Estado. Desde el anuncio a principio de año de la cesión de la colección Gelman al Banco Santander, se ha despertado una formidable polvareda que ha forzado la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para intentar aclarar el embrollo. Parte del sector del arte mexicano acusa al Gobierno de trato de favor, opacidad y desprotección de una colección cuyo corazón está blindado por una estricta ley de patrimonio, que limita las salidas del país de las obras emblema, en un delicado equilibrio con los negocios privados. EL PAÍS ha seguido los pasos de los últimos movimientos del conjunto, valorado en 356 millones de dólares. Esta es la historia de cómo un movimiento millonario y habitual en el mercado del arte ha acabado convirtiéndose en un fenomenal enredo con tres protagonistas: el propietario mexicano, el banco español y el Gobierno, encargado de supervisar las obras protegidas. Incluido un préstamo por 150 millones de dólares concedido por el Santander al coleccionista mexicano, por el cual el acervo (156 obras) aparece como garantía del crédito.
Las consecuencias de la ofensiva insurgente que este sábado sacudió Malí siguen conociéndose con cuentagotas, pero de manera constante. Este domingo se ha confirmado la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, en el ataque a su residencia de Kati, cerca de la capital, Bamako. La información, adelantada por medios internacionales, también ha sido contrastada por este periódico y figura en un comunicado emitido, presuntamente, por el Gobierno del general Assimi Goïta, en el poder desde que dio un golpe de Estado en 2021.
La conflictividad ha aumentado en los centros educativos, al menos en parte de ellos, tanto en Cataluña, donde la Generalitat ha puesto en marcha un polémico plan piloto para desplegar de forma permanente agentes de los Mossos d’Esquadra en 13 institutos de secundaria especialmente conflictivos, como en el conjunto de España. “Los problemas han aumentado, no tiene sentido engañarse. ¿Por qué? Porque cada vez hay más pobreza. Tenemos alumnado que arrastra situaciones muy complicadas y que a veces explota en los centros. Los institutos son un reflejo de lo que es la sociedad, y hay barrios con mucha presión social”, afirma el exdirector de un centro de alta complejidad catalán, que pide que no se publique su nombre por el puesto que ocupa ahora.
Las muestras de que Brasil es un país brutalmente desigual son cotidianas. Esta misma semana quedó cruelmente expuesto. Mientras el porcentaje de familias brasileñas endeudadas bate un nuevo récord (el 80%) y entra con fuerza en el debate electoral, la reacción de una juez ante el temor de perder los extravagantes privilegios de la elite funcionarial ha causado estupefacción. Y escándalo. “Pronto no vamos a poder ni pagar las facturas”, se desahogó la magistrada durante una vista. Eva do Amaral Coelho, que es blanca, fue incluso más allá: “En breve, los jueces estaremos como esos funcionarios que trabajan en régimen de esclavitud”. La señora Coelho cobró en el mes pasado 91.211 reales entre salario y pluses (unos 18.000 dólares). Sus compatriotas lo saben gracias a las leyes de transparencia brasileñas.
